El grupo de 8 legisladores de la oposición que había presentado denuncia penal contra el presidente de la República, Santiago Peña, por presunto enriquecimiento ilícito presentó una serie de requerimientos al fiscal del caso, Jorge Arce, sobre cuestiones que las Contraloría General de la República, a cargo de Camilo Benítez Aldana (ANR), omitió de manera escandalosa en el “examen de correspondencia” a la fortuna de Peña, que en seis años (2017-2023) creció unos G. 21.672 millones sin trazabilidad clara.
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Esta mañana, Peña ratificó su negativa a que se investigue ese periodo entre 2017 a 2023 alegando que no estaba en la Función Pública, algo que la Contraloría, por ejemplo, sí hizo con el extitular de Petropar, Eddie Jara.
Las diligencias requeridas por los senadores Rafael Filizzola (Partido Democrático Progresista), Ignacio Iramain (Independiente), Esperanza Martínez (Frente Guasú) y Rubén Velázquez (Yo Creo), así como por los diputados Raúl Benítez (independiente), Leidy Galeano (Yo Creo), Johanna Ortega (País Solidario) y Adrián Vaesken (Partido Liberal Radical Auténtico) son las siguiente:
- Designación de peritos contables y financieros independientes;
- Análisis integral de evolución patrimonial y trazabilidad de fondos;
- Cruzamiento de información bancaria, tributaria, bursátil y societaria;
- Determinación técnica sobre la correspondencia entre ingresos y patrimonio acumulado.
“No cuadra, ni siquiera cuadraban los períodos que la Contraloría investigó, por eso tuvo que adjuntar información adicional, pero esa información adicional no está, no consta en ningún documento”, afirmó el senador Filizzola sobre el motivo del pedido a la Fiscalía.
El legislador mencionó que entre 2017 a 2023, estando fuera de la Función Pública pero vinculado a empresas proveedoras del estado, registró un aumento de más del 2400% de su fortuna, reportando la compra de acciones de Ueno Bank y siendo empleado de Banco Basa, con un incremento patrimonial de G. 360 millones al mes, siendo que sus ingresos eran de G. 120 millones.
“¿Qué hace la Contraloría? Le investiga hasta el 2017 y después existe un agujero negro entre esos cuatro o cinco años y después vuelve a investigar. Aún así, no le cuadran las cuentas", remarcó Filizzola.
El legislador remarcó que estas diligencias requeridas no son nada fuera de lugar, sino que incluso es algo que cualquier investigador serio del Ministerio Público debería hacer.
“Hay indicios fuertes no solamente de enriquecimiento ilícito. ¿Qué banco le presta a una persona US$ 900.000 para pagar la construcción de una vivienda en un terreno que no es suyo? ¿Y qué empresa constructora te hace una casa gratis?“, cuestionó Filizzola.
El mismo consideró que la respuesta estaría en la situación de privilegio de las dos “empresas amigas” de Peña la constructora Gómez Abente y Ueno Bank, que ahora llamativamente son las más beneficiadas con fondos públicos.
“Resulta ser que esa empresa constructora después se beneficia con contratos con el Estado y ese banco en este momento maneja más de US$ 800 millones del Estado paraguayo y del Instituto de Previsión Social (IPS)”, refirió.
Filizzola destacó -entre otros- la importancia del cruzamiento de información y que la Fiscalía tenga en cuenta sus declaraciones de Impuesto a la Renta Personal (IRP) e Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como de su actividad bursátil (compra y venta de acciones) y societaria.
Esto a fin de determinar técnicamente “la existencia o no de correspondencia entre ingresos lícitos, acreditados y patrimonio acumulado y el análisis de las variaciones patrimoniales, valorización extraordinaria y eventuales mecanismos de ocultación o simulación” de bienes.
Tuvo que haber sido jugador de Libertad
El diputado Raúl Benítez (Independiente) recriminó que a la Fiscalía ni siquiera le llamó la atención que por ejemplo Peña haya construido una mansión de US$ 900.000 en San Bernardino en una propiedad de la cual ni siquiera tenía título de propiedad. Pero lo más grave es que no existe una justificación real de cómo Peña, siendo empleado privado, haya disparado su fortuna en tan poco tiempo.
“Que se investigue. G. 21.000 millones en 6 años, son G. 300 millones mensuales... más de G. 300 millones, 50.000 dólares anuales. Aparentemente Santiago Peña era jugador del Club Libertad. Es lo único que puede explicar ese ingreso mensual que tuvo en ese tiempo”, afirmó Benítez.
Tanto Benítez como Filizzola remarcaron que tiene poca confianza en la Fiscalía, ya que la actuación del contralor Camilo Benítez demuestra el despliegue de un esquema para blanquear a Peña.
“El contralor de la República (Camilo Benítez) es una herramienta de Santiago Peña, es una herramienta del cartismo, es un garrote del cartismo y es un blanqueador serial para los cartistas. Entonces, entendemos muy bien que el diseño de esa declaración, de esa correspondencia de bienes está hecho a medida del presidente de la República", repudió el diputado opositor.
Teniendo esto claro, sostuvo que acá lo que resta ver es “si es parte de ese contubernio el fiscal general del Estado,” Emiliano Rolón", lo cual se confirmará si omiten estas diligencias solicitadas y lo terminan sobreseyendo.
Esperan poco del Fiscal General, que podría recibirse de “inutil”
El diputado Raúl Benítez aclaró que evidentemente tiene poca o nula confianza en el Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, desde el momento que pide a la Contraloría hacer un “examen de correspondencia” cuando debería ser la Fiscalía la que haga la investigación minuciosa.
“Definitivamente no confiamos en Emiliano Rolón. La señal clara (de que estarían por el blanqueo) es que él ya solicitó algo que normalmente no se solicita (el examen de correspondencia)“, recriminó el diputado.
Le remarcó el Fiscal General del Estado que si su institución no tiene la capacidad de fiscalizar las cuentas del presidente por sí misma, debería de irse por “inútil”.
“Si la Fiscalía General no tiene funcionarios para investigar la correspondencia de bienes, para poder ver los extractos, los ingresos, y ver dónde trabajó, en qué gastó el presidente de la República, tiene que cerrarse la Fiscalía o tiene que irse Emiliano Rolon. Si va a recostar su trabajo sobre el contralor general de la República... no necesitamos más inútiles en esta República, que se retire Emiliano Rolon", insistió.
Kattya González se sumó como abogada y advierte “nefasto” precedente
La senadora expulsada por orden del cartismo del Congreso, Kattya González se sumó en apoyo a esta denuncia pero en su carácter de abogada, sumándose al también abogado y hermano de la senadora Celeste Amarrilla (PLRA, Nuevo Liberalismo), Felino Amarilla. Sostuvo que sería nefasto que la Fiscalía desestime el caso, y para colmo cediendo su atribución constitucional exclusiva.
“Nuestro diseño penal no permite compartir con otra institución el dominio de la acción penal pública. En este caso lo que hace la Fiscalía es decirle a Contraloría: “Hacé vos mi trabajo y servime vos de ancla y de soporte para que yo pueda solicitar una desestimación”. Y eso es lo que sería nefasto”, sostuvo González.
La misma hizo referencia a que tanto el artículo 268 de la Constitución Nacional como la Ley Orgánica del Ministerio Público conceden a la Fiscalía la atribución de manera exclusiva de ejercer la acción penal pública, es decir, investigar los hechos punibles.
“En este caso particular, la Contraloría General de la República no tiene nada que hacer. ¿Y por qué hace algo? Porque se está compartiendo el dominio del blanqueamiento del presidente Santiago Peña. Y eso es lo que tenemos que tener en claro a los ciudadanos y ciudadanas que hoy estamos en peligro. Si tenemos una justicia arrodillada al poder político de turno, estamos en peligro todos los paraguayos", remarcó González.
