La organización gremial emitió un comunicado en donde respalda una reforma estructural del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público, conocido como Caja Fiscal. El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo, se encuentra actualmente en discusión en el Congreso Nacional.
La Cispy subraya que la situación financiera actual del sistema constituye un “problema estructural” que pone en riesgo la sostenibilidad de las finanzas del Estado paraguayo.
“El déficit creciente de la Caja Fiscal implica que recursos provenientes de los impuestos de todos los ciudadanos deban ser utilizados para cubrir desequilibrios previsionales, en detrimento de áreas prioritarias como la salud, la educación, la infraestructura y el desarrollo social, fundamentales para el crecimiento equitativo y sostenible del país”, mencionan en el documento socializado.
Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el saldo rojo acumulado de la Caja Fiscal cerró en US$ 380 millones en 2025 y alcanzó un acumulado de US$ 1.683 millones en la última década.
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Las proyecciones de la cartera económica indican que, sin implementar reformas, el déficit podría alcanzar los US$ 9.800 millones para los próximos diez años, lo que calificaron como “una trayectoria fiscal insostenible”.
Reforma como política de Estado
La Cámara sostiene que la reforma debe ser abordada como “una verdadera política de Estado”, fundamentada en criterios técnicos, actuariales, de equidad y de responsabilidad intergeneracional.
Recalca que, si bien es necesario garantizar el cumplimiento de los derechos adquiridos de los actuales beneficiarios, el objetivo primordial de la reforma debe ser asegurar la viabilidad futura del sistema.
En esa línea, el sector industrial sustentable argumenta que el desarrollo de Paraguay es inseparable de la sostenibilidad fiscal.
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Advierten que “postergar decisiones estructurales solo profundiza los desequilibrios y limita la capacidad del Estado de cumplir con sus funciones esenciales”.
La Cispy concluye el escrito con la ratificación de su respaldo a una reforma integral, transparente y consensuada. Según la organización, este proceso es clave para fortalecer la confianza institucional y garantizar un uso eficiente y justo de los recursos públicos, pensando en las generaciones presentes y futuras.