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El 23 de agosto pasado, el presidente Santiago Peña promulgó la a Ley N° 7158 que crea el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que fusiona el Ministerio de Hacienda (MH), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP).
Para titular del “supeministerio” había sido designado Carlos Fernández Valdovinos, quien entonces fungía como titular de Hacienda.
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La normativa fue tratada en el Congreso con un llamativo apuro. Había sido presentada como proyecto de ley el 12 de julio pasado ante la Cámara de Senadores, la cual -tras modificaciones aprobadas por diputados- había sancionado la normativa el 14 de agosto, sin un estudio minucioso como habían exigido los opositores.
Rechazo de opositores al Ministerio de Economía
La creación del MEF había generado un rechazo por parte de especialistas en economía y, especialmente, de legisladores de la oposición por el apuro del cartismo en ejecutarla, lo cual se prestaba a suspicacias, más aún -cuestionaban- considerando que entre los proyectista figuraba el senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC).
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Además de ello, los opositores resaltaron importantes cuestionamientos como:
- Se dota al nuevo ministerio de una amplia discrecionalidad para alterar la estructura creando nuevas dependencias
- Se prevé reglas excepcionales para desvinculación laboral anticipada. Señalan que esta atribución vulnera derechos laborales, en relación a lo dispuesto en la ley del Presupuesto General de la Nación (PGN)
- Se dispone la suerte de jubilación obligatoria para ciertos funcionarios
- El “superministro” dispone ejercer la representación legal del ministerio, pudiendo igualmente otorgar poderes generales y especiales. Esto es atribución exclusiva de la Procuraduría General de la República (PGR), conforme al artículo 246 de la Constitución Nacional.
El Gobierno, por su parte, justifica que la creación del “Superministerio” se enfoca en el diseño, planificación e implementación de las políticas públicas necesarias para mejorar la productividad de la economía a fin de impulsar la creación de más empleos y mayores ingresos que -a su vez- puedan mejorar la calidad de vida de los paraguayos.
La normativa fue parte de un paquete de leyes de reorganización estatal que el nuevo gobierno cartista había impulsado previo a la toma de mando de Peña.
Cuestionada Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones
Otra de las normativas impulsadas por el Gobierno cartista que había generado un importante rechazo de varios sectores es la Ley N° 7.325 que crea la Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones, promulgada el 14 de diciembre pasado.
La creación de este ente regulador fue cuestionada desde un principio por parte de centrales obreras, que aseguraban que con ella se permite el uso discrecional de los fondos de los jubilados y pensionados de ocho cajas.
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Pese a que habían cuestionamientos desde distintos sectores, la normativa que instala la Superintendencia de Jubilaciones fue tratada en el Congreso de forma acelerada. Esta ley fue presentada el 22 de noviembre pasado y fue sancionada el 13 de diciembre, tras la aprobación en 11 minutos, sin debate previo, por parte de la Cámara de Diputados.
Las ocho cajas jubilatorias que están a cargo de la Superintendencia de Jubilaciones son:
- El Instituto de Previsión Social (IPS).
- La Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
- La Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal.
- La Caja de Seguros Sociales de Empleados y Obreros Ferroviarios.
- El Fondo Paraguayo de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Binacional Itaipú.
- La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines.
- El Fondo de Jubilaciones y Pensiones para los Miembros del Poder Legislativo de la Nación.
- La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Economía y Finanzas.
Incidentes, heridos y detenciones tras protesta por jubilaciones
La creación de esta institución, además de cuestionamientos, había generado disturbios. Durante su estudio en el Congreso, a las afueras de la sede parlamentaria se desataron enfrentamientos entre la Policía y manifestantes, que derivaron en detenciones y personas hospitalizadas.
La ley incluso le había valido un escrache al presidente Peña. Al ingresar a un local gastronómico, ciudadanos le gritaron: “¡No se toca la jubilación!”. Este había respondido con un escueto: “Estoy cuidando”.
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En el vídeo que había compartido anunciando la promulgación de la ley, el mandatario justificó la creación de la Superintendencia de Jubilaciones. Afirmó que esta institución se encargará de controlar y supervisar los fondos de los trabajadores que hasta ahora eran administrados sin control.
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