La Comisión de Hacienda de la Junta Municipal de Asunción recibió este jueves la propuesta planteada por los representantes de los tenedores de bonos que la Municipalidad emitió para hacer obras, muchas de las cuales, nunca se hicieron. En conferencia de prensa, el intendente Luis Bello (ANR-HC) había presentado el documento como un acuerdo logrado con éxito entre las partes involucradas. Sin embargo, el análisis preliminar de los concejales arroja una visión muy diferente sobre la naturaleza de esta negociación.
Para el concejal Humberto Blasco (PLRA), lo recibido no constituye un pacto consensuado sino una presión directa de los acreedores. Según su análisis, el texto es “básicamente una intimación de pago" enviada por la Casa de Valores que representa a los tenedores. El edil cuestionó que se intente presentar como un logro de gestión lo que considera una exigencia externa ineludible.
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La propuesta señala un plan de amortización de cerca de G. 90.000 millones para ser cancelados durante el presente año. El saldo restante de la deuda se diferiría para el año 2027 sin que esto implique renuncias o quitas por parte de los bonistas. Esta estructura de pagos significa un alivio de la caja inmediata, pero una pesada carga para el futuro, aunque Luis Bello la presentó como un rotundo éxito.
Blasco advirtió que el documento incluye la advertencia de iniciar reclamos judiciales si la comuna no acepta los términos. Estos procesos legales podrían derivar en la aplicación de tasas de interés calificadas por el concejal como "tremendamente onerosas“. El riesgo judicial se utiliza como una herramienta de presión para forzar la aprobación de la propuesta presentada.
Intimación de bonistas: sin análisis de capacidad de pago
Un punto crítico denunciado por el legislador es que “este documento no lleva la firma del intendente" Luis Bello. Blasco señaló que es llamativo que un "acuerdo" de tal magnitud carezca del respaldo oficial del jefe comunal. Esto contradice la versión inicial, de que existía un convenio ya cerrado entre el municipio y los representantes financieros.
El edil liberal calificó de "penoso" el dictamen de la asesoría legal de la Intendencia que acompaña a la propuesta. Criticó que el ejecutivo municipal simplemente pida que "resuelva la junta" sin emitir un juicio técnico responsable sobre el tema. La falta de una postura clara del ejecutivo deja a los concejales sin una guía administrativa mínima necesaria.
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Según Blasco, “no hay un estudio económico, financiero o de capacidad de pago" que sustente la viabilidad de este millonario desembolso. Pese a que la Intendencia asegura que el pago de este año se hará con la “recaudación récord” del primer trimestre, tampoco se presentaron informes sobre las fuentes de financiamiento para honrar esos compromisos. La ausencia de datos técnicos convierte la decisión en una apuesta política de alto riesgo económico, según el concejal.
Existe una profunda preocupación sobre la sostenibilidad del plan de pago y cómo este afectará los recursos de la capital. El concejal Blasco se preguntó si la institución tendrá capacidad de amortizar las cuotas actuales sumadas a los vencimientos naturales de 2027. Un acuerdo irresponsable hoy podría comprometer gravemente la prestación de servicios básicos para los ciudadanos asuncenos.
Impacto en próximo gobierno
Blasco se reafirmó en su posición de que aprobar esto sería "tirar la carga sobre la administración que viene", la cual deberá renegociar el incumplimiento. Esta práctica de diferir deudas compromete seriamente la gestión de las autoridades que asumirán tras las próximas elecciones municipales, en noviembre de 2026.
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La Comisión de Hacienda decidió convocar a los directores de Hacienda, Asuntos Legales, Recaudaciones y Estudios Económicos para el martes, a las 10:00.
Los funcionarios deberán explicar si los intereses propuestos por los bonistas se ajustan a los parámetros legales. La comparecencia será pública en la sala de sesiones para garantizar la transparencia ante la ciudadanía.
Balance 2025
En esta misma jornada, la Comisión de Hacienda recibió formalmente el Balance General y la Rendición de Cuentas correspondientes al ejercicio fiscal 2025. El volumen de la documentación es tan amplio que se dispuso su distribución inmediata a todos los concejales para su estudio. El análisis de estos documentos es clave para entender el estado real de las finanzas de la comuna.
Este balance abarca la cuestionada gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), los dos meses de intervención, a cargo de Carlos Pereira y el inicio del mandato de Bello, a fines de agosto del año pasado.
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En su informe final, Pereira, documentó que, mediante “terribles prácticas ilegales”, como la utilización de una “cuenta única”, Rodríguez desvió G. 512.000 millones del dinero de los bonos G8, que debían ser para obras de infraestructura, hacia gastos corrientes, mayormente salarios. De los 8 proyectos que prometió, apenas empezó 4 y no terminó ninguno. El dinero ya no existe y las obras tampoco.
Los documentos que hacen al balance 2025 ingresaron oficialmente el 31 de marzo, día a partir del cual, los ediles cuentan con 30 días corridos para emitir un dictamen, antes de que se produzca la sanción ficta. El mismo concejal Blasco denunció “chicanas” del oficialismo, como la declaración de un asueto el Miércoles Santo, para “apretar” el tiempo de análisis de los concejales.
Renuncia e intención de reelección
Rodríguez renunció el 22 de agosto, ante la inminencia de su destitución y de la presentación de un contundente informe de casi 20.000 páginas. Sobre su gestión pesan al menos 8 causas penales, entre ellas una acusación por lesión de confianza y asociación criminal en la causa de los detergentes de oro. Nenecho busca ser concejal en las próximas elecciones de octubre.
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Tras su renuncia, la Junta Municipal, con el apoyo de Nenecho, eligió a Luis Bello como su sucesor. Como concejal y presidente de la Junta Municipal, el actual intendente avaló la gestión de Rodríguez, formando parte de la mayoría de 14 concejales que aprobaron los balances de 2023 y 2024, cuando ya era de público conocimiento la denuncia de ABC sobre el desvío de los bonos.