Camilo Pérez, precandidato a intendente de Asunción por el movimiento Honor Colorado, se reunió con integrantes de la Coordinadora de Asociaciones de Ex Combatientes del golpe del 2 y 3 de febrero, que derrocó al dictador Alfredo Stroessner, tras 35 años de tiranía.
El informe refiere que este grupo es protagonista “de la gesta histórica que marcó el retorno de la democracia en el Paraguay, en una jornada de diálogo y respaldo político” de cara a las internas municipales, previstas para el domingo 7 de junio.
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Durante el encuentro, el actual presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP) estuvo acompañado del concejal y precandidato a la reelección Javier Pintos, “se recordaron los acontecimientos vividos durante aquellos días históricos, cuando muchas familias dejaron temporalmente la ciudad por seguridad, mientras los combatientes sostuvieron la defensa de la soberanía y la democracia”.
En su discurso, Camilo Pérez expresó que “muchos tuvimos que salir de la ciudad por seguridad, pero ustedes se quedaron defendiendo la patria y la libertad del Paraguay”.
Además, añadió: “La ciudad vale la pena, por eso hoy estoy acá frente a ustedes. Les pido su apoyo, estoy viniendo realmente para producir el cambio”.
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No puede cobrar indemnización
Los excombatientes de la gesta del 2 y 3 de febrero de 1989 exigen el pago de una indemnización establecida por la Ley 7.081/2024.
El 7 de mayo pasado, el Ministerio del Interior difundió la resolución N° 173/2026, por la cual informó el rechazo de solicitudes de indemnización, conforme a la Ley N° 7.081/23, que establece el régimen de indemnización de los soldados de la gesta del 2 y 3 de febrero de 1989.
Más de 700 personas forman parte de las dos listas de “rechazados” por no haber demostrado su participación, según la institución.
El Ministerio del Interior señala que los solicitantes no presentaron documentación que acredite su participación en el golpe que derrocó al dictador Alfredo Stroessner.
Según la resolución, se solicitó a la Policía Nacional informes detallados para identificar qué unidades conformaban el espacio físico estructural de la ex Policía de la Capital, para ampliar las listas de quienes pudieron haber participado o estado expuestos en el enfrentamiento armado de esas fechas, en la defensa de dicho establecimiento.
La Policía Nacional respondió, según el documento, que no se encontraron registros al respecto. “Al no tener datos de qué otras unidades hayan funcionado en el Cuartel Central de la Policía en el año 1989 (...) como es el caso de los citados en las planillas adjuntas (...) se puede concluir que los mismos no cumplen con el requisito previsto en el artículo 4 del decreto”, dice la resolución.
Dicho artículo establece que los beneficiarios son quienes tuvieron exposición directa y prestaron servicios en el Palacio de Gobierno, la exPolicía de la Capital.
Bajo ese argumento, el Ministerio rechazó las solicitudes de 741 interesados en acceder a la indemnización. La resolución está firmada por el ministro del Interior, Enrique Riera.
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Soldados ya hablaban de imposibilidad de cumplimiento
En protestas realizadas el año pasado, los exsoldados ya señalaban que en la reglamentación incluyeron como requisito la presentación de documentos que no existen en ningún archivo nacional.
“No puede ser aplicado, no tenemos un requisito que piden. No hay documentos o archivos generados antes, durante y después del golpe de Estado. En las instituciones esos archivos no existen”, indicó en su momento el vocero Teófilo Mereles.
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¿Cuál sería el monto de la indemnización?
Los veteranos reclaman el pago de 750 jornales mínimos por persona, lo que equivale a G. 83.626.500. De acuerdo con el vocero del grupo, entre 1.700 y 2.000 excombatientes serían beneficiarios de la indemnización.
La ley que otorga este beneficio ya fue promulgada y reglamentada por el presidente Santiago Peña en septiembre del 2024.