El intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-HC), remitió este miércoles a la Junta Municipal un pedido para ampliar hasta diciembre de los contratos de alquiler de camiones recolectores de basura con las firmas privadas El Palacio SA y Depósito San Cristóbal.
La solicitud de la Intendencia es que estos contratos se extiendan hasta un 20% de los montos máximos adjudicados, lo que significa erogaciones de G. 2.641 millones y G. 4.689 millones por encima del contrato original respectivamente.
Esta solicitud se da en forma simultánea con la concreción de la cuestionada compra directa de 11 camiones recolectores nuevos, un proceso de adjudicación cerrado por la Intendencia por un monto total que supera los G. 13.606 millones.
La compra directa de camiones de basura por G. 13.606 millones que esquivó a la Junta Municipal
La adquisición por vía de la excepción se gestionó, originalmente, por una estimación de G. 15.858 millones y se tramitó a espaldas de la Junta Municipal. En abril, la licitación fue suspendida por protestas de potenciales oferentes. Las empresas cuestionaron cláusulas restrictivas en el pliego de bases y condiciones que posibilitaban un direccionamiento.
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Pese a los reclamos, a inicios de junio el proceso administrativo finalizó con la adjudicación de G. 13.606 millones a dos empresas proveedoras. La firma Cathay SAE resultó beneficiada con un contrato de G. 7.462 millones para la provisión de 7 camiones de eje sencillo equipados con compactador de 17 m³. Condor SACI fue adjudicada por G. 6.144 millones por 4 camiones de doble eje con compactador de 21 m³.
El desglose financiero de la operación revela que los precios unitarios de dichos vehículos representan G. 1.066 millones para los camiones de eje sencillo, mientras que las unidades compactadoras de doble eje registran un costo individual de G. 1.536 millones.
Plazos bajo sospecha en Servicios Urbanos: Nuevos recolectores en julio y alquileres hasta diciembre
El director interino de Servicios Urbanos, Máximo Medina, justificó la legalidad y la simultaneidad de los procesos argumentando la necesidad del servicio. El funcionario dijo que “Contrataciones Públicas rechazó todas las protestas que se han realizado en contra del llamado” y que la compra se adjudicó “correctamente y está todo en regla y en orden”.
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La justificación oficial expone un desfase temporal en la planificación de los contratos. Medina confirmó que los nuevos camiones llegarán en la primera semana de julio, en tanto que la intención del intendente es que la ampliación del alquiler de camiones privados continúe vigente hasta diciembre.
Medina alegó que la comuna opera actualmente con una flota propia de entre 15 y 20 camiones municipales, cuando requiere un mínimo de 29 recolectores por turno. Explicó que los 11 camiones nuevos adquiridos se utilizarán “exclusivamente para recolección de basura domiciliaria”, mientras que las unidades antiguas se reubicarán para combatir vertederos clandestinos y limpieza vial, manteniendo el alquiler de camiones como complemento.
Concejales denuncian doble gasto municipal y camiones “Frankenstein”
El concejal Humberto Blasco (PLRA) calificó la compra directa de camiones nuevos como un despropósito financiero a pocos meses de la conclusión del mandato municipal. Sostuvo que con “menos del 10% del valor de la compra” se reactivaría la flota municipal que permanece inoperativa en los talleres. Afirmó que la institución posee vehículos recolectores con menos de 10 años de antigüedad que pueden operar con reparaciones básicas.
Blasco denunció además la existencia de deudas acumuladas con los talleres mecánicos externos, lo que habría provocado el corte definitivo del servicio de mantenimiento. Declaró que los funcionarios municipales se ven obligados a armar “camiones Frankenstein” dentro de los talleres de la Dirección de Servicios Urbanos, reciclando autopartes de camiones parados para completar otros.
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El concejal Álvaro Grau (PPQ) cuestionó la legalidad de la operación y criticó que una compra de G. 13.000 millones se tramite por vía de la excepción por urgencia. Señaló que este mecanismo exceptuado se utilizó deliberadamente para evadir la fiscalización previa y la autorización obligatoria de la Junta Municipal. Calificó el pliego de bases como un documento “escueto” y citó consultas técnicas “absurdas” como evidencia de ello.
Grau expuso contradicciones financieras y afirmó la existencia de indicios de que la Intendencia otorgará un pago parcial o adelanto económico a las empresas adjudicadas. Argumentó que esta entrega de fondos desvirtúa la supuesta urgencia del llamado por vía de la excepción, ya que evidencia que los proveedores carecen de stock. El edil concluyó que la falta de unidades disponibles obliga al municipio a seguir extendiendo los contratos de alquiler privado.
Tasas de “oro” y calles con basura: El esquema de Nenecho que Bello perpetúa
En el primer cuatrimestre del año 2026, los ciudadanos de la capital ya tributaron un monto más de G. 125.753 millones (US$ 21 millones). A pesar de este flujo millonario, los barrios de Asunción continúan sumidos entre vertederos clandestinos.
De enero a abril, G. 52.191 millones ingresaron a la institución en concepto específico de tasas por el servicio directo de recolección de basura. Asimismo, la tasa por disposición final de residuos sumó G. 37.660 millones y las tasas de limpieza pública aportaron otros G. 35.901 millones. Estos ingresos acumulados representan casi la mitad de todo el presupuesto anual previsto para la Dirección de Servicios Urbanos.
Los datos demuestran que la administración del intendente Luis Bello (ANR-cartista) mantiene el modelo heredado de su antecesor, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), quien, al inicio del proceso de intervención de su gestión, entregó una ciudad mugrienta y una flota de camiones recolectores en condiciones catastróficas, según denunció el interventor, Carlos Pereira.
Ante la emergencia, Rodríguez había optado por priorizar el alquiler de camiones, que según Pereira, no había tenido manejos transparentes. En su informe final, el interventor denunció el uso ilegal de fondos provenientes de la emisión de bonos que eran para obras, pero que terminaron destinándose a estos fines.
La intervención a la gestión de Nenecho y el desvío de G. 512.000 millones de bonos
La intervención duró entre junio y agosto. Pereira documentó que, mediante “terribles prácticas ilegales”, como la utilización de una “cuenta única”, Nenecho desvió G. 512.000 millones desde las cuentas bancarias de los bonos G8, que debían financiar obras de infraestructura, para gastos corrientes.
Además de salarios, Pereira detectó que G. 13.000 millones de ese dinero desviado, se esfumaron en “servicios fantasma”. Parte de eso se usó en el pago del alquiler de camiones recolectores de basura que, según el interventor, no tenían registros de operadores ni hojas de ruta claras.
En agosto, ante la contundencia del informe del interventor y presionado, Nenecho renunció al cargo y la mayoría colorada colocó a Luis Bello en su reemplazo. La situación en el sistema de recolección de basura, lejos de mejorar, se agudizó, con reclamos masivos en la mayoría de los barrios. La degradación del servicio fue constante hasta desembocar en un colapso total, en marzo de este año.
Como concejal y presidente de la Junta Municipal, Bello había avalado plenamente la gestión de Nenecho, conformando la mayoría cómplice de 14 concejales que le aprobó los balances 2023 y 2024, pese a la denuncia de ABC sobre el desvío de bonos. Luego, como intendente, mantuvo este esquema de alquileres privados ante la inoperatividad de la flota propia.