Comerciantes gastronómicos de la avenida Augusto Roa Bastos, zona de obras del fallido desagüe pluvial de Santo Domingo, denuncian que viven un calvario. Esta es una de las ocho cuencas de sumideros pluviales prometidas por el exintendente de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), con los bonos G8 (2022). Su gestión desvió el dinero de la emisión, retrasando los trabajos por falta de fondos.
El proyecto en Santo Domingo, iniciado hace más de un año, mantiene bloqueado por completo el acceso a los locales. Para los comerciantes, la situación financiera es crítica y la comparan con la que sufrieron los pequeños y medianos emprendimientos durante la pandemia. Exigen soluciones inmediatas ante la parálisis total de la zona. Reportan que las ventas sufrieron una caída estrepitosa que ya supera el cincuenta por ciento.
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Tras la Semana Santa, con el reinicio de los trabajos y la intervención sobre la avenida, la situación se volvió todavía peor, indican. Durante las dos primeras semanas de abril, los ingresos no llegan ni al diez por ciento. Esta realidad obliga a los dueños de negocios a tomar medidas extremas. El flujo de caja es insuficiente para cubrir los costos operativos mensuales básicos.

Los dueños de uno de los establecimientos admitieron con tristeza que tuvieron que despedir a más de la mitad de su equipo de trabajo, pasando de tener once colaboradores a mantener solo a cinco empleados. La pérdida de fuentes de empleo aumenta la angustia de las familias del sector.
Desagüe de Santo Domingo: tuvieron que “achicarse”
Para intentar sobrevivir, algunos locales tuvieron que cerrar áreas enteras de su operación comercial. Un negocio gastronómico, por ejemplo, se vio obligado a clausurar su sector de mercado para reducir sus gastos.
Ahora solo operan la cocina, intentando rescatar algo de la inversión realizada. La infraestructura, que es prácticamente nueva, corre el riesgo de perderse totalmente.
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El cierre total de la avenida Roa Bastos anuló la circulación de clientes físicos en la zona. Solo los vecinos que se acercan caminando mantienen viva la esperanza de los locales.

Actualmente, las plataformas de delivery son el único salvavidas que sostiene estos comercios. Sin el reparto a domicilio, la mayoría de estos negocios ya habrían quebrado.
Santo Domingo: descansan más de lo que trabajan, dicen
Las denuncias sobre la lentitud de los trabajos son constantes. Los afectados señalan que los obreros trabajan poco tiempo efectivo durante la jornada. Reportan pausas excesivas para desayunar y almorzar que paralizan el avance real.
Aunque la promesa oficial fue que la intervención frente a sus locales duraría solo tres meses, existe un temor de que haya retrasos. El temor crece con el antecedente de la intervención sobre Nuestra Señora del Carmen, entre Capitán Maciel y Roa Bastos, donde la obra inició y quedó estancada por más de un año.
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El factor climático se convirtió en un enemigo adicional para el proyecto. Las constantes lluvias que caen sobre la capital inundan las zanjas abiertas y destruyen lo que ya se avanzó. Los raudales en la zona son conocidos por su peligrosidad. Los comerciantes cuentan que, pese a que sus locales fueron construidos con una altura considerable, el agua suele llegar hasta la mitad de las puertas.

Si la obra no concluye en el plazo pactado, el cierre definitivo de estos comercios será inevitable. La imposibilidad de generar ingresos genuinos agota las reservas de los emprendedores. Señalan que las obras ni siquiera permiten volver a subarrendar los locales, debido a que “nadie quiere invertir en una zona que parece un campo de batalla”.
Siguen las promesas
Pese a que el actual intendente, Luis Bello (ANR-cartista), había prometido concluir los trabajos sobre Nuestra Señora del Carmen antes de la Semana Santa, hasta hoy, martes, la zanja continúa abierta en un tramo de aproximadamente 30 metros.
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Una semana atrás, los vecinos reportaron que el Lunes de Pascua, los obreros no habían trabajado con el argumento de la falta de combustible. Tras la consulta al intendente, el martes, se reiniciaron los trabajos.
Mientras tanto, la avenida Roa Bastos, importante vía que conecta con la avenida España, sigue abierta en solo media calzada, generando caos vehicular en una zona de alta circulación.
La obra
La obra de Santo Domingo había sido adjudicada al Consorcio Pluvial Santos (Covipa y Chávez Construcciones), representado legalmente por Óscar Rubiani, por un total de G. 72.389 millones, con un adelanto de G. 14.000 millones.
Los vecinos habían amenazado a Luis Bello con la presentación de un amparo y hasta una denuncia penal, para que las obras reinicien.
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Esta es una de las obras prometidas por Rodríguez con dinero proveniente de los bonos G8 (2022), de G. 360.000 millones, que debieron ser destinados originalmente a infraestructura. Sin embargo, su gestión desvió G. 512.000 millones de bonos a gastos corrientes, en su mayoría salarios, generando desfinanciamiento y retrasos.

Ante la Junta, el Gabinete de Bello reportó un avance del 15%, a más de un año del inicio del proyecto.
Obras debieron hacerse con bonos
El concejal Javier Pintos (ANR-independiente) manifestó este martes su oposición a la postura de la intendencia respecto al avance de las obras de desagüe pluvial en la medida que exista disponibilidad financiera. Reclamó que estos proyectos debieron pagarse con los bonos G8 (2022), emitidos por G. 360.000 millones.
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“Yo estoy de acuerdo, sigo sosteniendo que en su momento fueron emitidos bonos para un proyecto específico, de acuerdo a un plan de inversión. Por ese motivo yo no aprobé los balances, como tampoco aprobé este presupuesto. Es algo que debía contemplarse dentro del cronograma de ejecución de esos fondos”, remarcó.

Pintos reconoció que la demora de las obras no deja la "mejor imagen” de la administración municipal, y que la crisis no solo afecta al cronograma de obras, sino al cumplimiento de las obligaciones con los bonistas, además de otras obligaciones financieras.
Jorge Sabaté, director de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Asunción, aseguró que las obras están en desarrollo, tras la aprobación de convenios modificatorios, que tuvieron el visto bueno de su dependencia y de la Junta Municipal.
