Gobernación de Central utiliza “contratos genéricos” para realizar sospechosas transferencias

AREGUÁ. El gobernador de Central fue imputado junto a otras 14 personas por lesión de confianza, asociación criminal y otros hechos, en el marco de la investigación de la ejecución de G. 6.382 millones (US$ 1.000.000) fondo de emergencia sanitaria por covid-19. Ahora nuevamente se ve involucrado en otro hecho donde se volvió a transferir a una nueva ONG, G. 5.185 millones, en su solo día. La Gobernación celebró contratos para “proyectos genéricos” sostienen los fiscales.

Mejoras en la plaza Santa Ana de San Lorenzo se habrían pagado con otro rubro.
Mejoras en la plaza Santa Ana de San Lorenzo se habrían pagado con otro rubro.

Esta observación también forma parte de una de las causales del pedido de intervención de la administración de Hugo Javier, planteada por la Junta Departamental de Central. El petitorio ya se encuentra en la Cámara de Diputados, donde una comisión especial que se conformó ayer miércoles tiene 15 días hábiles de tiempo para avanzar o no con el pedido.

Los fiscales Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera y Luis Said, ahora recusados, fueron designados para la investigación de la ejecución de US$ 1.000.000, fondo de emergencia sanitaria por covid-19, que el Poder Ejecutivo otorgó a la Gobernación de Central en diciembre de 2020, para la reactivación económica en el departamento Central durante la pandemia. Pero, en la rendición de cuentas fueron halladas facturas clonadas entre otras anomalías.

En la causa, los agentes mencionados imputaron el 1 de noviembre al gobernador Hugo Javier González, al presidente de la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), Tadeo Álvarez, que recibió G. 5.105 millones, y a otras 13 personas, por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.

En el acta de imputación se especifica que la administración de Hugo Javier celebró contratos genéricos que no permiten visualizar detalles específicos de los “proyectos concretos que justifiquen la erogación”, dice el documento.

“Para ser más específicos, las sumas desembolsadas se dieron presuntamente en el marco de dos proyectos genéricos presentados por los representantes de la Fundación CIAP: construcción y mantenimiento de espacios públicos en el Departamento Central, por un presupuesto de Gs. 3.063. 360.000 y pavimentación asfáltica empedrado en el Departamento Central, con un presupuesto de Gs. 2.042.240.000″, dice la imputación.

Se agrega en el documento que “vale la pena aclarar que en ambos proyectos, aparentemente, no detallaban las obras específicas a ejecutarse sino solo el monto solicitado por cada proyecto genérico. Tampoco establecían los lugares precisos donde se llevarían a cabo los trabajos (…). Ni contenían los presupuestos de los proyectos, el plan financiero, cronograma de ejecución delas obras, planificación de algún tipo o algún otro detalle que pudiera servir para identificar qué es lo que se iba a hacer”, afirman los agentes de la causa.

Cabe resaltar que ambos proyectos genéricos fueron celebrados entre Hugo Javier González y Tadeo Álvarez en el marco de un “Convenio de cooperación interinstitucional entre la Gobernación de Central y los municipios del Departamento de Central, y no se mencionaban en ninguno de sus párrafos la emergencia sanitaria del covid-19 dentro del cual fueron, aparentemente, brindados los recurso”.

Un agravante del caso es que la ONG CIAP no está habilitada para la ejecución de proyectos de infraestructura, según lo establecido en su estatuto social que no sufrió modificaciones en los últimos años. La fundación se creó en 2016 para la formación de profesionales en varias disciplinas y la realización de charlas.

Nueva sospechosa transferencia

La fiscala Natalia Fuster, de Delitos Económicos, investiga un nuevo hecho de supuesta corrupción que involucra otra vez a la Gobernación de Central.

La institución departamental transfirió el 30 de septiembre de este año, G. 5.185 millones para obras “de carácter social”, a una nueva ONG llamada Asociación Tekove Servicios de Acción Social, de Limpio. El lunes último, Fuster allanó la oficina de Tekove, presidida por Nicolás Rivas Bogado.

La agente del Ministerio Público describió a la empresa como “una pieza, con un armario y nueve biblioratos”. Durante el procedimiento fiscal no se encontraron documentos que respaldan la ejecución de las obras que el responsable alegó en su defensa para justificar la transferencia, dijo Fuster.

En este caso, la fiscala Fuster también alega que los convenios celebrados con la Gobernación son muy genéricos, no especifican lugares para la ejecución. A su vez, Tekove, vincula a comisiones vecinales y en algunos casos, a las municipalidades.

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