Bernardo Rojas, secretario general de la Central de Trabajadores Auténtica (CUT-A) y vocero de varias centrales obreras ante el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasan), confirmó que la mesa tripartita se encuentra en “punto muerto”. El detonante del conflicto es la insistencia del sector empresarial en postergar el debate técnico y mantener la discusión exclusivamente bajo el antiguo mecanismo de ajuste automático basado de forma estricta en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraguay (BCP).
“Nosotros solicitamos el reajuste de salario del 20%, que significa, en guaraníes, algo así como 647.000. Queremos discutir sobre números, pero ellos no aceptan y se limitan a decir que hay que basarse únicamente en la ley. Para hablar de bueyes perdidos y perder el tiempo, preferimos suspender la conversación”, expresó Rojas.
La principal discrepancia radica en las variables aplicadas para medir la pérdida del poder adquisitivo. Mientras los empresarios abogan por esperar el dictamen cerrado del BCP, el sector trabajador, que cuenta con cierta anuencia del Gobierno en la necesidad de modernizar la instancia, exige introducir nuevas variables de fondo.
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Según un estudio técnico desarrollado por los sindicatos que abarca la evolución del costo de vida desde 1989 hasta el actual año 2026, el salario mínimo arrastra una pérdida histórica acumulada del 22.3%. Por ello, argumentan que la suba del 20% es indispensable para equiparar los ingresos con el costo real de la vida.
Rojas cuestionó la canasta básica que utiliza el BCP para medir la inflación, ya que utiliza una muestra de 450 productos que incluye bienes ajenos a la realidad de la clase obrera. Los trabajadores plantean diseñar una nueva canasta básica de entre 80 y 120 artículos de primera necesidad, enfocada estrictamente en alimentación (que consume el 78% del salario mínimo actual), salud, educación, vivienda y transporte.
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Hacia una política salarial de Estado
Desde la perspectiva sindical, Conasan no puede seguir funcionando como un simple organismo “pasa papeles” que se reúne una vez al año para convalidar los informes de inflación. La propuesta gremial apunta a una reforma integral del Consejo que le otorgue facultades técnicas y políticas para:
- Monitorear y controlar precios: evitar la especulación de los sectores más fuertes del mercado, tomando como ejemplos los modelos de comisiones salariales vigentes en Uruguay, Brasil o Chile.
- Desindexar el salario: frenar el impacto colateral por el cual la suba del salario mínimo genera automáticamente un incremento en las tasas judiciales, multas municipales e impuestos inmobiliarios. “El reajuste actual termina siendo un negocio donde el Estado y las comunas ganan dinero a costa del trabajador”, denunció Rojas.
Plazo hasta el 15 de junio
El tiempo juega en contra de la mesa tripartita. Rojas advirtió que el 15 de junio es la fecha límite para destrabar el conflicto por la vía del diálogo. Las centrales sindicales ya solicitaron una audiencia de carácter urgente con el presidente de la República, Santiago Peña, aunque hasta el momento no han recibido respuestas del mandatario.
De no registrarse novedades o llamados a negociar sobre la base del incremento propuesto en las próximas dos semanas, los gremios advierten que evaluarán la convocatoria a movilizaciones y medidas de fuerza en las calles ante el descontento social generalizado.
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