Policía cuida a camioneros agresivos y no a la ciudadanía, señala abogado penalista

Casañas conversó este viernes con ABC Color sobre varios puntos, entre los que estuvo la protesta de camioneros que desde hace dos semanas se movilizan en todo el país en reclamo de un pago que ellos consideran justo para trabajar. En ese contexto, el lunes pasado llegaron hasta Asunción para presionar a fin de que el Congreso apruebe el proyecto de ley de fletes que fijaría sus ganancias en 25% sobre el costo operativo de cada trabajo.

El abogado penalista cuestionó la falta de prevención de la Policía y refirió que, antes que proteger a la ciudadanía de los atropellos cometidos por los camioneros, los uniformados los defienden y permiten que hagan lo que quieran.

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“Ellos (la Policía) les cuidan a los que están infringiendo la ley (…) La ciudadanía está abandonada respecto a los órganos que los deben proteger”, puntualizó Casañas Levi y dio como ejemplo el hecho de que los camioneros estacionan en sitios que no corresponden, como la Costanera de Asunción. Indicó que si esto lo hacía un ciudadano, la PMT de la Capital ya lo iba a multar y encepar.

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En otro momento, también recordó que los manifestantes ofrecen su “hoja de ruta” y anuncian sus movilizaciones con tiempo, pero la Policía, aun sabiendo esto, no actúa para prevenir lo que eventualmente constituye una violación de los derechos de las personas. “Hay una omisión muy evidente de parte de la Policía. Hay atropellos a derechos constitucionales que no tendrían que darse”, refirió.

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Casañas también apuntó hacia la Fiscalía, pero alivianó la responsabilidad del Ministerio Público porque consideró que, en este caso, la Policía es la que debe hacer el trabajo de prevención. “Los fiscales tendrían que hacer una investigación, pero eso es en el caso en donde no tengas una herramienta para prevenir, pero, ¿por qué la Policía no impide lo que está pasando?”, se cuestionó.

Ayer, varios gremios de producción industrial presentaron denuncia penal en contra de los camioneros. Los denunciaron por amenazas, extorsión y actos de violencia contra choferes que no se pliegan al paro.

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La situación ya afecta a la cadena de provisión de insumos básicos como la leche y otros alimentos de primera necesidad. El proyecto de ley fue aprobado ayer de forma general por el Senado. Los camioneros, que actúan con amenazas, indicaron que no dejarán la Capital hasta que se apruebe el documento en el Parlamento.

Ciudadano asesinado por policía

Sobre el hombre que murió asesinado por el disparo de un policía durante una persecución en que la víctima nada tenía que ver, hecho sucedido el pasado miércoles en Ciudad del Este, Casañas Levi manifestó que podría plantearse la figura de “temeridad” y, en consecuencia, el agente debe ser procesado por dolo eventual.

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El agente policial Ariel Sanabria Ortiz fue imputado por homicidio doloso y omisión de auxilio por el fiscal Luis Trinidad, al ser sindicado como el autor del disparo que mató a Osvaldo Barrios, un joven de 29 años que estaba sentado frente a un taller con su hija y un amigo cuando sucedió el hecho. Trinidad pidió que el uniformado guarde prisión preventiva.

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“Mínimamente es negligencia. (El policía) tiene responsabilidad por homicidio imprudente, eso es lógico. Puede ser (dolo eventual) en el caso de que la conducta del oficial sea temeraria; si le persigue en una feria, en un shopping, ahí sí es una conducta temeraria y la temeridad, en la doctrina penal, configura dolo eventual”, expresó el abogado, al tiempo de plantear que el uniformado, sabiendo del peligro y la cantidad de gente en el lugar a esa hora, igualmente efectuó los disparos.

Pide acción de Fiscalía contra Covax

José Casañas Levi lamentó que la Fiscalía no actúe para investigar qué sucedió con el contrato con el mecanismo Covax, que no se cumple en cuanto a la provisión de vacunas que debe recibir nuestro país.

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“Resulta preocupante y molesto que no haya una acción fuerte del Ministerio Público. Una cosa es condenar anticipadamente a alguien por un hecho irregular, pero otra cosa es que no se abra investigación”, sostuvo al respecto el abogado.

En cuanto a las posibles acciones penales, recordó que hay varios caminos que se pueden tomar, pero que debe haber un consenso sobre los alcances que tiene la falta de provisión de los biológicos, más aún considerando los decesos por el COVID-19.

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“Preocupa que, habiendo muerto personas en Paraguay a raíz de un comportamiento que puede ser penalmente relevante, no haya un tipo de investigación. Eso es un aspecto que me resulta desagradable (…) Hay temas patrimoniales que tienen que ver con perjuicio al Estado y hay que construir la relación causal de las conductas con las muertes”, finalizó.