El Decreto Nº 5969, que reglamenta la Ley Nº 7617/2026 “Que establece la rectoría sobre el transporte terrestre y modifica y amplía disposiciones de la Ley N° 1590/2000”, introduce un cambio estructural en el sistema de transporte público metropolitano.
Entre sus principales innovaciones se encuentra la creación de las denominadas “unidades funcionales”, que serán la base de las futuras licitaciones del servicio.
La operación dejará atrás el esquema actual de líneas individuales para organizarse en unidades funcionales, es decir, conjuntos de rutas agrupadas bajo criterios técnicos.
Con este modelo, se prevé pasar de las actuales 36 líneas a aproximadamente 10 operadoras, además de incorporar la integración tarifaria, que permitirá a los usuarios realizar varios viajes con un solo pasaje dentro del sistema.
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¿Qué son las unidades funcionales?
Según el artículo 29 del decreto, las unidades funcionales se definen como agrupaciones de rutas estructuradas en función del nivel de interacción de los viajes diarios, las características territoriales y geográficas, la localización de actividades económicas y de servicios, así como la organización del área metropolitana.
El documento aclara que estas unidades no constituyen divisiones administrativas rígidas ni se limitan a trayectos específicos o a zonas preexistentes. Por el contrario, se trata de ámbitos operativos definidos de manera flexible y dinámica, que podrán ajustarse conforme evolucionen los patrones de movilidad, la expansión urbana y la oferta de transporte.
En síntesis, las unidades funcionales son las rutas de buses organizadas como un solo bloque operativo, definidos según cómo se mueve realmente la gente en la ciudad, y no por recorridos aislados. De acuerdo con los datos, este esquema permitirá ordenar mejor el servicio, facilitar las conexiones entre rutas y hacer más eficiente la operación del transporte público.
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Hasta el momento, el Viceministerio de Transporte (VMT), manejado por Emiliano Fernández, no dio a conocer cuál será la primera unidad funcional que prevé licitar en el segundo semestre de este año, aunque el proceso forma parte de la implementación inicial del nuevo modelo.
En esa línea, el artículo 30 establece que el Viceministerio de Transporte (VMT) revisará periódicamente estas unidades, considerando factores como la demanda de viajes, cambios en los servicios disponibles, nuevas infraestructuras viales o transformaciones en la actividad económica y social.
Para su definición, se analizarán aspectos como los flujos origen-destino, los patrones de viaje dentro de áreas urbanas específicas y los datos de la oferta del transporte público. También se tendrán en cuenta la red vial, las barreras físicas —como ríos o infraestructuras ferroviarias— y las dinámicas propias de cada zona.
Licitaciones más amplias: flota, infraestructura y servicios
El nuevo modelo no se limita a la “concesión de rutas o itinerarios”. El VMT también prevé licitar otros componentes clave del sistema, como la flota, la infraestructura, la operación y servicios complementarios.
Si bien se permitirá la participación del sector privado en la provisión de buses, el Estado podrá adquirir las unidades y ponerlas a disposición de los operadores. En ese marco, se priorizarán buses eléctricos y se establecerá un límite de antigüedad de hasta 15 años.
Asimismo, se licitarán patios, terminales y estaciones, además de servicios vinculados a la gestión tecnológica, fiscalización e inspección del sistema.
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En cuanto a los modelos de prestación, las licitaciones contemplarán la incorporación de tecnologías más limpias, como buses eléctricos, y exigirán sistemas de trazabilidad operativa y mecanismos de cobro electrónico interoperables.
El decreto también habilita la posibilidad de otorgar concesiones “a cuenta y riesgo del concesionario” para la provisión de infraestructura y otros servicios complementarios.
Planes de servicio y financiamiento: El sistema hoy mueve US$ 100 millones
Cada unidad funcional contará con un Plan de Servicio específico, que definirá la estructura de la red, las frecuencias, los horarios —incluyendo cobertura de 24 horas— y los indicadores de calidad que deberán cumplir los operadores.
El proceso de licitación estará a cargo del Viceministerio de Transporte, que deberá aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones (PBC) en cada convocatoria.
En cuanto al financiamiento, el sistema se sostendrá a través de un fideicomiso administrado por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), que se nutrirá de los ingresos del billetaje electrónico (pasaje que abona cada usuario) y de subsidios estatales, que actualmente mueve US$ 100 millones al año, de acuerdo con los datos. Este fondo será el encargado de pagar a los concesionarios y cubrir los costos que no sean cubiertos por el pasaje.
Como parte de la implementación, se prevé la adquisición de al menos 1.000 buses, en el marco de un proceso que apunta a modernizar y reorganizar integralmente el transporte público en el área metropolitana.