El Gobierno de Santiago Peña, a través de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), sigue adelante con la intención de aplicar nuevas reglas sobre las utilidades en reserva de las empresas.
“La DNIT no busca regular las utilidades en reserva, sino mejorar la transparencia y disponibilidad de información”, afirmó en conversación con ABC Color el titular de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, al referirse a la Resolución General DNIT N.º 49/2026.
La medida obliga a determinadas empresas a detallar en las notas de sus estados financieros el origen, composición y destino de las utilidades y reservas. Orué explicó que esta decisión responde al “fuerte crecimiento” de estas partidas en los últimos años y a la necesidad de contar con mejores herramientas de análisis económico y tributario.
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En cuanto al proyecto de ley, dijo que actualmente se encuentra en una fase de análisis técnico y no en desarrollo normativo formal, el cual fue compartido con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). “El análisis se centra en evaluar posibles ajustes al régimen del IDU, considerando la información proveniente de los estados financieros, el stock de utilidades retenidas y sus impactos fiscales”, sostuvo.
El funcionario afirmó que recién después de esa etapa se definirá si corresponde avanzar hacia una eventual reforma legal.
“No se crea un nuevo impuesto”
Uno de los principales cuestionamientos del sector privado gira en torno al temor de un aumento indirecto de la presión tributaria. Frente a eso, Orué sostuvo que “la RG 49 no crea un nuevo impuesto, no modifica tasas y no obliga a distribuir utilidades”, reafirmó.
Según explicó, la resolución tiene un alcance “informativo y de control”, orientado a mejorar la capacidad de fiscalización mediante cruces de datos y herramientas tecnológicas.
El director de la DNIT, sostuvo que el objetivo es construir una base de información homogénea antes de discutir medidas más profundas. “Lo que se está solicitando son informaciones adicionales que justifiquen el comportamiento que se observa dentro de los datos con que cuenta la DNIT”, señaló.
En ese contexto, el director refirió que las reuniones mantenidas con gremios empresariales y referentes económicos sirvieron principalmente para exponer los hallazgos técnicos sobre el comportamiento de las reservas en los últimos años.
Sin límites ni impuestos sobre reservas
Otro de los puntos que Orué buscó aclarar es que actualmente no existe ninguna intención de imponer límites al uso de reservas empresariales. “La normativa vigente no establece límites al uso de las reservas ni prevé la aplicación de impuestos sobre las mismas en el momento de su constitución o mantenimiento”, enfatizó.
Explicó que las reservas forman parte del patrimonio de las empresas y responden a decisiones de gestión interna, ya sea para capitalización, inversiones, cobertura de contingencias o fortalecimiento financiero.
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Desde el punto de vista tributario, recordó que el hecho generador del IDU sigue siendo únicamente la distribución efectiva de utilidades. “No se prevé una afectación a la planificación financiera de las empresas”, reiteró.
Capitalización: “círculo virtuoso”
En medio de la incertidumbre, algunas empresas comenzaron a capitalizar o distribuir utilidades de manera anticipada ante posibles cambios futuros. Orué consideró que esos movimientos pueden tener efectos positivos en la economía.
“La capitalización de reservas, si bien no genera una obligación tributaria inmediata, contribuye al fortalecimiento patrimonial de las empresas mediante la generación de activos productivos. Este proceso favorece la expansión de la actividad económica, impulsa la creación de empleo y mejora las perspectivas de rentabilidad para los accionistas”, refirió.
Y sostuvo, en este sentido, que la capitalización de utilidades se traduce en un “círculo virtuoso”, donde el fortalecimiento empresarial se convierte en un factor dinamizador de la economía, promoviendo mayores niveles de inversión, productividad y crecimiento sostenible.
Debate constitucional y diálogo con el sector privado
Consultado sobre las advertencias de algunos analistas respecto a eventuales conflictos constitucionales vinculados a la propiedad privada y la autonomía empresarial, el viceministro respondió que todavía no existe una propuesta normativa concreta que permita abrir ese debate.
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“Al no existir actualmente una disposición normativa formal, no corresponde afirmar que la misma genere conflictos de carácter constitucional”, sostuvo.
Orué insistió finalmente en que la prioridad de la DNIT es avanzar en espacios de diálogo técnico con los distintos sectores involucrados y construir cualquier eventual medida sobre “evidencia y criterios técnicos”.