Un grupo de exintegrantes y cuarteles pertenecientes a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay, conocidos popularmente como los bomberos “azules”, reclama la falta de avances judiciales en una causa contra la actual comisión directiva de la institución. Tras haberse hecho la denuncia penal ante la Fiscalía especializada en Delitos Económicos, la carpeta fue remitida a la Fiscalía ordinaria de Luque, a cargo del agente Jorge Escobar. Los denunciantes apuntan directamente al manejo de los recursos financieros transferidos por el Estado.
Denuncia penal contra la Junta Nacional de Bomberos: acusan lesión de confianza y producción de documentos falsos
Jorge Recalde, abogado de los denunciantes, sostiene que la causa judicial engloba múltiples figuras punibles derivadas de la administración de los fondos institucionales. Entre los tipos penales mencionados figuran la lesión de confianza, la producción de documentos no auténticos y la estafa en perjuicio del patrimonio público.
Entre las irregularidades denunciadas, Recalde señaló que “varios representantes de cuerpos de bomberos han referido que no firmaron la recepción del cupo de combustible que, supuestamente, se les remitió. En la rendición de cuenta en el Ministerio de Economía se ha encontrado una producción de documentos no auténticos por la firma no auténtica de los titulares”, agregó.
Lea más: Municipalidad de Asunción pagará parte de la deuda histórica a los Bomberos Voluntarios
En cuanto al presunto desvío de recursos destinados a obras de infraestructura, Recalde señaló que “se puede observar en las tomas fotográficas que adjuntamos a nuestra denuncia, que muchas de las obras que se han realizado son obras fantasma o porque no se hizo o porque son obras que ya estaban realizadas (con anterioridad)”.
A esto, los denunciantes agregan la figura de la estafa. El abogado de los denunciantes señaló que, “al manejar los recursos de la institución y desviar los fondos han realizado una un beneficio patrimonial para ellos, en contra del Estado, porque los recursos son del Estado y se está entregando a la institución para que lo distribuya. Sin embargo, ellos engañan al Estado y no están redistribuyendo de manera legal los recursos”, dijo Recalde.
Asociación criminal y expulsión de cuarteles: la grave acusación de los ex miembros
La denuncia penal también introduce la presunta comisión del hecho punible de asociación criminal, argumentando que la cúpula directiva opera mediante un esquema de rotación interna de cargos. “El presidente va como tesorero, el tesorero va como presidente, el administrador va como vocal, o sea, ese juego de de posicionamiento a fin de que la administración no salga de ellos”, dijo Recalde.
El conflicto institucional arrastra asimismo denuncias sobre sanciones y destituciones arbitrarias aplicadas a cuarteles que cuestionaron la gestión financiera. Entre los casos emblemáticos figura el del ex presidente del cuerpo de bomberos voluntarios de la ciudad de Encarnación, Emmanuel Son Lee, quien, asegura, fue suspendido y posteriormente desafiliado tras exigir informes detallados.
Lea más: Bomberos de Ñemby piden ayuda para recuperar sus móviles hidrantes
Al respecto de dichas sanciones, el abogado Recalde sostuvo: " En el tiempo en que él (Son Lee) fue presidente, él observó ciertas irregularidades, hizo sus cuestionamientos, motivo por el cual todo el cuerpo recibió una sanción, una suspensión de 3 meses inicialmente de forma totalmente irregular e ilegal".
El profesional añadió que la respuesta institucional fue “la determinación de desafiliar al Cuerpo de Bomberos de Encarnación de la Junta Nacional. Todo dentro de un proceso totalmente injusto, ilegal”, puntualizó, mencionando repercusiones similares para los cuarteles de Limpio, Remansito, Puente Kyjha y Pilar.
El descargo de la directiva de bomberos azules: “No hay legitimidad activa de los denunciantes”
Ante los señalamientos expuestos por los denunciantes, ABC consultó la postura oficial de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay. Su presidente, Gustavo Francisco Alcaraz, rechazó rotundamente los argumentos esgrimidos por los denunciantes y sostuvo que la causa carece de sustento jurídico válido.
Consultado sobre el estado de la investigación penal, Alcaraz afirmó que “no corre esa causa justamente porque no hay legitimidad activa de parte de los denunciantes, ya que la plata es del Estado y el Estado está trabajando con nosotros. No hay tal cosa como ellos dicen”, aseveró el presidente.
Lea más: Tres compañías de bomberos exigen a la Municipalidad de Hernandarias el desembolso de recursos
Alcaraz enfatizó que cualquier observación sobre los fondos transferidos corresponde exclusivamente al Ministerio de Economía y Finanzas. “No corresponde a lo que ellos están planteando. Hemos presentado documentación al respecto, ya que nosotros recibimos plata del ministerio”, indicó el titular de los bomberos azules.
El presidente de la entidad detalló además los plazos y la dinámica de las rendiciones de cuentas ante las carteras estatales. “Una vez recibida esa plata del ministerio, nosotros rendimos. Y 6 meses después de rendir, ellos nos rechazan, cuando nosotros ya hemos distribuido esa plata a los cuarteles, porque la Junta Nacional no hace compras ni hace inversiones, sino que traspasa fondo a los cuarteles”, justificó Alcaraz.
Informe de la Contraloría y obras de infraestructura: la defensa oficial ante el Ministerio Público
Respecto a las acusaciones sobre la existencia de supuestas obras fantasma o construcciones preexistentes presentadas como nuevas rendiciones, el presidente de la Junta Nacional aseguró que la infraestructura física requerida por los cuarteles locales se encuentra debidamente documentada y concluida y que los documentos probatorios fueron puestos a disposición de la Fiscalía.
“Hoy en día los tinglados están todos hechos. Hay todo fotos, se presentaron todos los documentos. La Contraloría recorrió. Nosotros tenemos un informe de Contraloría donde habla de que no hay lesión, no hay nada. No existe lo que ellos hablan. Eso hemos presentado también a la fiscalía”, agregó Alcaráz.
En cuanto a los cuestionamientos sobre persecución interna y destitución de compañías operativas, el presidente alegó que las medidas disciplinarias responden estrictamente al cumplimiento de normativas estatutarias. “Hay cuarteles que han sido cesados de la Junta por faltas, pero con sumario administrativo, con todas las documentaciones”, expresó.
Enmanuel Araujo, abogado de la Junta Nacional, señaló que la falta de avances de la causa obedece a la inexistencia de los hechos punibles denunciados. “Estamos en proceso administrativo de regularización. La denuncia penal de personas que no integran la Junta Nacional es inexacta y descontextualizada”, agregó al tiempo de señalar que, pese a ello, “siempre nos pusimos a disposición del Ministerio Público”.