Luego de haber sido designado nuevo viceministro de Transporte por el presidente Pedro Alliana apenas ayer, jueves, el panelista televisivo Hugo Vera Ojeda fue separado de ese cargo hoy y el Poder Ejecutivo anunció la designación del abogado Emigdio Wendell en su lugar.
La destitución de Vera Ojeda se produjo luego de la polémica generada esta mañana cuando dio una entrevista televisiva en la que no supo responder a preguntas básicas relacionadas al cargo al que fue designado, como cuál es el precio actual del pasaje del transporte público en el Área Metropolitana de Asunción o cuál es el porcentaje correspondiente a la tarifa técnica en el subsidio que el Estado otorga a las empresas privadas que gestionan el servicio de transporte público en la capital y sus alrededores.

Vera Ojeda había reemplazado en el Viceministerio de Transporte a Emiliano Fernández, cuya destitución fue un reclamo recurrente de gremios como el Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam).
“Queremos un nombre que sea transparente, honesto”
En conversación con ABC Cardinal este viernes, el presidente de Cetrapam, César Ruiz Díaz, dijo que su gremio no tiene preferencias “en nombre o en color político” para la persona que esté al frente del Viceministerio de Transporte.
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“Queremos un nombre que sea transparente, honesto, con metas y objetivos claros, y que esas metas y objetivos sean trazables”, dijo Ruiz Díaz, quien llamó también a la formación de “mesas técnicas amplias con participación del Gobierno, empresarios y sindicatos”, que además estén “abiertas a la prensa”.
Antes de su precoz separación del cargo, el exviceministro Vera insinuó en una entrevista ser favorable a eliminar los subsidios a las empresas de transporte.
Eliminar subsidios es “inaplicable”

Ruiz Díaz opinó que esa medida sería “inaplicable” porque significaría que la ciudadanía se vería obligada a pagar el valor “real” del pasaje.
“Hoy la sociedad no está preparada para pagar lo que cuesta el pasaje”, dijo.
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Opinó también que el muy publicitado proyecto de reforma del transporte público que anunció el fallido gobierno del expresidente Santiago Peña, que planteaba –entre otras cosas– que el Gobierno adquiera una flota propia de buses eléctricos cuya operación iba a ser licitada a empresas privadas, “murió por asfixia financiera”.