Ayer, miércoles, el abogado Guillermo Duarte Cacavelos presentó ante el Ministerio Público una denuncia penal promovida por los senadores opositores Celeste Amarilla (Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA), Rafael Filizzola (Partido Democrático Progresista) e Ignacio Iramain (Partido Encuentro Nacional) contra el senador cartista Hernán Rivas (ANR, Partido Colorado) por el supuesto uso de un documento público de contenido falso.
La denuncia apunta al uso por parte de Rivas de un título universitario de Derecho de contenido presuntamente no auténtico -se sospecha que el parlamentario cartista nunca estudió la carrera– para sustentar a mediados de 2023 su designación como representante del Senado en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, órgano judicial encargado de juzgar el desempeño de magistrados.
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Recientemente, un Tribunal encabezado por la jueza Bibiana Benítez resolvió el sobreseimiento definitivo del senador Rivas argumentando que el hecho que le imputa el Ministerio Público (producción mediata de documentos públicos de contenido falso, que se habría dado en 2020) prescribió.
Uso del título aún no prescribió, según denuncia
Sin embargo, la denuncia de los senadores opositores argumenta que, si bien la producción del título de contenido supuestamente falso puede haber prescrito, aún no se cumplió el plazo de prescripción -de tres años- para el uso de ese documento como base para la designación de Rivas como representante del Senado en el Jurado de Enjuiciamiento, oficializada por una resolución de la Cámara Alta que data del 6 de julio de 2023.
“Una resolución del Senado del 6 de julio de 2023 lo designa (a Rivas), en su calidad de abogado, como representante del Senado ante el Jurado de Enjuiciamiento. Este hecho claramente no está prescrito”, dijo hoy a ABC Cardinal Duarte Cacavelos.
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Según explicó el abogado, la intención de presentar la denuncia que fue planteada ayer por los senadores es obligar al Poder Judicial a reconocer que el uso del título universitario aún no ha prescrito y reabrir la causa que fue cerrada por el obstáculo de prescripción o que se abra una nueva causa contra Rivas en base a la denuncia sobre el uso.
“O no prescribió porque existe el hecho de 2023, o sí prescribió porque no está en la causa y se debe abrir otra causa”, subrayó.
“Error de razonamiento judicial”
Duarte Cacavelos argumentó que la decisión de los jueces de declarar el sobreseimiento de Rivas con base en la prescripción del presunto delito de producción mediata del título de contenido supuestamente falso es un “error de razonamiento judicial”.
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“Ellos sostienen que, como prescribió la producción, ellos ya no pueden analizar el uso de este documento”, dijo. “Se equivocan gravemente porque la prescripción es un obstáculo a la persecución de un hecho que existió, es típico, antijurídico y reprochable” y la prescripción de la producción “no obsta a que se produzcan efectos civiles o de otras características” a los que “se pueden aplicar consecuencias civiles y administrativas”.
“Para la Fiscalía, el título es falso, lo que dicen es que no se puede sancionar a nadie por ese hecho, pero eso no impide que el hecho sea la base de la punibilidad del uso del documento”, insistió.
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En paralelo a la denuncia de los senadores, el pasado martes, las fiscales Patricia Sánchez y Luz Guerrero, quienes representan al Ministerio Público en la causa original contra el senador Rivas, presentaron un recurso extraordinario de casación por medio del cual piden que el legislador cartista afronte una nueva audiencia preliminar.
Las fiscalas solicitan la nulidad de la resolución del Tribunal mediante la cual se declaró el sobreseimiento y el reenvío del caso a otro juzgado penal de garantías para la sustanciación de una nueva audiencia preliminar con el fin de reencauzar el proceso.