El Tratado que asusta a los abusadores del medio ambiente

El Acuerdo de Escazú espanta a empresarios que explotan los recursos naturales, ya sea en cultivo, ganadería, minería o hasta en obras civiles (como construir un supermercado), ya que promueve la transparencia y el control del uso del medio ambiente. Tachándolo de anti propiedad privada y pro ideología de género, la UGP logró retrasar el estudio del Tratado en el Congreso con una campaña de desinformación que involucró al arzobispo de Asunción, Edmundo Valenzuela.

Paraguay saltó a la escena mundial como uno de los países donde más bosques son deforestados por los desmontes que se hacen en la zona del Chaco.
Paraguay saltó a la escena mundial como uno de los países donde más bosques son deforestados, por los desmontes que se hacen en la zona del Chaco.Archivo, ABC Color

El “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, más conocido como Acuerdo de Escazú, busca que los Estados partes se comprometan a poner a disposición de la población toda información pública ambiental. La polémica es que también incluye la información que está en manos privadas, pero que es relativa a los posibles riesgos y efectos en la salud y el medio ambiente.

De entrar en vigencia, cualquier persona podrá acceder de forma diligente (Art. 5 del Acuerdo) a datos como el impacto ambiental del matadero de mi barrio, las medidas de mitigación que se debe cumplir en la plantación de soja de mi vecino, o saber cuántos árboles autorizó el Instituto Forestal Nacional (Infona) que tumbe tal o cual ganadero.

Se puede acceder al texto del tratado en el siguiente enlace: Acuerdo de Escazú

Esta información (que no son solo números, ya puede ser también, por ejemplo, imágenes georreferenciadas) ayudará a verificar si existieron violaciones a las leyes ambientales, siempre y cuando se acceda de forma diligente y trasparente como establece el Acuerdo. Se espera que la transparencia convierta a los ciudadanos en contralores.

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Pero el presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo, envió al canciller Antonio Rivas Palacios una carta de oposición del sector a la ratificación. Llamativamente, en ella no está el principal cuestionamiento: la supuesta violación a la libre disponibilidad de la propiedad privada y de la misma libertad de emprendimientos, que en definitiva es la oposición a que el público acceda a información que afecte al negocio de los gremios si se da a conocer públicamente.

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Los árboles, la tierra, los arroyos, la basura, los desperdicios de la industria, el dióxido de carbono (CO2) que emiten las fábricas o el metano (CH4) que liberan las vacas, los lixiviados que se tratan o desembocan en los cauces hídricos, son propiedad privada. Sí, pero forman parte del medio ambiente “sano”o bien pueden afectarlo.

La propiedad está garantizada en el Art. 109 de la Constitución (Art. 109), como también establece el derecho de todos los habitantes de Paraguay a un ambiente saludable (Art. 7) y a la protección ambiental. El Art. 8 obliga a los que dañan al medio ambiente a recomponerlo e indemnizar a la sociedad.

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El temor de que la aplicación del Tratado afecte la agroganadería es una realidad. Que un ciudadano o una ONG descubra la violación de medidas ambientales para aumentar la producción del agro, el desmonte ilegal para un mayor hato ganadero, o la destrucción de humedales para levantar un edificio o un supermercado, preocupa a los inversionistas (aunque solamente sería en caso de que toleren lo ilícito).

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El Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), que promueve la transparencia y la protección ambiental, considera que la aplicación del acuerdo no frenará la producción del campo. Sino que le dará valor social y fomentará el desarrollo sostenible bajo los tres pilares: económico, social y ambiental, sostuvo a ABC Color su director ejecutivo, Ezequiel Santagada.

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Pero hay otro punto que asusta aún más a los que se dedican a actividades que dependen de los recursos naturales: la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales (Art. 7). Este es uno de los puntos que se relacionaron a las “oenegés pro-ideología de género”.

Imaginemos que toda la población de una compañía sea convocada a debatir sobre el proyecto de explotación de una cantera en su comunidad, poniendo a consideración el impacto ambiental y las medidas de mitigación propuestas. Hay antecedentes de asambleas ciudadanas públicas, por ejemplo cuando un supermercado gestiona la licencia ambiental para instalarse en un barrio, pero solo ocurren en casos polémicos.

Las audiencias públicas son hoy la excepción, no la regla, y el Acuerdo de Escazú propone que sea al revés. Pretende la participación activa de la sociedad en proyectos y actividades que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente. Al hablar de sociedad civil, toman protagonismo las asociaciones que defienden un medio ambiente sano, un derecho humano consagrado en la Constitución y en los tratados.

ONG proaborto

El arzobispo renunciante de Asunción, Edmundo Valenzuela, protagonizó un bochorno al ser un peón para desinformar sobre el Acuerdo de Escazú. El 29 de noviembre pasado instó a los católicos a oponerse al tratado porque promueve el aborto y la “ideología de género”, aunque dejó entrever que ni siquiera leyó el documento. Semanas después, reconoció que no tenía la información completa.

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Pero la campaña de desinformación de los empresarios surtió efectos. El presidente Mario Abdo Benítez retiró el texto que ya había remitido al Congreso a fines de mayo de 2019. Lo retiró a fin de socializarlo con distintos sectores que podrían ser afectados: básicamente los gremios del campo, de la producción y la Iglesia católica. El canciller Rivas adelantó que la postura del Gobierno es cumplir el compromiso y el Ejecutivo anunció que reenviará el proyecto de ley que aprueba el instrumento de protección ambiental.

ONG ambientalistas

La carta de la UGP sí cuestiona que el acuerdo vincula temas ambientales con derechos humanos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos. Es por el temor de que “puedan incidir en asuntos ambientales”, “bloqueen el uso de nuevas tecnologías de producción o incluso las inversiones en infraestructura”, dijo Héctor Cristaldo en la misiva.

El Tratado establece que el Estado debe garantizar “un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”(Art. 9).

No hay siquiera que entrar en organizaciones ambientalistas para entender esta necesidad. En agosto de 2018, dos guardabosques del Ministerio del Ambiente (Mades) fueron asesinados en la Reserva Natural Tapyta, en San Juan Nepomuceno. La Policía sostiene que los autores fueron cazadores furtivos.

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En ninguna parte del texto a ratificar habla de ONG que promuevan el aborto. El objetivo del Acuerdo en este aspecto es “prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir” en su labor de defensa del ecosistema.

El instrumento internacional busca recordar que la sociedad civil, organizada o no, tiene el derecho a involucrarse en la política ambiental, y eso está consagrado en la Constitución, no en el Acuerdo de Escazú.

Podemos ver el tratado como un limitante al derecho a la propiedad privada, o un medio para transparentar la explotación del medio ambiente y anteponer el interés general frente al interés particular.

En cualquiera de los casos, primero tenemos que empezar por leer qué dice el Acuerdo de Escazú:

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