El sistema sanitario de Paraguay atraviesa uno de los periodos más debatidos y cuestionados de los últimos años. Entre enero y julio de 2026, las redes sociales y los medios de comunicación han reflejado de manera constante una realidad lacerante para miles de hogares: el agobiante “gasto de bolsillo”.
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A pesar de los informes oficiales en que se destacan grandes inversiones para la ejecución de nuevos hospitales que el gobierno de Santiago Peña, promete servirán de soluciones a la elevada demanda, la percepción actual en las salas de espera de los servicios del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) y del Instituto de Previsión Social (IPS) es diametralmente opuesta.
A pesar de que en Paraguay se establece que la salud pública debe ser gratuita, la constante falta de medicamentos e insumos básicos en los hospitales provoca que, en la realidad, recibir atención y tratamientos dependa exclusivamente de los recursos económicos y de la capacidad de endeudamiento que tenga cada familia. Es decir, que en Paraguay solo puede curarse quien tiene dinero.
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Este fenómeno ha traspasado fronteras, situando a la sanidad paraguaya en el centro de reportajes de medios internacionales como la BBC, medio que expuso esta semana cómo la falta de cobertura oportuna empuja a los ciudadanos a vender bienes preciados, organizar rifas solidarias o contraer deudas impagables.
El peso del “gasto de bolsillo”: historias que retratan la crisis
Para comprender la magnitud del problema, es necesario mirar atrás. Durante el primer semestre de 2026, las redes sociales, los medios impresos y digitales así como los canales de televisión, han dado a conocer casos dramáticos que ilustran la cruda realidad del sistema de salud.
La indignación de los pacientes y sus familias no para de crecer. A través de denuncias recibidas este año por ABC, se evidencia que el desabastecimiento no es una situación aislada, sino una realidad cotidiana para quienes dependen de tratamientos médicos prolongados.
“Mi medicamento para la artritis cuesta G. 29.500.000. Es una suma imposible para mi. Ni si vendo todo voy a poder tratarme”, fue el reclamo que realizó Ana Laura Mendoza, quien desde mayo no recibe Adalimumab, un medicamento biológico inyectable que reduce la inflamación y es vital para su día a día.
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En los últimos años, varios han sido los casos emblemáticos donde familias debieron sortear hasta bienes personales para costear insumos de terapia intensiva, cánulas, respiradores o fármacos de alto costo no disponibles en los hospitales.
En abril del 2025, un insólito “monumento al pollo” fue instalado frente a la sede del Ministerio de Salud como parte de una protesta para denunciar la grave crisis sanitaria que atraviesa el país. La manifestación, convocada en el marco del Día Mundial de la Salud, fue realizada para visibilizar cómo los paraguayos se ven obligados a recurrir a “polladas solidarias” para financiar tratamientos médicos ante la ausencia de un sistema de salud pública funcional. Pese a los reclamos y las manifestaciones regulares de pacientes y personal de salud, un año después, la situación no ha mejorado; por el contrario, está empeorando.
En junio de este año, por ejemplo, la familia de un paciente internado en el Hospital Regional de Villarrica se vio empujada a organizar una actividad solidaria (pollada) para reunir fondos de forma urgente. El objetivo era pagar una resonancia magnética en un centro médico privado, debido a que los turnos asignados por la red pública presentaban demoras prolongadas que ponían en riesgo la salud del internado.
El caso de la señora Nilsa Torres, paciente oncológica del Hospital Nacional de Itaúgua (HNI) es otro más de desesperación. El pasado 17 de julio, a través de ABC Color, la mujer imploró a las autoridades sanitarias ayuda para la compra del medicamento Sacituzumab, que ya fue solicitado vía amparo judicial, pero que no le proveen.
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“La salud es un derecho constitucional, y la normativa paraguaya reconoce la gratuidad de los medicamentos. Sin embargo, esto es letra muerta, Paraguay es uno de los paises que menos invierte en garantizar este derecho”, se afirma desde la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (Alames).
Medicinas sin stock: ¿Cuánto gasta una familia al mes?
Según estimaciones preliminares de asociaciones de pacientes y colectivos ciudadanos, una familia con un miembro que padezca una enfermedad crónica (como hipertensión, diabetes, insuficiencia renal o cáncer) o requiera de una internación, puede llegar a desembolsar entre G. 1.500.000 a G. 5.000.000 mensuales. La cifra puede ascender astronómicamente si el paciente requiere de fármacos de elevado costo, en algunos casos, llegando incluso a los G. 62.000.000 o más.
Esto incluye la compra de:
- Medicamentos básicos (analgésicos, antibióticos, protectores gástricos) que figuran en el vademécum pero que escasean en las farmacias internas.
- Insumos descartables de uso diario en internación (jeringas, gasas, hilo quirúrgico, catéteres, sueros y guantes).
- Estudios de laboratorio y diagnósticos por imágenes tercerizados debido a la descompostura o saturación de los equipos en los servicios.
Este desembolso al que se ve obligado el ciudadano paraguayo que requiere de asistencia médica, representa una proporción alarmante del salario mínimo vigente en Paraguay que apenas es G. 3.044.000 guaraníes mensuales y, se reduce a G. 117.077 si se trata de un trabajador por jornal.
Este salario condena a la clase trabajadora y a la franja vulnerable a la ruina financiera ante un evento de salud imprevisto. Cuando una familia de ingresos medios o bajos debe asumir la compra de medicamentos de alto costo, insumos descartables o estudios en el sector privado, el impacto en su economía es devastador e inmediato.
En la mayoría de casos, los gastos superan por completo los ingresos mensuales de todo el núcleo familiar, obligándolos a recurrir a préstamos informales con intereses usurarios, a rematar los pocos bienes materiales que poseen, como vehículos y electrodomésticos, o a endeudarse de por vida.
La radiografía del desabastecimiento
1. La crisis en el Instituto de Previsión Social (IPS)
Durante los primeros seis meses del 2026 se dejó en evidencia la extrema vulnerabilidad logística de la previsional, que nuclea a cientos de miles de aportantes. Autoridades del seguro social confirmaron que pese a haberse emitidos los certificados de disponibilidad presupuestaría, actualmente el IPS no cuenta de 134 medicamentos por retrasos de los proveedores, cifra que representa aproximadamente el 26% del vademécum de la institución.
A esto se suma una lista de fármacos que están en licitación, un proceso burocrático y que lleva su tiempo, mientras que otros están con retraso de adjudicación debido a las protestas de oferentes.
Mientras, los aportantes del seguro social -aquellos que mes tras mes pagan por prestaciones médicas que la institución debe garantizarles- se encuentran desamparados y desesperados. “Desde agosto del 2025 que no me dan mis medicamentos. Soy paciente cardiaco, y para no morirme, tengo que comprar mis remedios cada mes. Gasto alrededor de G. 2.000.000 por remedios que el IPS me tendría que dar”, fue el reclamo que realizó Ramón Cristaldo.
2. El Ministerio de Salud Pública (MSPBS)
Por su parte, el Ministerio de Salud enfrenta una demanda desbordada debido a la falta de respuesta del IPS. A esto se suma una deuda de US$ 1.000 con las farmacéuticas, según refirió la propia titular de la cartera ministerial, María Teresa Barán.
Según datos oficiales, cerca del 70% de la población paraguaya no cuenta con seguro médico privado ni cotiza en el IPS, por lo que depende exclusivamente de la red pública.
“Hoy tenemos un grave problema. El IPS está desabastecido, no está dando respuesta a sus asegurados y estos se vuelcan al sistema de salud pública. Entonces, estamos buscando la manera de dar respuesta, prácticamente al 97% de la población paraguaya”, afirmó Barán recientemente.
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No obstante, la ministra de Salud olvidó mencionar que cualquier persona, tenga o no un seguro, tiene derecho a la salud pública. El Artículo 68 de la Constitución Nacional establece claramente que “el Estado protegerá y promoverá la salud como derecho fundamental de la persona y en interés de la comunidad”. Asimismo, la Carta Magna estipula que nadie puede ser privado de asistencia pública para prevenir o tratar enfermedades, pestes o plagas, ni de socorro en casos de catástrofes o accidentes.
Además, Paraguay es signatario de diversos pactos y convenciones internacionales sobre derechos humanos (como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), los cuales reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, obligando al Estado a adoptar medidas para hacerlo efectivo.
Al ser un derecho fundamental consagrado en la ley suprema, el Estado paraguayo —a través del Ministerio de Salud y los entes reguladores— tiene el deber indelegable de diseñar políticas sanitarias, coordinar recursos y proveer la infraestructura necesaria para que cualquier persona, sin importar su condición socioeconómica, ya sea asegurada del IPS o no, pueda recibir atención médica, prevención y rehabilitación de forma gratuita.
La postura de las autoridades ante el desabastecimiento
Ante la ola de denuncias mediáticas y el malestar ciudadano acumulado en los primeros siete meses del año, las máximas autoridades del sector salud han salido al paso para explicar las limitaciones y detallar los planes correctivos.
La postura del Ministerio de Salud
La ministra de Salud Pública, María Teresa Barán, reconoció públicamente que los recursos financieros son limitados frente a una demanda que no para de crecer. Pese a las criticas en su contra desde que inició su gestión en agosto del 2023, la titular de la cartera ha defendido firmemente la administración actual, señalando que se ha destinado una cifra histórica superior a G. 1,9 billones en la adquisición directa de insumos médicos y medicamentos en los últimos periodos, catalogándola como la mayor inversión en estos rubros de los últimos tres gobiernos.
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Desde el Ministerio de Salud se enfatiza que el camino para mitigar el gasto de bolsillo pasa inexorablemente por el fortalecimiento de la atención primaria y un proceso paulatino de descentralización, buscando que los hospitales del interior del país reciban lotes directos y constantes de fármacos para evitar el traslado masivo de pacientes hacia Asunción y Central, epicentros del colapso sanitario.
La respuesta del Instituto de Previsión Social (IPS)
En el ámbito de la seguridad social, las autoridades del IPS —encabezada desde abril pasado por su presidente Isaías Fretes— atribuyen gran parte del desabastecimiento crítico a la mala gestión previa de Jorge Brítez, y a incumplimientos contractuales por parte de las empresas farmacéuticas proveedoras.
“Se hizo el concurso, tenemos la plata, son medicamentos de alta rotación, pero el laboratorio ndorekói la pohã (el laboratorio no tiene el medicamento)”, es una de las expresiones recurrentes utilizadas por Fretes, para justificar que 36 empresas que deben entregar fármacos, están fuera de plazo.
Como respuesta a esta coyuntura, la administración del IPS anunció el lunes último, la habilitación de mesas de trabajo conjuntas con la industria farmacéutica y cámaras de proveedores. El objetivo es rediseñar la cadena logística, optimizando no solo la calendarización de los pedidos sino también garantizando una mayor previsibilidad en los pagos para evitar que los asegurados sufran las consecuencias del faltante de fármacos esenciales.
Estas son las soluciones planteadas y desafíos estructurales
Frente al panorama expuesto entre enero y julio, diversos sectores técnicos, académicos y legislativos coinciden en que se requieren medidas de fondo para aliviar el bolsillo de la ciudadanía. Entre las soluciones prioritarias debatidas en la agenda pública se encuentran:
- Integración y articulación efectiva entre el MSPBS y el IPS: Históricamente, ambos subsistemas han operado de manera fragmentada, generando duplicidad de presupuestos, desaprovechamiento de infraestructura y compras fragmentadas. Las autoridades afirman que una red unificada de compras públicas y complementariedad de servicios permitiría negociar mejores precios con los laboratorios internacionales y optimizar el stock disponible.
- Reingeniería de la cadena de suministro y penalización a proveedores morosos: Las autoridades insisten en la necesidad de aplicar con rigor las normativas de Contrataciones Públicas, sancionando a aquellas empresas farmacéuticas que ganan licitaciones pero incumplen sistemáticamente con los plazos de entrega, dejando a los hospitales desabastecidos.
- Saneamiento financiero y reestructuración de deudas: El debate en el Poder Legislativo sobre la refinanciación y cobertura de la deuda histórica con proveedores (que supera los US$ 1.000 millones) es considerado vital. Sin un saneamiento financiero que devuelva la credibilidad crediticia al Estado paraguayo, los laboratorios continuarán reticentes a presentarse a futuras licitaciones o impondrán sobreprecios para compensar los retrasos en los pagos.
- Transparencia radical en la trazabilidad de medicamentos: Implementar sistemas digitales de control de stock en tiempo real, evitando los conocidos “fantasmas” de medicamentos que figuran en papeles pero desaparecen del parque sanitario o farmacias internas.
El “gasto de bolsillo” en la salud paraguaya no es meramente un problema contable; es un indicador social que refleja la deuda pendiente del Estado con el bienestar de su población.
Mientras las mesas de diálogo entre el IPS, el Ministerio de Salud y la industria farmacéutica busquen encauzar la provisión de medicamentos, miles de familias siguen haciendo malabares financieros para pagar recetas que deberían estar garantizadas por ley. El gran desafío para lo que resta del año y del gobierno de Santiago Peña, radica en transformar las promesas en un alivio real y tangible, logrando que enfermarse en Paraguay deje de ser una amenaza directa contra la estabilidad económica del hogar.