Tras el rechazo al Balance 2025 de la Municipalidad de Asunción, el concejal Álvaro Grau (PPQ) recomienda al intendente, Luis Bello (ANR-cartista), remitir el expediente en forma directa e inmediata a la Contraloría General de la República (CGR), por indicios de quiebra técnica. Bello se reafirmó el miércoles en que faltan argumentos para el rechazo y confirmó que prevé devolver el balance a la Junta Municipal, frente a la supuesta falta de observaciones formales.
Según ordena el artículo 207 de la Ley N° 3.966, Orgánica Municipal, el intendente tiene un plazo de 30 días para devolver el expediente a la Junta Municipal, plazo que se cumple el próximo martes 9 de junio. Para sostener el rechazo al documento, la Junta requiere de una mayoría absoluta de dos tercios, es decir, 16 concejales, dos más de los que se tuvo para el rechazo.
El periodo del balance rechazado abarca los últimos meses de la polémica gestión del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), incluidos los dos meses de la intervención, y los primeros meses del actual intendente, quien asumió en agosto del año pasado.
La recomendación de Álvaro Grau: “Hay que remitir directo a la Contraloría”
El concejal Grau fundamentó la exigencia de que el documento sea enviado a la CGR de manera urgente, bajo la premisa de no dilatar aún más el proceso, tras una serie de “chicanas” del oficialismo para intentar bloquear el rechazo. El legislador argumentó que ante una municipalidad financieramente colapsada y bajo la sombra de la gestión de Rodríguez, la urgencia de un análisis más profundo de la Contraloría está más que fundamentada.
El edil rechazó rotundamente la postura del Gabinete de Bello, que negó la existencia de argumentos para el rechazo, y señaló que estos fueron profusamente expuestos, no solo en la sesión en la que se dio el rechazo, sino durante toda la gestión anterior y la actual. Además, resaltó como la mayor prueba de irregularidad la ausencia de la firma del auditor de la Intendencia en los documentos.
“¿Cómo vas a tener 1% de ejecución en obras de plazas y parques en la ciudad de Asunción? ¿Cómo vas a tener un 7% de ejecución en obras de inversión física en la ciudad? ¿Cómo va a aumentar el gasto en salarios con una municipalidad quebrada cuando hay obras paradas por falta de pagos y vecinos sufriendo por causa de esas obras paradas?”, remarcó.
La recomendación del edil es enviar las ejecuciones presupuestarias directo a la CGR, buscar una auditoría externa inmediata y vinculante sobre los fondos de la capital. Con este procedimiento se pretende evitar de forma estricta que el documento analizado quede atrapado en un ida y vuelta político-administrativo.
La postura de Luis Bello: “El procedimiento es la devolución a la Junta”
En conversación con ABC el miércoles, el intendente Bello defendió el trámite burocrático de la institución y rechazó la propuesta de la oposición de enviar los antecedentes directamente fuera del municipio. “El proceso es así, es un proceso administrativo: la Junta eleva observaciones, la Intendencia debe responder las observaciones y, en función a eso, se tiene que volver a tratar“.
El titular del Ejecutivo comunal insistió en que la normativa vigente establece el reenvío de las carpetas como el único camino legal a seguir. Al respecto, Bello afirmó textualmente: “Nosotros vamos a contestar lo que hay. Si uno revisa la Ley Orgánica Municipal, es que si existe una devolución por parte de un balance a la Intendencia, la Intendencia tiene que responder las observaciones y enviarla de vuelta a la Junta".
El intendente contestó que, hasta ese momento, la Intendencia no había recibido las observaciones formales de la Junta Municipal que fundamente el rechazo del balance y se reafirmó en que se trataba de un “voto político”. Aclaró que el plazo de 30 días para actuar sobre este tema comienza a correr desde el momento en que la documentación oficial llega físicamente a la Intendencia, algo que, según él, aún no había ocurrido.
El factor tiempo: los 30 días clave que congelan el caos financiero
La Ley Orgánica Municipal, en su artículo 207 contempla un impacto directo en los plazos, otorgando un periodo de 30 días para que la Intendencia responda formalmente a los cuestionamientos. Teniendo en cuenta que el rechazo se aprobó el 10 de mayo, el periodo estipulado para la presentación de los descargos correspondientes se cumple el próximo 9 de junio.
La resistencia del Ejecutivo a remitir los papeles a la Contraloría genera sospechas, considerando que los concejales oficialistas que avalaron la gestión buscan el "rekutu“. A esto se suma la sospecha del concejal Humberto Blasco (PLRA) de que el intendente devolvería el balance tras las internas del 7 de junio para esconder la basura debajo del calendario y no perjudicar al candidato oficialista a la Intendencia, Camilo Pérez (ANR-cartista).
El intendente Bello volvió a desmarcarse de las decisiones financieras tomadas durante las etapas previas de la administración, reiterando que “el balance, en una parte, es del exinterventor Carlos Pereira, del exintendente Nenecho, y lo mío son cuatro meses. Yo puedo responder lo que yo hice, no lo que hicieron los anteriores", señaló.
Como concejal y presidente de la Junta Municipal, Bello formó parte de la mayoría de 14 concejales cómplices que avalaron la gestión de Nenecho. Once de ellos buscan el “rekutú”, al igual que el exintendente cartista.
Las 5 claves del rechazo al Balance
La oposición coincide en que, de haberse aprobado el Balance 2025, se habría avalado no solo la continuidad del “modelo Nenecho”, sino su perfeccionamiento durante la administración de Bello, con una insolvencia estructural que le impide honrar sus compromisos básicos.
En 2025, se consolidó también el gasto desmedido y la nula inversión en infraestructura. En ese período, la municipalidad gastó en el rubro de servicios personales (salarios) por más de G. 728.323 millones (US$ 121 millones) lo que representa un 60% de la ejecución total. Mientras tanto, la inversión física en obras apenas recibió G. 50.548 millones (sólo un 4% del total). La proporción entre salarios y obras es de 15 a 1.
El año pasado, los contribuyentes pagaron US$ 7,3 millones en tasas para construcción y mantenimiento de desagües, pero la ciudad sigue sufriendo graves inundaciones. De 8 proyectos prometidos con los bonos G8, desviados por Nenecho, solo 4 iniciaron y ninguno se terminó, presentando avances físicos ínfimos (entre el 3% y el 50% en algunos casos.
En tanto, se recaudaron US$ 35,5 millones para limpieza, pero el servicio colapsó, con el 60% de la flota de camiones descompuesta. El informe final del interventor, Carlos Pereira, reporta el uso de fondos desviados para el alquiler de camiones privados mediante “servicios fantasma”. Para el mantenimiento de calles se recaudaron más de US$ 18,2 millones, superando la estimación presupuestaria, pero las arterias principales presentan baches profundos y abandono total.
El remate de los bonos desviados y la millonaria herencia para el próximo periodo
A esto se suma el monumental desvío de G. 512.000 millones provenientes de bonos G8. Este hecho fue denunciado por ABC en 2024, confirmado por la Contraloría General de la República, y corroborado el año pasado por el interventor de la gestión de Nenecho, Carlos Pereira, entre junio y agosto.
En su informe final, Pereira documentó que, mediante “terribles prácticas ilegales”, como la utilización de una “cuenta única”, Nenecho desvió estos fondos que debían ser para obras de infraestructura a gastos corrientes, en su mayoría, salarios. Presionado por una inminente destitución y ante la contundencia del informe del interventor, Nenecho renunció el 23 de agosto y, en su reemplazo, asumió Bello.
Durante la gestión de Bello, con la aprobación de un presupuesto 2026 plurianual y la eliminación de la cuenta única, se consumó la eliminación del “saldo de bonos” del consolidado de ingresos, con lo que ya no se repondrá el dinero faltante de los bonos desviados, había denunciado Álvaro Grau (PPQ).
Durante el 2025 también se concretó el incumplimiento en el pago de intereses de los bonos por un monto de G. 81.271 millones al cierre de 2025. La gestión de Bello pretendió diferir diferir estos pagos, mediante el pago de G. 9.523 millones de costos financieros, y “heredando” una deuda de más de US$ 32 millones a la próxima administración que asuma tras las elecciones municipales. La Junta Municipal no le dio la aprobación al “acuerdo”.