En una conferencia de prensa realizada esta mañana, el titular del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), Isaías Fretes, acompañado de autoridades de su gabinete, destapó una serie de graves irregularidades administrativas, financieras y operativas que salpican tanto a la gestión de proyectos de agua potable como al uso de recursos de combustible institucional.
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En medio del escándalo, las autoridades sanitarias anunciaron la apertura de auditorías forenses, sumarios y la remisión de antecedentes a la Fiscalía y a la Procuraduría General de la República (PGR).
Corrupción en Senasa: el contrato de US$ 55 millones del BID y las obras abortadas
El denuncia más sensible expuesto durante la rueda de prensa recae sobre el emblemático proyecto de construcción de sistemas de agua potable y saneamiento para pequeñas ciudades y comunidades rurales e indígenas, vinculado al Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa). Dicho plan manejaba una inversión total proyectada superior a los US$ 55 millones, suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$ 40 millones y el Instituto de Crédito Oficial del Reino de España por US$ 20 millones. El proyecto contemplaba una consultoría específica de apoyo técnico y fiduciario valuada en G. 36.060.099.132.
Isaías Fretes, ministro de Salud detalló que el proyecto colapsó debido a un manejo ineficiente y negligente. “Ese proyecto termina abortado por el mal manejo. Se contrató a una empresa para que lo maneje y esta empresa incumplió”, aseveró.
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Santiago Laguardia, director general de Auditoría Interna, expresó por su parte que las consecuencias de estas falencias golpearon directamente a poblaciones vulnerables. Precisó que se descubrió que la distribución de agua en comunidades indígenas como Laguna Negra y La Patria carecía de las condiciones de potabilidad exigidas para el consumo humano, además de evidenciarse una total falta de monitoreo y control de obras. El perjuicio patrimonial preliminar detectado por los auditores asciende a la astronómica cifra de G. 8.530 millones.
“Esto lo estamos auditando para encontrar las evidencias para poder denunciar el daño patrimonial. Ya tenemos los indicios suficientes, por eso hemos iniciado una auditoría forense”, aseveró.
Ministerio de Salud rescinde contrato con Consorcio AH Consultores
Ante este escenario, el director general de Asesoría Jurídica, Gustavo Irala, ratificó las medidas adoptadas de inmediato por la cartera: “En primer lugar, hemos rescindido el contrato con esta empresa Consorcio AH Consultores. Vamos a estar remitiéndola a la Procuraduría General de la República para que inicie las acciones para recuperar el perjuicio que se causó al Estado paraguayo y vamos a presentar también denuncia ante el Ministerio Público, sin perjuicio de los sumarios administrativos si es que encontramos responsabilidad de parte de los funcionarios”, afirmó Irala.
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Consorcio AH Consultores, tiene como representante legal a Hugo Daniel Rodríguez Ayala, según los datos disponibles en la web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Rodríguez Ayala es un exfuncionario de la Senasa; fue jefe del Departamento de Finanzas entre 1996 y 2010, y según una auditoria de la Contraloría General de la República (CGR), percibió bonificaciones de manera irregular en 2009.
Esta grave denuncia se produce a pocos días de concretarse una reestructuración interna en Senasa. El pasado 26 de octubre, —a través del Decreto Nº 7069— el expresidente Santiago Peña, actualmente preso por el caso de Ueno Bank, nombró a Óscar Roberto Velázquez Benítez al frente de Senasa, en reemplazo de Fernando Enrique García Alonso.
Desvío de combustible en Salud: detectan millonarios faltantes en regiones sanitarias
Durante la rueda de prensa también se denunció los escandalosos resultados de las auditorías extendidas al uso de combustible en vehículos, ambulancias y generadores de distintas regiones sanitarias del país. Las autoridades del Ministerio de Salud indicaron que la investigación inició a raíz de una denuncia periodística en la XV Región Sanitaria Presidente Hayes, por un perjuicio inicial de G. 11 millones.
Entre los hallazgos más alarmantes presentados por la Dirección de Auditoría figuran:
- G. 180.391.114.114 (cifra global de desvíos observados por falta de respaldo en tiquetes de carga en la zona de Villa Hayes).
- G. 63 millones detectados en cargas irregulares destinadas a generadores de Unidades de Salud de la Familia (USF).
Irala expresó que la red de corrupción logística no se detuvo allí. En la II Región Sanitaria San Pedro, los inspectores comprobaron manipulaciones en los odómetros de los rodados institucionales para fraguar kilometrajes, además de millonarias cargas destinadas a ambulancias que jamás registraron el traslado de pacientes. El perjuicio estimado en esta zona trepa a los G. 300 millones.
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Las autoridades del Ministerio de Salud aseguraron que las auditorías ya se ampliaron implacablemente a los departamentos de Cordillera, Guairá y Paraguarí, y que irán avanzando para cubrir todas las regiones sanitarias. Irala confirmó que como saldo inmediato de estas pesquisas en Villa Hayes, tres funcionarios fueron separados de sus cargos y denunciados penalmente ante la Fiscalía.
Isaías Fretes, titular de la cartera sanitaria reafirmó de manera tajante el nuevo paradigma bajo el cual operará la institución: “Esta administración no va a permitir situaciones irregulares. Jamás se va a apartar del camino de la honestidad y de la transparencia y de esta modalidad laboral que lo vengo arrastrando desde el IPS, que es rendir cuentas al pueblo de lo que pasa con su dinero”.