A tres años de haber asumido el timón del Poder Ejecutivo en agosto de 2023, la administración de Santiago Peña enfrenta un balance profundamente deficitario en una de las áreas más sensibles y vitales para la ciudadanía: la salud.
Las promesas de campaña, que hablaban de una transformación radical, de optimización de recursos y de un sistema de atención digno para todos los paraguayos, chocan hoy de manera violenta con una realidad marcada por carencias estructurales crónicas, denuncias constantes por falta de medicamentos esenciales y escándalos que salpican tanto al Instituto de Previsión Social (IPS) como al Ministerio de Salud Pública (MSPBS).
Lejos de consolidar un salto cualitativo, el trienio de Peña se ha caracterizado por la incapacidad de dar respuestas eficientes y una desconexión alarmante entre los discursos oficiales y el sufrimiento diario de los pacientes en los hospitales públicos de todo el país.
Ministerio de Salud: María Teresa Barán, la inercia y el blindaje oficial
En el Ministerio de Salud, la situación no es nada alentadora desde que inició este gobierno. Al frente de esta cartera se ha mantenido incólume María Teresa Barán, que pese a acumular cuestionamientos lapidarios tanto de la oposición como de sectores internos del propio oficialismo —incluyendo duras críticas de legisladores colorados que la tildaron de ineficiente—, continúa firmemente atornillada a su cargo gracias al indiscutible blindaje y la bendición del presidente Santiago Peña.
La gestión de Barán ha estado signada por la confrontación sistemática con los gremios médicos y sanitarios, en lugar de propiciar canales de diálogo resolutivo. Ante los reclamos formales del Círculo Paraguayo de Médicos (CPM), el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), la Asociación Paraguaya de Enfermería (APE) y otras nucleaciones sobre la alarmante falta de profesionales especialistas y , la respuesta de la ministra ha rozado el desdén institucional, minimizando a las organizaciones gremiales bajo el argumento de que “no representan a todos”.
Justamente, de este 24 a 28 de agosto, los médicos convocaron a una huelga nacional para exigir un reajuste salarial urgente ante una pérdida del poder adquisitivo estimada en casi 75% desde 2012, la contratación de más especialistas, el abastecimiento de insumos básicos en hospitales públicos y el mantenimiento de equipos médicos.
Lamentablemente, los hospitales regionales y distritales de departamentos con elevada demanda sanitaria como Concepción, San Pedro, Caaguazú, Itapúa, Alto Paraná entre otros, padecen una sequía crónica de insumos básicos, reactivos para laboratorios y medicamentos de alta y baja complejidad. Los pacientes continúan obligados a realizar actividades benéficas, rifas, polladas o endeudarse de por vida para costear antibióticos, analgésicos y materiales quirúrgicos que el Estado tiene la obligación de proveer de forma gratuita, pero brilla por su ausencia.
El símbolo del fracaso: La polémica inauguración de la terapia neonatal en Villarrica
Si existiera un monumento que grafique la distancia entre la propaganda oficial y la cruda realidad del sistema sanitario en estos tres años, ese sería sin duda el escándalo de la terapia intensiva neonatal del Hospital Regional de Villarrica.
Con bombos y platillos, el propio presidente Santiago Peña se trasladó hasta la capital del departamento de Guairá para inaugurar personalmente este servicio, presentado como un hito histórico que evitaría el doloroso traslado de recién nacidos críticos hacia Asunción. El evento fue coronado con discursos rimbombantes sobre el compromiso gubernamental con la infancia y la descentralización de la salud.
Sin embargo, la farsa se desmoronó rápido y de la manera más trágica posible. A los pocos días de la fastuosa inauguración oficial, se reveló que la unidad de terapia intensiva neonatal no funcionaba realmente por falta de condiciones operativas y recursos humanos especializados. La consecuencia de esta mentira fue fatal: un recién nacido en estado crítico falleció al no poder recibir atención adecuada en el lugar y sufrir demoras insalvables en su intento de traslado a Asunción.
El caso detonó una indignación nacional generalizada, dado que se dejó al descubierto que el gobierno de Santiago Peña priorizó el corte de cinta proselitista por encima de la operatividad real de los servicios.
Equipos obsoletos y promesas incumplidas en el diagnóstico por imágenes
A lo largo y ancho del país, numerosos equipos de diagnóstico por imágenes de vital importancia —como resonadores magnéticos, tomógrafos, mamógrafos y ecógrafos— se encuentran permanentemente fuera de servicio por falta de mantenimiento preventivo, contratos de servicios de reparación caídos o, en el peor de los casos, simple desidia administrativa. En los hospitales cabecera del interior, conseguir un turno para una tomografía o una ecografía puede demorar meses, condenando a los enfermos a empeorar sus cuadros clínicos o a recurrir al sistema privado, gastando sus escasos recursos económicos.
Durante los últimos tres años, la falta de insumos y el abandono de equipamiento tecnológico han convertido a los hospitales en verdaderos “cascarones”. Denuncias de ABC Color han expuesto repetidamente cómo la falta de planificación impide que equipos médicos costosos lleguen a instalarse o a funcionar correctamente.
Hospitales públicos se caen a pedazos
La infraestructura de los hospitales públicos en Paraguay también es objeto de críticas constantes, siendo descrita frecuentemente como “carcasas” o “cascarones” vacíos: edificios nuevos o remodelados que, en la práctica, carecen de insumos, medicamentos, especialistas y operatividad real.
En estos tres años de gobierno, la gestión de Santiago Peña ha sido señalada por priorizar la construcción física de obras como “propaganda” mientras los servicios esenciales se desmoronan por falta de mantenimiento y una planificación sanitaria ineficiente.
En el Hospital Nacional de Itauguá (HNI) por ejemplo, los pacientes denuncian condiciones inhumanas y deficiencias estructurales críticas, sumadas a la falta de médicos especialistas que obliga a reprogramar cirugías y extender tiempos de espera de forma inaceptable.
En el Hospital General de San Lorenzo (Calle’i), los usuarios reclaman regularmente un “calvario” constante en la atención. Las quejas incluyen la falta de médicos y medicamentos, además de una infraestructura colapsada que obliga a los pacientes a formar filas en el patio del hospital bajo condiciones climáticas adversas.
En otros servicios como el Hospital General de Barrio Obrero (HGBO) el deterioro de las instalaciones es un tema recurrente. Pacientes han reportado muebles deteriorados, sanitarios sin agua y salas de espera sin ventilación adecuada. Las carencias son similares o incluso peores en los hospitales del interior del país, obligando a que los pacientes que no encuentran atención médica eficiente, se trasladen hasta Asunción.
Legisladores como la senadora y exministra de Salud Esperanza Martínez, han advertido que el enfoque gubernamental se ha desviado hacia la inauguración de centros asistenciales que, al carecer de los pilares básicos (personal de blanco y fármacos), se convierten en “carcasas”. Esta política es vista como una forma de “maquillar” una crisis estructural que, en lugar de resolverse, se agrava por el agotamiento del personal de salud, que se ve obligado a trabajar en condiciones de estrés sostenido y con una infraestructura que no acompaña las necesidades básicas de la población.
El IPS y la sombra de la corrupción: El caso de Jorge Brítez
Uno de los flancos más debilitados y escandalosos del actual gobierno se concentra en el Instituto de Previsión Social (IPS). Al inicio de su mandato, Santiago Peña designó al frente de la previsional a Jorge Brítez, con la premisa de ordenar la casa y brindar un servicio eficiente. Sin embargo, la gestión de Brítez quedó rápidamente atrapada en los laberintos de la desidia administrativa y los negociados.
En abril pasado, acorralado por la insostenible presión de los escándalos que sacuden al seguro social, el presidente Santiago Peña intentó lavar la cara de la previsional designando a Isaías Fretes al frente del Consejo de Administración. Lejos de cerrar las heridas institucionales, esta movida destapó aún más el caldero de la corrupción.
Ante el pesado legado de la administración de Brítez, el Ministerio Público formalizó la imputación contra el extitular del IPS y otros operadores de peso del esquema previsional como Vicente Bataglia (presidente del IPS durante el gobierno de Mario Abdo Benítez), tras comprobar un perjuicio patrimonial estimado en unos G. 61.000 millones.
El núcleo de la causa gira en torno al fallido y abandonado proyecto de construcción de quirófanos modulares en el Hospital Central. Las adendas sucesivas, los anticipos millonarios desembolsados sin contraprestación real y los equipos médicos acumulados y arruinados a la intemperie o en depósitos, expusieron un esquema donde la salud de los asegurados fue secundaria frente al lucro y la ineficiencia.
Otro ejemplo flagrante y reciente es la grave desidia administrativa que llevó al vencimiento de 36.000 medicamentos en el IPS por valor de G. 1.800 millones, mientras los asegurados, día tras día, enfrentan la escasez de fármacos esenciales en las farmacias.
Promesas de Santiago Peña: ¿Qué no cumplió?
Al evaluar el cumplimiento de las metas planteadas al inicio de la administración Peña en materia sanitaria, el balance es lapidario. La gratuidad universal y efectiva de los medicamentos en farmacias de los hospitales públicos sigue siendo una utopía; pacientes y familiares siguen comprando las recetas completas de sus bolsillos. La descentralización eficiente de la salud fracasó en garantizar insumos y especialistas locales, derivando en casos.
Aunque el gobierno de Santiago Peña ha impulsado licitaciones y proyectos de infraestructura física a través de alianzas o construcciones impulsadas por gobernaciones, así como la ampliación de algunas coberturas horarias en ciertos centros asistenciales, lo cierto es que estas obras civiles se quedan en meros cascarones vacíos si carecen de presupuesto operativo, medicamentos, insumos de alta calidad y recursos humanos calificados y bien remunerados.
Durante el gobierno de Santiago Peña, las falencias estructurales no hacen más que multiplicarse y los hospitales públicos son trincheras de supervivencia donde faltan desde gasas hasta medicamentos oncológicos, y los escándalos de corrupción en el IPS junto con la insostenible permanencia de figuras ineficientes en el Ministerio de Salud, demuestran una falta absoluta de voluntad política para corregir el rumbo. A tres años de gestión, el gobierno de Santiago Peña le ha fallado estrepitosamente al pueblo paraguayo en el pilar más sagrado de los derechos humanos: la salud.