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Los abogados Cristóbal Cáceres Frutos, Víctor Dante Gulino y Álvaro Cáceres Alsina, quienes ejercen indistintamente la defensa de los senadores colorados cartistas Erico Galeano, imputado por lavado de dinero y asociación criminal, y de Hernán David Rivas Román, encausado por producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, plantearon acciones ante el Poder Judicial.
En el caso de Erico Galeano, los abogados plantearon una excepción de falta de acción del Ministerio Público, teniendo en cuenta que desde el pasado 4 de abril del corriente año, al procesado en una arista de A Ultranza la Cámara de Senadores le “restituyó” sus fueros parlamentarios, por lo que consideran que existe un impedimento legal para proseguir con la causa penal.
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En ese mismo sentido, los defensores de Galeano solicitaron al juez penal de garantías Especializado en Crimen Organizado Osmar David Legal Troche que ordene el archivamiento de los autos y levantamiento de todas las medidas cautelares que actualmente pesan sobre el legislador, la inhibición de vender o gravar bienes y su libertad ambulatoria.
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Este lunes también el fiscal que lo imputó, Silvio Corbeta, solicitó al citado magistrado que emita su postura jurisdiccional ante lo acontecido en la Cámara Alta. El agente del Ministerio Público consideró que esta situación “paraliza” el desarrollo normal del proceso penal y, teniendo en cuenta los preceptos de la Constitución Nacional las acciones dictadas en la Resolución N° 502 son nulas.
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Piden desestimar causa contra Hernán Rivas
En el caso del legislador Hernán Rivas, los abogados Cristóbal Cáceres Frutos, Víctor Dante Gulino y Álvaro Cáceres Alsina solicitaron al juez penal de garantías Miguel Palacios la desestimación de la denuncia penal formulada en contra de Rivas por la existencia de un obstáculo legal para el desarrollo del procedimiento y en consecuencia, que ordene el archivamiento de las actuaciones judiciales.
Los defensores de Rivas señalaron en su escrito presentado que según la Resolución N° 502 de la Cámara de Senadores, se resolvió dejar sin efecto el desafuero resuelto el pasado 15 de febrero, por lo que existe un obstáculo legal para el desarrollo del procedimiento.
“La inmunidad que tienen los miembros del Congreso y los fueros que poseen, constituyen una disposición y una garantía de orden constitucional que debe ser respetada”, agregaron.
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Más adelante indicaron que “la inmunidad que tiene actualmente el senador Hernán Rivas, por la restitución de sus fueros, impide iniciar la presente causa, careciendo en consecuencia de acción el Ministerio Público para iniciarla o proseguirla”. En ese contexto recordaron que si bien existe un acta de imputación, su admisión no está firme aún pues habían accionado contra esta y, en el estado actual en el que está la causa el Tribunal de Apelación ya no tiene competencia para pronunciarse al respecto.
La representante del Ministerio Público, Patricia Sánchez, elevó un petitorio al Tribunal de Apelación, Segunda Sala, en lo Penal de modo que los integrantes del mismo se expidan respecto a la situación procesal de Hernán Rivas con relación a lo resuelto por la Cámara de Senadores, para arrojar luz al proceso. Añadió la fiscala que este hecho no tiene precedentes y es contrario al ordenamiento constitucional.
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Erico Galeano y su vínculo con el presunto narco Sebastián Marset, en A Ultranza
La imputación contra el parlamentario colorado Erico Galeano, quien fue desaforado el 25 de julio de 2023, es por su presunta complicidad con el grupo dedicado al tráfico de cocaína que fue desbaratado con el operativo “A Ultranza Py”. El escrito refiere que la investigación se inició con el allanamiento realizado el 26 de marzo de 2022 en el marco de la pesquisa contra Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico.
La hipótesis del Ministerio Público señala que la sospecha sobre Erico Galeano es por la conducta que habría concretado a través de la recepción en efectivo de la suma de US$ 1.000.000 por la compraventa de un inmueble de su propiedad situada en el complejo Aqua Village, el 14 de octubre de 2020, de parte de Hugo Manuel González Ramos, presunto miembro del grupo liderado por el supuesto narcotraficante Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico.
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El Ministerio Público señala también que Galeano proveyó su aeronave al grupo criminal para que sus integrantes puedan trasladarse en vuelos locales y, de esa manera, concretar el envío de cargas de cocaína a países de Europa.
La imputación resalta que, a cambio del préstamo de la aeronave, Erico Galeano habría recibido sumas de dinero provenientes del tráfico de cocaína, las cuales habría insertado dentro del sistema financiero y económico nacional mediante la modalidad de préstamo y cancelación anticipada, o bien, a través de compras de bienes (muebles e inmuebles) adquiridos entre los años 2020 y 2021.
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Según la documentación presentada por los fiscales Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak, los supuestos “capos narco” utilizaron la aeronave en unas cinco ocasiones, entre el 24 de noviembre y 30 de diciembre de 2020. Uno de los viajes está bien especificado y tuvo como destino la ciudad fronteriza de Saltos del Guairá, ubicada en el departamento de Canindeyú. Entonces, viajaron Sebastián Marset, Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán Galeano, Jorge Giménez Bogado y Alexis Vidal González, todos procesados por supuestamente ser integrantes de la red criminal.
Llamativamente, tras el inicio de la operación, Galeano y sus empresas comenzaron a despojarse de los bienes, entre ellos casualmente la aeronave Beechcraft, modelo B58, del año 1989, que habría utilizado la presunta banda criminal. Fue así que exactamente cinco meses después de A Ultranza Py, específicamente el 12 de junio de 2022, Erico concretó la transferencia a la empresa Grupo Capital SA, cuyo principal accionista y representante legal es Guillermo Del Puerto Moreno.
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Hernán Rivas habría usado título falso de abogado
El 15 de febrero, la Cámara de Senadores retiró sus fueros al legislador Hernán David Rivas Román. Con 37 votos a favor del desafuero y 8 ausentes, se definió el panorama del cartista. El resultado de este procedimiento administrativo fue comunicado después al juez penal de garantías Miguel Palacios, quien transmitió a la Cámara el pedido de la fiscala Patricia Sánchez.
El acta de imputación sostiene que no existe ningún documento académico que sustente la veracidad de que el imputado haya cursado la carrera de derecho en la Universidad Sudamericana.
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El 6 de julio de 2023, Rivas habría utilizado la matrícula de abogado, juntamente con los otros documentos que acreditarían su formación académica, para que sea elegido como representante de la Cámara de Senadores ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Lo mismo ocurrió en junio del 2020, cuando Rivas estaba en la Cámara Baja.
De esa manera, a Rivas se le fue permitido acceder a la dignidad de juez de jueces, sin presumiblemente contar con la aptitud académica que la Constitución Nacional exige a quienes conformarán el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.