Juegos de azar: proyecto de ley restará recursos a la Diben, denuncian

El proyecto de ley de regulación de juegos de azar, que pretende convertir la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) en Dirección Nacional de Juegos de Azar (Dinajzar), prevé utilizar el 20% de su recaudación para sostener la estructura, aseguró la presidenta de Apoja. De esta manera, restará dinero destinado a la Diben para para asistencia social, denunció.

Los empresarios de juegos de azar cuestionan la falta de inclusión en la nueva legislación de juegos de azar.
Los empresarios de juegos de azar cuestionan la falta de inclusión en la nueva legislación de juegos de azar.

La presidenta de la Asociación de Paraguaya de Operadores de Juegos de Azar (Apoja), Lorena Rojas, informó a ABC que el proyecto de ley de regulación de juegos de azar del presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), José Antonio Ortiz Báez, que pretende convertir el organismo en una Dirección Nacional de Juegos de Azar (Dinajzar) propone obtener el 20% de su recaudación mensual para sus recursos, y el resto será distribuido a municipios, gobernaciones y la Dirección Nacional de Beneficencia Social (Diben) con un nuevo sistema de cálculo. “El proyecto de ley de Ortiz no sólo no tiene criterios técnicos que lo sustenten, también implica una disminución de recursos para la Diben”, dijo.

Añadió que la recaudación mensual de la comisión es de G. 12.000 millones y la distribución actual es 30% para municipios; 30% gobiernaciones; 30% a la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben) y 10% al Tesoro Nacional. Cabe recordar todos los juego autorizados y regulados por la Conajzar deben pagar cánon y estos son casinos, loterías, rifas, bingo, quiniela, combinaciones aleatorias o chance, juegos electrónicos de azar, apuestas deportivas, carreras de caballos y telebingo.

Entre las concesionarias que más aportan están la quiniela, a cargo de Technologies Development Of Paraguay SA (TDP), del expresidente Juan Carlos Wasmosy, y el de apuestas deportivas, Daruma Sam SA, cuyo nombre de fantasía es Apostala, cuyos accionistas son Carlo Giuseppe Espinoza Vega y Carlos Manuel Lugo Garcet. Ambos juegos mueven un negocio de US$ 127 millones y US$ 15 millones anuales, respectivamente, conforme con reportes oficiales.

En la ultima sesión de la Cámara de Diputados, los legisladores por una ajustada mayoría pospusieron el tratamiento de este proyecto por 8 días. El tema se había tratado como moción de preferencia a pedido del diputado Basilio “Bachi” Núñez, quien no dio declaraciones a ABC referente a la premura por tratar el tema en plenaria.

La iniciativa data del 2019, junto a otra propuesta planteada por el expresidente de Conajzar Javier Balbuena. Ambas propuestas serán unificadas y se socializará este martes 14 de diciembre en una audiencia pública convocada por la comisión de Asuntos Constitucionales, luego de sendas críticas de la falta de debate e inclusión del sector privado.

Por otra parte, Rojas cuestionó otro aspecto propuesto en el proyecto de ley y es lo relacionado a la competencia de los municipios. Precisó que reconocería la autonomía pero bajo los términos establecidos por Dinajzar. “Será la Dinajzar la que establezca los parámetros para que determinadas máquinas operen o no, y podrá establecer exigencias que no cumplan los inversionistas menores del mercado”, dijo.

Añadió que todo este plan se ideó a espaldas del sector privado, sin criterios técnicos que fomenten la industria del juego responsable ni atención sanitaria de los jugadores. “Vemos que este proyecto discrecional, monopólico selectivo y oscuro”, recalcó.

Sólo beneficia a quiniela y apuestas deportivas

Carlos Ríos, empresario del rubro de juego de azar, aseguró que el proyecto de ley de regulación de juegos de azar que centraliza el control del rubro en una institución tiene fin comercial y que sólo beneficia a la quiniela y las apuestas deportivas. Lamentó que se excluya de la discusión al sector privado.

Ríos observó que sólo atiende intereses comerciales de la quiniela, que mantiene su monopolio, y el de apuestas deportivas, que aumenta de uno hasta tres concesionarias. “¿Cuál es el criterio para mantener el monopolio con uno pero con el otro no, que introduce nuevas empresas?”, se preguntó. Indicó que nunca los proyectistas les respondieron este y otros detalles siquiera a ellos que son los principales afectados como inversionistas del rubro de juegos de azar.

Por su parte, según nuestras publicaciones, los quinieleros realizaron una serie de denuncias de las condiciones laborales en que trabajan, son obligados a renunciar a derechos laborales y reponer lo recaudado en caso de robos o asaltos, además de dificultados con las máquinas POS para eliminar apuestas. Se intentó conocer la versión de la empresa al respecto pero la gerente de la firma, Gloria Rodríguez, no respondió ninguno de los reiterados pedidos de entrevista.

Con relación al proyecto de ley, Alicia Gutiérrez, representante de los quinieleros, cuestionó la falta de apertura para la competencia y que dispone el aumento hasta cinco cifras para las apuestas de la quiniela. Destacó que eso sólo beneficia a la empresa para otorgar menos premios y aumentar su recaudación.

¿A quién beneficia la “desmonopolización” de apuestas deportivas?

ABC intentó conversar con alguno de los proyectistas al respecto pero el presidente de Conajzar no respondió, tampoco el diputado Núñez ni su colega Justo Zacarías Irún, quien fue integrante de la comisión reguladora durante el Gobierno de Horacio Cartes.

Sin embargo, en este contexto se encuentran procesadas por explotación ilegal de apuestas deportivas las siguientes personas: Carmen Carolina Duarte y Gerardo Bermúdez Areola de la empresa Montego Trading, cuyo nombre de fantasía es Crown City Betsy, y Nicolás Emiliano Enjamio, de nacionalidad argentina, de la firma Enfield SA (Apostamina Bet), firma vinculada con Leonardo Peiti, empresario argentino que confesó pago de coimas para mantener el esquema de juego ilegal en su país. Hasta el momento, no se constataron registros de que las autoridades locales investiguen si el empresario extranjero aplica un esquema similar en el país.

En noviembre pasado debía desarrollarse la audiencia preliminar de los procesados pero fueron suspendidas en dos ocasiones. La denuncia data del 2018 y, conforme se pudo saber, las firmas siguen en el rubro de apuestas deportivas con permisos provisorios pese a que la normativa establece el monopolio. Se intentó confirmar la información pero el presidente de Conajzar no respondió los pedidos de entrevista ni responde informes de Acceso Información Pública (AIP), alegando que los documentos “se encuentran a disposición en la oficina” pero no proporciona los mismos como lo obliga la Ley N° 5282.

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