Denuncian apertura “ilegal” de causa contra Efraín Alegre, a pedido de cartista

“Asumimos la defensa de Efraín Alegre y verificamos que efectivamente el Ministerio Público está promoviendo causa penal en contra del Art. 102 y siguientes del CP (Código Penal). No se pueden investigar hechos prescritos! Plazo de prescripción es de 5 años y ahora en el 2023 buscan hechos del 2011(¿?)”, indicó Guillermo Duarte Cacavelos que asumió la causa junto a su colega Santiago Lovera.

Lea más: Denuncian a Efraín Alegre ante Fiscalía por supuesto desvío de US$ 37 millones del MOPC

El proceso está a cargo de la fiscala Marlene González y la causa fue promovida por el senador colorado y candidato al rekutú, Martín Arévalo (ANR, HC) por supuesto daño patrimonial al Estado por US$ 37 millones durante la gestión de Alegre en el gobierno de Fernando Lugo.

“Si, es la denuncia que promovió el senador Martín Arévalo y se le asignó a Marlene González, y que ella está investigando y está promoviendo la investigación penal sobre bases fácticas prescriptas, porque los hechos que describe, terminaron en el 2011 y en el plazo de prescripción para un hecho de lesión de confianza es de 5 años”, afirmó Duarte Cacavelos.

El periodo denunciado puntualmente abarca todo el ejercicio fiscal 2010 y del 1 de enero al 30 de junio de 2011, de lo cual a la fecha han transcurrido 12 años.

Duarte Cacavelos tomó conocimiento de la causa penal ayer y solicitó informes a la fiscal del caso. Acotó que una vez que tengan acceso a la carpeta fiscal, tomarán acciones al respecto.

“La fiscal no nos dio aún acceso a la carpeta fiscal, con el argumento de que estaba supuestamente en audiencia y no nos dio hoy. El lunes esperamos tener la copia y vamos a plantear la prescripción de la causa y si ella no acepta o prosigue con la causa, veremos que hacer”, subrayó el abogado.

Lea más: Aduanas denuncia al senador Martín Arévalo por tráfico de influencias

Cabe destacar que el denunciante, senador Martín Arévalo (ANR, HC) tiene una denuncia en su contra cajoneada, realizada por el propio titular de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), Julio Fernández (ANR, oficialista) por presunto tráfico de influencias, al presuntamente mediar para liberan una carga de contrabando.

En tanto, la fiscala Marlene González cuenta supuestamente con inconsistencias en sus declaraciones de bienes al igual que su esposo, el juez Elio Ovelar, de acuerdo con la Contraloría General de la República.

“Creemos que hay una celeridad inusitada. Seguramente si se hace un auditoría en Fiscalía se va a poder notar que hay causas mucho más antiguas que no se mueven y que esta si se está moviendo”, acotó Duarte Cacavelos sobre la rapidez con la que se está moviendo este expediente y sin tener “fundamentos legales”.

Según el abogado del presidenciable, la fiscal debió desestimar inmediatamente la denuncia del legislador por “improcedente”. “Ella al recibir la denuncia y se percata que se encuentra fuera del rango de vigencia de la acción penal, lo primero que debería decir es: ‘Lo siento mucho, aunque sea cierto hipotéticamente, está fuera de plazo la acción penal, entonces tengo que desestimar’”, mencionó.

Alegre insiste en que no hay irregularidades

Sobre el fondo de la acusación, referente a un presunto daño patrimonial de US$ 37 millones, según Duarte, su cliente explicó que las denuncias se hacen en base a un informe preliminar de Contraloría y no en base a las conclusiones “donde se dejan sin efecto las objeciones iniciales”.