Rendido a los pies de Astrea

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Malograr más de 30 años de carrera donde el cariño de la gente primaba, por pretender más dinero y buscar el poder, tuvo un altísimo costo. Y Hugo Javier González Alegre, más conocido como el “Número 2″, por su faceta como locutor y animador de fiestas tropicales, lo vive en carne propia.

Fue elegido por el cartismo en 2018, como el último recurso político para ocupar un cargo público y pretender administrar todo un departamento conformado por 19 distritos, cuya población estaba carente de fuentes de trabajo, de seguridad, de salud, de educación, y de otras oportunidades.

Fue electo como gobernador del departamento Central, en parte, por su pueblo que lo amaba como animador. Confiaron en él, ya que “era nuevo en la política” y no tenía antecedentes que le pesaran políticamente. Pero no sabía dónde estaba parado. Desconocía las reglas que debía aplicar sin doblarlas y, para su mala suerte, estuvo siempre rodeado de buitres disfrazados de asesores y de honestos funcionarios. ¿Tiene culpa? Por supuesto que la tiene.

Sin embargo, ahora, con una apariencia avejentada, corrompido y aparentemente rendido a los pies de la diosa Astrea, espera fecha para el inicio del juicio oral y público (en una de las dos causas) que deberá afrontar por el presunto desvío de G. 5.105 millones del Fondo Covid-19, dinero que debió ser destinado a la creación de fuentes de trabajo durante la pandemia. La expectativa de pena para Hugo Javier es de 15 años.

El Ministerio Público representado por los fiscales Rodrigo Estigarribia, Diego Arzamendia y Francisco Cabrera halló motivos suficientes para considerarlo culpable, al igual que a otros procesados, por los hechos punibles de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos (facturas clonadas), declaración falsa y asociación criminal.

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Los agentes se mantienen firmes ante el tanteo de liberación de culpas que cada procesado desea instalar y a estas alturas, los primeros frutos cosechados de la investigación significan que aún existe una mínima esperanza de que algún día, podremos vivir mejor.

Por su parte, el juez especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción Humberto Otazú, con una clase magistral sobre leyes, impartida a cada uno de los acusados, no dudó en elevar la causa a juicio oral y público “para que de alguna manera” se haga justicia.

Queridos lectores, no olviden este y otros nefastos casos el próximo 30 de abril, día de las elecciones generales donde decidiremos el rumbo de nuestro país durante cinco años. Sepan ejercer el derecho al voto con absoluta responsabilidad y sin fanatismo.

gladys.villalba@abc.com.py