El Gobierno tiene una deuda de US$ 110 millones con las empresas proveedoras del programa Hambre Cero, a pesar de ser el proyecto estrella de la gestión de Santiago Peña.
Aunque el Gobierno ya se comprometió a regularizar los pagos, hasta ahora solo se abonaron unos US$ 30 millones, y pone en jaque la continuidad del servicio de alimentación escolar.
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Según Víctor Mendoza, representante de la Cámara de Alimentación Escolar del Paraguay, la deuda se reparte entre las gobernaciones, con US$ 75 millones, y el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), con US$ 35 millones.
Denuncian que no se cumplieron los compromisos
Mendoza recordó que en noviembre el Gobierno se había comprometido a reducir una deuda que entonces alcanzaba los US$ 150 millones. Si bien se logró pagar una parte, el saldo pendiente sigue siendo alto.
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“En diciembre se prometió cancelar al menos el 50% del total. Eso se cumplió parcialmente en el MDS, pero no en las gobernaciones, que hoy concentran la mayor parte de la deuda”, afirmó.
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Según denuncian, se acumulan retrasos de tres a cuatro meses en los cobros. Hay empresas que aún esperan pagos de septiembre, además de octubre, noviembre y diciembre.
Esta situación obligó a varias firmas a endeudarse para poder cumplir con salarios y aguinaldos del personal, según reportaron. “Tuvimos que recurrir a préstamos del sistema financiero para pagar sueldos. Hoy nuestras deudas son con proveedores y con los bancos”, explicó Mendoza.
Existe riesgo para el inicio de clases
El sector advirtió que, si los pagos no se regularizan antes del 23 de febrero, fecha prevista para el inicio de clases, podría verse afectada la provisión del servicio.
“El compromiso expreso del Gobierno es cancelar la deuda antes del arranque del año lectivo. Confiamos en que así será, pero la preocupación es real”, señaló.
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Actualmente, 26 empresas forman parte del esquema de alimentación escolar en todo el país, y todas están afectadas por los atrasos.
Mendoza reconoció que existe inquietud sobre una posible repetición de deudas en el 2026. Según indicó, el Ejecutivo argumentó que en 2025 hubo gastos extraordinarios no previstos, que presionaron el presupuesto.
“Esperamos que en 2026 los pagos se hagan en tiempo y forma. Pero hoy lo urgente es honrar lo adeudado”, remarcó.