Ante una ejecución financiera que roza la parálisis, millones de dólares congelados y un abandono estructural que golpea directamente a la atención primaria, el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) a cargo de Isaías Fretes, emitió la Resolución Nº 894, mediante la cual se dispone la resolución unilateral del contrato de la consultora Ana María Sanabria Benítez, quien se desempeñaba como gerente de la Unidad de Gestión de Proyectos (UGP).
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La decisión se basó en un lapidario informe técnico y financiero enviado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el pasado 4 de noviembre, el cual calificó el desempeño de la operación como insatisfactorio en todo lo relacionado al Programa de Fortalecimiento de las Redes Integradas e Integrales de Servicios de Salud Basadas en la Atención Primaria de la Salud, conocidas como Unidades de Salud de la Familia (USF).
El documento expone demoras crónicas, falta de justificación de fondos y un desplome operativo que mantiene en terapia intensiva un programa clave financiado por el BID.
Fracaso financiero: US$ 45 millones congelados y millonarias rendiciones pendientes
El informe de avance técnico y financiero remitido por el BID al Ministerio de Salud, resalta que la ejecución financiera del programa se encuentra estancada en niveles alarmantes que comprometen el desarrollo de la salud pública a nivel nacional. De un financiamiento total de US$ 45.000.000, los desembolsos acumulados apenas alcanzan la suma de US$ 7.465.753,77, lo que representa un 16,59% del total previsto según el BID, reflejando una pésima velocidad de gestión frente a las necesidades urgentes de la salud pública.
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La contraparte de esta baja ejecución es el monumental saldo no utilizado, que asciende a US$ 37.534.246,23. Sin embargo, el dato más grave que motivó la intervención ministerial recae sobre los fondos ya otorgados, debido a que existen US$ 3.111.634,57 pendientes de justificación por parte de la Unidad de Gestión de Proyectos.
El documento del Ministerio de Salud mediante el cual destituyen a Sanabria Benítez, indica que este monto supera con creces el mínimo requerido de US$ 2.489.307,66 estipulado para habilitar nuevos anticipos de fondos, generando un cuello de botella financiero que asfixia la operatividad del programa y demuestra una preocupante falta de transparencia y agilidad administrativa.
El golpe a la salud pública: USFs abandonadas con un avance promedio del 6%
Si las cifras financieras son desoladoras, la situación en el terreno es aún más crítica. El impacto más sensible de esta gestión deficiente recae sobre las comunidades más vulnerables del país debido al retraso en la construcción y puesta en marcha de las infraestructuras sanitarias.
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El documento constata una marcada inejecución y un retraso crónico en 55 Unidades de Salud de la Familia, correspondientes a la primera etapa del proyecto. Se detalla que al corte del pasado 30 de septiembre, el avance físico promedio de estas obras apenas roza el 6,20%. Más detalladamente, el documento expone que existen sectores que presentan un avance paupérrimo del 2,81%, mientras que otros registran un lapidario 0% de ejecución debido a la negligencia en la gestión de la garantía bancaria.
A este escenario de infraestructura paralizada se suman demoras prolongadas e injustificadas en los procesos de adquisición de insumos y equipamientos esenciales, tales como generadores eléctricos, equipamiento médico y odontológico, lo que está privando a miles de ciudadanos de contar con centros asistenciales debidamente equipados.
Las faltas graves detectadas por el BID en el programa de atención primaria
La resolución del Ministerio de Salud realizado en base al informe del BIB detalla un rosario de incumplimientos por parte de la consultora separada del cargo. Entre las faltas señaladas figuran la incapacidad para presentar en tiempo y forma los informes técnicos requeridos y la falta de diligencia en la supervisión de licitaciones y en la coordinación directa con el organismo financiador.
Desde la institución financiadora también resaltaron que las reiteradas inasistencias a las reuniones de seguimiento convocadas por el banco acrecentaron la ruptura institucional que hoy desemboca en esta destitución unilateral.
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El organismo internacional califica formalmente a la operación bajo la categoría de «Problema» en su evaluación de desempeño para el Ejercicio 2026. El BID advirtió que el ritmo de ejecución amenaza con colapsar las metas del programa.
¿Quién ocupará el cargo? Esto dice el Ministerio de Salud
En las últimas horas, surgió la versión de que Víctor Bernal —quien hasta ayer se desempeñaba como director general de Administración y Finanzas de la cartera sanitaria— sería el elegido para ocupar el cargo. Bernal fue destituido a raíz de un escándalo por millonarios pagos a la empresa Wels S.A., que estuvo ligada a Manuel Peña Palacios, hermano del ahora expresidente preso Santiago Peña.
En medio de la profunda crisis política por el cierre de Ueno bank y el juicio político que provocó la destitución del exmandatario, la cartera de Salud transfirió más de G. 2.400 millones a la firma Wels S.A.
Ante la consulta de ABC Color y el revuelo por la información, fuentes oficiales del Ministerio de Salud negaron de manera categórica y tajante este rumor.
Desde la cartera sanitaria aclararon que el proceso de selección y designación responde a estrictos mecanismos normativos. De la terna de tres nombres que obligatoriamente deben ser planteados al organismo financiador para su evaluación y visto bueno, por el momento solo figura un candidato, y no se trata de Víctor Bernal, afirmaron.