En menos de 48 horas, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley N° 7633, que establece medidas para la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público, recientemente sancionada por la Cámara de Diputados. El presidente Santiago Peña hizo caso omiso del pedido de los docentes de veto parcial de esta iniciativa.
La Cámara de Diputados sancionó el martes último en sesión extraordinaria una tibia reforma de la Caja Fiscal, con las modificaciones que habían realizado los senadores.
Esto sucedió tras varios discursos de los propios cartistas que arremetieron contra el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, a quien acusaron incluso de haberles mentido para ser aprobada la versión del Poder Ejecutivo.
La ley promulgada establece un aporte estatal del 10%, mientras que el afiliado de los sectores superavitarios lo hará en un 16%, y aquellos trabajadores de los segmentos deficitarios aportarán un 19%.
En el caso de la jubilación ordinaria, la normativa contempla que para los sectores del magisterio nacional, docentes universitarios y magistrados judiciales, el trabajador deberá contar con al menos 25 años de aporte y 53 años de edad, accediendo a una tasa de sustitución (monto de la jubilación) del 78%. Este porcentaje podrá subir gradualmente hasta alcanzar el 90%, en la medida en que el trabajador continúe prestando servicios.
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En lo que respecta a la jubilación extraordinaria del magisterio nacional, esta seguirá conforme a la disposición vigente para el sector, destinada a casos de enfermedad o incapacidad. En estas situaciones, el trabajador puede acceder al beneficio con un mínimo de 10 años de aporte y con una tasa de sustitución del 40%.
La normativa también establece un periodo de transición para que de esta manera los trabajadores del magisterio que cuenten con más de 20 años de aporte puedan optar por regirse por las disposiciones de la legislación vigente, o por las reglas de la nueva ley que eventualmente sea promulgada.
Para el sector de las fuerzas públicas (policías y militares) se aprobó la edad mínima de 55 años para la jubilación ordinaria, frente a 57 años de la anterior versión de Diputados. También se flexibilizó la tasa de sustitución de haberes del 75% al 90% según la versión aprobada por los senadores.
Igualmente fueron incluidas las modificaciones vinculadas a disposiciones sobre herederos y pensiones por invalidez. Asimismo, en el caso de los magistrados judiciales se aprobó la disposición vigente conocida como “dos por uno”, mediante la cual por cada dos años de servicio como funcionario administrativo se reconoce un año de servicio como magistrado a efectos del cálculo jubilatorio.
Tensión y reculada
La aprobación del plan de ley se produjo luego de una nueva reculada de los diputados cartistas, quienes durante sus intervenciones tildaron de mentiroso al ministro de Economía del gobierno, Carlos Fernández Valdovinos.
Estas acusaciones se produjeron debido a que el mismo manifestó a los legisladores del sector oficialista que no había margen de maniobra para realizar modificaciones que no generen una crisis por el déficit de la Caja Fiscal, que el año pasado fue de US$ 380 millones.
Argumentaron que la aprobación que realizaron en el primer trámite constitucional de la reforma de la Caja Fiscal fue bajo engaños de los técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), quienes les pintaron “un escenario catastrófico y apocalíptico”.
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Debate parlamentario
“Sabemos también que esta medida que se toma es apenas un parche por el hecho de que es importante, que terminado el estudio, firmado el decreto, llamar a un gran diálogo nacional”, admitió Cristina Villalba (ANR-HC), en un caldeado debate parlamentario, este martes.
El diputado Hugo Meza (ANR-aliado HC) dijo que los técnicos del MEF les habían presentado un informe catastrófico. “Veníamos trabajando con el ministro de Economía, con técnicos, pintándonos una catástrofe, un apocalipsis. Nos asustamos y salimos a trabajar en una propuesta intermedia que no gustó y con razón salieron a repudiar nuestra decisión. Hemos trabajado en un proyecto similar al que finalmente el Senado toma la decisión política de parar la pelota y decirles a los técnicos que no era ese el camino, y hay que hacer un mea culpa, nos equivocamos y hay que pedir disculpas”, dijo.
Para la colorada cartista Rocío Abed (ANR-HC), el MEF les engañó. El sector técnico les presentó proyecciones, análisis y argumentos que resultaron incompletos, sesgados y hasta manipulados, refirió. “Nos dijeron, nos plantearon un colapso total, de que no había margen para mayor gradualidad ni para incorporar más aportes del Estado, dejando a esta cámara expuesta”, exclamó.
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“La reforma fiscales un fracaso total, una mentira más que este Gobierno va a vender de fronteras para afuera, así como dice que hizo la reforma y modernización de la Policía Nacional, que todos sabemos es mentira. Todas las reformas del Ejecutivo, o son mentira o son un fracaso. Santiago Peña nos engañó”, cuestionó el diputado Rubén Rubin (independiente).
Por su parte, el liberal Diosnel Aguilera criticó a los que ahora se presentan como arrepentidos: “Aquellos que ahora se presentan como los arrepentidos, ayer buscaron atropellar a como dé lugar, sin importar la suerte de los trabajadores. Este arrepentimiento no les quita la responsabilidad, porque bien que lo intentaron, fueron frenados en la calle, y realmente vemos que se cagaron en las patas. Hoy no vemos a los soberbios y bravucones, hoy están con el rabo entre las piernas pediéndole disculpas a esa gente que trabaja en cada elección para que ustedes estén aquí”.
A su vez, Pedro Gómez, del PLRA, expresó que los cartistas fueron los más utilizados por el Gobierno. “Quisieron atropellar, quisieron hacerlo en momento donde los chicos aún no iniciaban el colegio, pensando que la fuerza del cartismo y la fuerza del oficialismo iban a poder con todo y atropellar con todo, y ustedes, presidente, los amigos de Honor Colorado, fueron los mal utilizados”, sostuvo.
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Irán por la “cabeza” de Brítez
Luego de celebrar la “aprobación del mal menor” en referencia al proyecto de reforma de Caja Fiscal, el presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), Silvio Piris, confirmó que los docentes también volverían a manifestarse, pero en esta ocasión para exigir la destitución del presidente del IPS, Jorge Brítez.
Piris adelantó que en un plazo aproximado de 15 a 22 días iniciarían las gestiones para que el presidente de la República, Santiago Peña, destituya al cuestionado funcionario que dirige el ente previsional, junto a todo su consejo administrativo. “Vamos por la cabeza de Brítez. Lo vamos a hacer quemando todas las etapas. Si en un mes, un mes y medio, no tenemos respuesta del Ejecutivo, lastimosamente vamos a tener que recurrir a las medidas de protestas en todos los puestos de IPS del país”, mencionó.
Entre las principales preocupaciones del gremio detalló que se encuentran las adjudicaciones con las que están “morfando nuestro dinero” en casos como la adquisición de sábanas, servicios de jardinería o vínculos hacia firmas ligadas a legisladores o inclusive a la presidencia.
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“Estamos pagando una fortuna y no hay nada en IPS; no tenemos insumos, no podemos seguir permitiendo eso. Vamos a llamar a todos los asegurados, si no salen, significa que les gusta”, apuntó.
