Mientras miles de paraguayos madrugan frente a una ventanilla para escuchar que “no hay turno” o “no hay medicamentos”, la estructura administrativa del Instituto de Previsión Social (IPS) parece funcionar bajo una lógica distinta: la del beneficio propio. Un informe de la Contraloría General de la República (CGR) sobre el ejercicio fiscal 2024 cobró fuerza esta semana, tras un nuevo reporte de seguimiento de evaluación de la entidad al “Plan de Mejoramiento” que le presentó la previsional. Los documentos revelan un esquema de despilfarro en bonificaciones irregulares y una negligencia administrativa que pone en riesgo la vida de los pacientes.
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El informe sobre la ejecución del IPS en el ejercicio fiscal 2024, que data de julio del 2025, se desglosa en 200 páginas y es lapidario. Bajo la administración de Jorge Brítez, como presidente del Consejo de Administración, el ente se ha convertido en un escenario de “repartija” de dinero público.
Se detectaron pagos por casi G. 5.000 millones en bonificaciones que violan la Ley de Presupuesto. Lo más crítico del hallazgo es el desvío de rubros: beneficios creados para compensar el riesgo de cajeros y técnicos de bajo rango, terminaron “inflando” los salarios de la alta dirección, gerentes y coordinadores que ya gozan de remuneraciones privilegiadas.
Medicina sin licencia
Si el desvío de fondos indigna, la negligencia en el control del personal de salud aterra. La CGR determinó que 624 profesionales, incluidos médicos, enfermeros y técnicos, atendieron a pacientes con el registro profesional vencido, y al pago de sus salarios se destinaron G. 34.706 millones, pese a no tener la habilitación vigente para ejercer.
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En una institución de salud, el registro profesional no es un trámite burocrático, es la única garantía de que quien te opera o medica está capacitado para hacerlo.
La realidad del “vuelva mañana”
El informe de auditoría también le pone números al calvario diario del asegurado. El Call Center, la puerta de entrada al sistema, es un fracaso, con un 35% de llamadas perdidas y esperas de casi una hora, dice el informe.
Además, se indica que en el Hospital Central y clínicas periféricas, la falta de enfermeros mantiene las salas de cirugía paralizadas, mientras las áreas de maternidad y neonatología operan con un déficit crítico de especialistas.
El informe cuestiona también que el IPS no registra los salarios de 25.000 funcionarios en el sistema oficial (SINARH) y que no castiga a quienes presentan certificados de reposo falsos. Sin embargo, es extremadamente eficiente a la hora de pagar subsidios alimentarios fraccionados por más de G. 13.800 millones, desoyendo la ley.
Contraloría advierte de posibles hechos punibles en IPS
En una entrevista con ABC TV, la directora de Control Gubernamental de la CGR, Gladys Fernández, desglosó el alarmante informe de cumplimiento realizado al IPS sobre el ejercicio fiscal 2024. Según Fernández, de las 29 observaciones realizadas, cinco presentan una gravedad tal que ya están bajo la lupa de la Dirección de Auditoría Forense por constituir, presuntamente, indicios de hechos punibles.
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1. Sobresueldos académicos: Fernández explicó que el IPS destinó más de G. 3.471 millones a bonificaciones por grado académico, pero ignorando los límites legales. Se pagó más del límite legal (G. 1.900.000 cuando el máximo es G. 1.500.000).
“Ninguna norma interna o contrato de sindicato puede estar por encima de la Ley de Presupuesto”, expresó Fernández, rechazando el argumento del IPS de que se limitaron a cumplir con su contrato colectivo. Además, criticó que la previsional no haya gestionado la recuperación del dinero pagado de más.
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2. El “desvío” de beneficios para la alta dirección: Uno de los puntos más críticos señalados por Fernández fue el uso indebido de las bonificaciones por responsabilidad en gestión administrativa y presupuestaria. Estos rubros, reservados por ley para funcionarios de rangos inferiores, fueron desviados para beneficiar a la alta dirección.
“Se utilizó un beneficio destinado a compensar el riesgo de manejar la caja diaria para aumentar el sueldo de gerentes, directores y coordinadores”, denunció Fernández. En total, se repartieron casi G. 2.300 millones entre jefes que ya perciben sus propios salarios y gastos de representación, rompiendo la jerarquía administrativa exigida por el Estado.
3. El peligro sanitario: La directora calificó como el hallazgo “más grave desde el punto de vista humano” el hecho de que 624 médicos, enfermeros y técnicos siguieran atendiendo pacientes con sus registros profesionales vencidos. Por este trabajo irregular, el IPS desembolsó más de G. 34.706 millones.
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Fernández fue tajante ante la defensa de la previsional, que alegó haber enviado “mensajes de texto” a los afectados. “Eso no basta. Permitir que alguien sin licencia vigente toque a un paciente es una falta de seguridad extrema. En sus manos está la vida de las personas”, expresó.
4. Subsidios fraccionados por falta de caja: Finalmente, mencionó la irregularidad en el pago de ayuda alimentaria a 13.000 funcionarios por un valor de G. 13.890 millones. El IPS pagó este beneficio en cuotas alegando “falta de disponibilidad”, cuando la ley exige un pago único anual. Para la Contraloría, esto no solo incumple la normativa, sino que facilita el desorden administrativo y oculta posibles pagos duplicados.
“A diario escuchamos reclamos de que no hay medicamentos o turnos, mientras la auditoría revela que el dinero se destina a bonificaciones que no correspondían”, puntualizó la vocera de la CGR.