La Justicia resolvió desestimar la denuncia penal presentada contra el director paraguayo de Itaipú Binacional, Justo Zacarías Irún, en la causa conocida como los “pupitres de oro”.
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El expediente investigaba la presunta adquisición de mobiliario escolar de origen chino para instituciones educativas públicas a un precio con millonario sobrecosto y severas irregularidades en el proceso de adjudicación.
La resolución dictada por el juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, generó una inmediata reacción en sectores de la oposición. El senador Rafael Filizzola, uno de los denunciantes, repudió enérgicamente la decisión judicial y denunció la existencia de una “doble vara” en el sistema de justicia para juzgar hechos de corrupción según la cercanía con el Poder Ejecutivo.
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“La Justicia actúa nuevamente amparando a la gente cercana al Gobierno. Para perseguir opositores o disidentes no tienen problema, pero cuando se trata de corrupción en las más altas esferas, todo se desestima”, aseveró Filizzola.
El vínculo empresarial que salpica a la Presidencia
Entre los argumentos más graves expuestos por el legislador, se destaca la presunta conexión directa entre el beneficiario de la licitación y la propia Presidencia de la República.
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Según el senador, el dueño de la firma adjudicada para importar el mobiliario asiático habría prestado previamente su aeronave privada al actual mandatario durante la campaña electoral.
“Es un tema sumamente grave y escandaloso”, aseveró Filizzola, remarcando que este elemento constituía un indicio suficiente para abrir una investigación penal profunda por presunto cohecho o tráfico de influencias, líneas de investigación que fueron desestimadas por el juzgado.
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Sobrefacturación y la falacia de la “urgencia”
Además de la sospecha sobre los vínculos políticos, el parlamentario detalló las irregularidades técnicas y económicas de la adquisición:
- Sobrecosto comprobado: Comparativas presentadas por autoridades locales demostraron que los mismos pupitres importados fueron adquiridos por otras gestiones a costos ostensiblemente menores.
- Desplazamiento de la industria nacional: Se optó por importar mobiliario desde China bajo el pretexto de una “necesidad urgente” de provisión que las industrias paraguayas supuestamente no podían cubrir.
- Incumplimiento de plazos: Los plazos alegados para justificar la vía de urgencia no se cumplieron, sufriendo severos retrasos en la entrega y serias deficiencias en la distribución final.
Filizzola comparó el tratamiento otorgado a esta causa con otros procesos judiciales en curso, mencionando el caso del exministro Arnaldo Giuzzio, procesado por la utilización de un vehículo prestado por un oferente que ni siquiera llegó a contratar con el Estado.
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“A Giuzzio lo llevan a juicio oral sin que haya habido un contrato; pero aquí, donde hay un beneficio aéreo a la Presidencia seguido de un contrato estatal sobrefacturado, la causa se cierra”, enfatizó.
Doble vara y “sicarios de la justicia”
El legislador fue categórico al señalar que existe un grupo de operadores dentro del Ministerio Público y el Poder Judicial que actúan como “funcionales al poder de turno”, al tiempo que aclaró que su crítica no abarca a la totalidad de los magistrados y fiscales que buscan ejercer su labor con integridad.
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Finalmente, Filizzola advirtió que la resolución no clausura el reproche político y social. Aseguró que las acciones legales serán evaluadas y que los precedentes de impunidad serán juzgados por la ciudadanía.
“Este gobierno no va a durar para siempre ni este fiscal general estará de por vida. El pueblo paraguayo está tomando nota de cómo se dilapidan los recursos mientras la ciudadanía no llega a fin de mes”, concluyó.