La Junta Municipal de Asunción no sesionó este miércoles debido a una maniobra cartista para dejarla sin quórum, incluso antes del inicio. La movida logró evitar un mayor control sobre el informe de gestión del primer cuatrimestre de 2026, correspondiente al intendente, Luis Bello (ANR-cartista). Este documento cuenta con un dictamen de la Comisión de Hacienda que recomienda remitir de forma urgente los datos a la Contraloría General de la República (CGR).
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Desde la oposición señalaron que de haberse tratado, los cartistas quedarían expuestos a tener que votar a favor o en contra del dictamen. Sea cual sea la decisión, esta podría impactar en la campaña política del candidato oficialista, Camilo Pérez (ANR- cartista). Con esta maniobra, la bancada oficialista buscó ganar tiempo, impidiendo que el pleno de la corporación ratificara la posición de la comisión.
Cartistas abandonaron la sesión ordinaria tras llamativas llamadas telefónicas
La sesión ordinaria, convocada para las 9 de la mañana, con un periodo máximo de 30 minutos de prórroga, contaba a las 09:30 con una presencia inicial de 14 concejales en sala, superando el mínimo legal de 13 concejales presentes.
Sin embargo, una llamativa dilación en el inicio del debate, a cargo del vicepresidente de la Junta, Mariano Cáceres (ANR-cartista), permitió la jugada de concejales de su bancada, que abandonaron el recinto. La postergación del llamado inicial permitió desarticular la mayoría presente en el recinto antes del inicio formal de la plenaria.
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La maniobra se consolidó de manera definitiva a las 09:34, cuando se intentó dar inicio formal a la plenaria, momento en que el presidente en ejercicio constató que en ese momento sólo quedaban 12 concejales presentes. Ante la falta del número legal requerido por el reglamento, el presidente levantó la sesión.
ABC constató que, a la hora máxima fijada para el inicio de la sesión, estaban presentes en la sala los concejales René Calonga (ANR-cartista) y Nasser Esgaib (ANR-cartista), pero abandonaron deliberadamente la sala tras recibir una llamada telefónica. Según pudo constatar este medio, el concejal Nasser Esgaib ni siquiera se retiró de las instalaciones del edificio legislativo, sino que permaneció al costado de la sala de sesiones vigilando atentamente el desarrollo de los acontecimientos, hasta corroborar que la sesión fue levantada por falta de quórum legal.
Bloqueo al control del Balance General 2025 y los plazos legales vencidos de la intendencia
Desde la oposición cuestionaron duramente la actitud adoptada por sus colegas oficialistas y recordaron que ya habían tenido el mismo comportamiento ante el tratamiento del Balance General 2025. Este período abarca las gestiones del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), incluyendo la intervención, y los primeros meses del mandato de Bello. Los opositores apuntaron a un claro intento de eludir el control sobre la gestión comunal.
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El Balance 2025 había sido rechazado, tras varias chicanas que evitaron al menos 2 sesiones de la Junta Municipal. Fue el 10 de mayo, hace más de 52 días corridos y más de 32 días hábiles de forma ininterrumpida. Tras el rechazo, desde el Gabinete de Bello y el propio intendente habían aludido a un supuesto rechazo “político”, pero “sin fundamentos”. Hasta la última sesión de la Junta, la Intendencia Municipal había omitido enviar su contestación para que la Junta ratifique o rectifique su postura inicial.
El concejal Humberto Blasco (PLRA), señaló que lo que corresponde es “su remisión a la Contraloría General de República, intotum. Ya quedó firme el rechazo y tiene que remitirse a la Contraloría General de la República. Es lo que dice la ley”, reclamó.
Qué dice la Ley Orgánica Municipal en caso de rechazo del Balance
La Ley 3.966/10, Orgánica Municipal, establece de manera taxativa el procedimiento que debe seguirse ante el rechazo de una rendición de cuentas municipales. “En caso de rechazo, la Junta devolverá la rendición de cuentas de la ejecución presupuestaria a la Intendencia con las observaciones correspondientes”, dice la ley en su artículo 207.
La misma norma establece que la Intendencia tenía un plazo de 30 días, sin especificar si son corridos o hábiles, para considerar las observaciones de la Junta. Cumplido ese plazo, la Intendencia Municipal debía enviar “nuevamente dicha rendición a la Junta, la que la aprobará o rechazará, en este último caso, con el voto de la mayoría absoluta de dos tercios”, agrega el texto legal.
La norma prosigue señalando que “la Intendencia remitirá a la Contraloría General de la República la Resolución de la Junta Municipal que apruebe o rechace la rendición de cuentas de la ejecución presupuestaria, acompañada de los documentos correspondientes, para su examen, de acuerdo con las leyes y reglamentaciones respectivas.
Las 5 claves del rechazo del Balance 2025: la renuncia de Nenecho y el “tercer capítulo” de la historia
El rechazo al Balance 2025, el 10 de mayo pasado, contó con 14 votos de la oposición y de la disidencia. Los ediles fundamentaron su voto en una alarmante situación de insolvencia crítica y “quiebra técnica” municipal. Según los datos contables expuestos, los intereses acumulados por la pesada deuda de bonos, que ascienden a G. 875.770 millones, ya superaron al capital total de los bonos emitidos por la comuna.
La auditoría del balance desnudó además que la Municipalidad apenas dispone de un ínfimo ratio de liquidez corriente de 0,59. Esto significa que el municipio posee apenas G. 599.000 en caja por cada G. 1.000.000 de deuda inmediata, obligando a un constante “bicicleteo financiero” mediante millonarios adelantos para el pago de salarios y aguinaldos.
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A este esquema de asfixia económica se suma un sobredimensionado drenaje de recursos destinados al pago de servicios personales. El 69,2% de los ingresos tributarios de los asuncenos se diluyen exclusivamente en mantener una estructura de más de 9.000 funcionarios, dejando una miserable inversión física de apenas el 4% para obras de infraestructura.
Rodríguez renunció en agosto, presionado por su inminente destitución tras documentarse un desvío de G. 512.000 millones. La mayoría oficialista en la Junta eligió a Bello, quien había avalado la gestión de su antecesor. El oficialismo postula ahora a Camilo Pérez (ANR-HC), quien de ganar, según la oposición, sería la tercera parte de la misma historia.