La Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa) alzó su voz ante la alarmante interrupción de tratamientos oncológicos. A pesar de contar con sentencias judiciales favorables, los pacientes denuncian que enfrentan la desidia estatal bajo la excusa de la falta de presupuesto y la escasez de oferentes en licitaciones.
Juana Moreno, presidenta de Apacfa, detalló la desesperante situación que atraviesan cientos de pacientes que, tras años de lucha judicial, han obtenido órdenes de amparo para la provisión de sus fármacos, pero siguen esperando una solución que no llega.
“El cáncer no conoce de dilemas administrativos, es desesperante en algunos casos. Cada día que pasa es un día menos para quienes están a su suerte sin una alternativa terapéutica”, señaló Moreno, subrayando que muchos pacientes ya cuentan con sentencias firmes desde hace meses sin que el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) ejecute el cumplimiento del tratamiento.
Ministerio de Salud no cumple su rol
Desde la asociación enfatizaron que la ejecución de los amparos judiciales es competencia exclusiva del Ministerio de Salud y, que el Instituto Nacional del Cáncer (Incan) no tiene injerencia directa en la provisión de fármacos ordenados por la vía judicial.
Apacfa cuestionó el uso del “Rubro 350” para cubrir estas sentencias, aclarando que dicho presupuesto es para el listado básico de medicamentos y no debería ser el origen de los recursos para amparos específicos.
La preocupación aumenta cuando los familiares reciben como respuesta de las dependencias estatales que “no hay disponibilidad de fondos para compras” o que los procesos licitatorios se dilatan por la ausencia de oferentes.
Moreno recordó que la Ley 6266 de Atención Integral a las Personas con Cáncer obliga al Estado a garantizar un tratamiento digno y continuo. Ante la respuesta recurrente de “no hay plata”, desde Apacfa fueron contundentes: “Somos ciudadanos que hemos contribuido al desarrollo del país y no podemos ser dejados de lado”.
El pedido de solución de los pacientes está dirigido directamente al presidente de la República, Santiago Peña, al vicepresidente Pedro Alliana y a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
La asfixiante deuda por recursos de amparo
La crisis de acceso a medicamentos se ve agravada por la pesada carga financiera que arrastra la cartera sanitaria. Según reportes de enero último, el Ministerio de Salud acumula una deuda de aproximadamente US$ 130 millones específicamente por la provisión de fármacos requeridos a través de amparos judiciales.
Gran parte de esta deuda corresponde a medicamentos oncológicos y neurológicos, muchos de los cuales enfrentan barreras administrativas adicionales, como la falta de registro sanitario en el país.
IPS buscan mesa técnica ante “avalancha” de amparos
Paralelamente al escenario en el Ministerio de Salud, el Instituto de Previsión Social (IPS) enfrenta una situación similar que ha obligado a las autoridades del seguro social a plantear soluciones urgentes. El pasado 4 de junio, el presidente del IPS Isaías Fretes mantuvo una reunión con representantes de la Corte Suprema de Justicia para abordar el impacto del alto índice de amparos judiciales contra la institución.
El objetivo de este acercamiento es establecer una mesa técnica que permita gestionar los pedidos de medicamentos, tratamientos y procedimientos médicos de alta complejidad. Las autoridades indicaron que buscan mecanismos que protejan el derecho a la salud de los asegurados sin comprometer la sostenibilidad financiera y operativa de la previsional.