La Unión Nacional de Jubilados del Paraguay (UNJPY) expresó extrema preocupación por el engañoso proyecto de ley “que declara estado de emergencia en el Instituto de Previsión Social (IPS) y establece un régimen extraordinario para el saneamiento financiero y la protección del fondo de enfermedad y maternidad”, del que alertan que podría terminar rematando a una institución en crisis a manos de los mismos que la llevaron a esa situación, y todo para beneficio de los “amigos” del presidente de la República, Santiago Peña.
“Plantear un ‘Estado de Emergencia Sanitaria’ con soluciones a implementarse en un plazo excesivo o para abarcar problemas ajenos a la causa de esa emergencia, es admitir problemas estructurales mucho más profundos, que en el caso del IPS, son la injerencia político-partidaria en la gobernanza, un sistema de contrataciones permeable a la corrupción, la escandalosa evasión patronal y obrera, y otros problemas estructurales semejantes”, comienza remarcando la nota firmada por el presidente de la UNJPY, Gustavo Canatta y su comisión directiva.
Los mismos enfatizan que es grave que este proyecto plantee darle un cheque en blanco a Peña, remarcando que para colmo “no hay mayor riesgo que otorgar facultades extraordinarias y por demasiado tiempo a los mismos causantes de ese déficit”.
El proyecto de momento no fue incluido en el orden del día de la sesión ordinaria de Diputados del próximo martes 22, pero no se descarta, que si el cartismo quiere, pueda plantear una sesión extraordinaria ese mismo día para tratarlo.
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En su segundo trámite, el Senado cambió radicalmente el proyecto original de Diputados, principalmente en dos artículos (17 y 18) que apuntarían a seguir beneficiando con fondos de la previsional al banco de los exsocios comerciales de Santi Peña, al eliminar los topes legales vigentes.
De hecho, sin esta ley, desde febrero de 2025 el IPS viene violando el tope legal actual (10% de todo su patrimonio) a favor del “Banco amigo” de este gobierno, hasta que finalmente la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones tuvo que llamarle la atención por esta situación.
Este proyecto de ley en su versión Senado, busca legalizar la entrega de más fondos, advierten los jubilados.
“El Proyecto de Ley en estudio autoriza acciones abarcantes de aspectos relacionados con las Inversiones y Colocaciones de las Reservas Técnicas del Fondo de Jubilaciones, o la modificación de Leyes vigentes (Ley de Superintendencia de Jubilaciones). Si la intención legislativa es debatir esas cuestiones, habría que plantearlas en Proyectos de Ley específicos, y no mimetizarlas ladinamente en una normativa de emergencia sanitaria, que principalmente beneficiará a los amigos del Poder Político de turno”, señala la nota.
Hasta la semana pasada, había una clara intención de los cartistas de apurar el tratamiento de este proyecto, pese a que ni siquiera tiene aún dictamen. Sin embargo, tras la pelea al interior de Honor Colorado, el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre le puso el freno de emergencia y no lo incluyó en el Orden del Día, pese a contar con moción de preferencia.
Advierten sobre posible violación constitucional
Pese a ponerse a disposición para el debate y exigir que el proyecto sea cuanto menos sometido a una audiencia pública, desde la Cámara de Diputados aún no ha habido respuesta y hay versiones contradictorias sobre la convocatoria al nuevo titular del IPS, Derlis León para dar su parecer.
La Unión de Jubilados cree relevante un debate amplio, ya que advierte que este proyecto de ley incluso podría estar violando las salvaguardas de rango constitucional a los fondos jubilatorios.
“Lo grave de la propuesta de acciones financieras contenidas en el Proyecto de Ley no está solamente en el aprovechamiento de una emergencia médica para perforar legislativamente el Fondo de Jubilaciones y Pensiones - rompiendo el principio de estanqueidad del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del IPS que garantiza el artículo 95 de la Constitución Nacional, sino en la riesgosa exposición de las Reservas Técnicas Jubilatorias para beneficiar al Programa de Salud y a sus acreedores. El Proyecto de Ley tal como está redactado equivale a admitir la supresión de una garantía constitucional mediante una norma legal y sus consecuentes reglamentos administrativos”.
Finalmente, insistieron en que todos los actores se pronuncien claramente sobre este proyecto de ley, al menos “a efectos de deslindar desde ya las respectivas responsabilidades políticas, económicas y jurídicas por el daño que se podría causar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones, a los miles de Aportantes y Jubilados del IPS”.
La semana pasada, cuando recién se estaba gestando el conflicto en Honor Colorado, el vicelíder de bancada de Honor Colorado en Diputados, Alejandro Aguilera había dicho que este lunes 21 tendrían la reunión de bancada con presencia del titular del IPS, Derlis León para definir su postura (ratificarse en su versión Diputados o admitir cambios del Senado).
Sin embargo, este domingo el líder de bancada, Miguel Del Puerto (ANR, HC) dijo que aún no tenían confirmación de dicha reunión.
Senado bastardeó proyecto e introdujo cambios a medida de exsocios de Peña
El proyecto original de Diputados desde el mismo acápite tenía un enfoque totalmente distinto, centrándose en solucionar la situación de “stock cero” de ciertos medicamentos y las carencias en infraestructura, pero el Senado, una vez más se enfocó en apuntar a un “negocio” con los fondos previsionales.
Para empezar, de los apenas 5 artículos con los que contaba a versión con media sanción de Diputados, el Senado elevó a 20 artículos, siendo los más controversiales el 17 y 18.
El artículo 17 del proyecto de Senado plantea que “los Certificados de Depósitos de Ahorro previstos en el inciso a) y los Bonos, Obligaciones y Títulos de Deuda previstos en el inciso b), emitidos por una misma entidad financiera, se computarán de manera separada e independiente, conforme al límite específico de cada inciso”.
Actualmente la Ley de jubilaciones establece que “la inversión en títulos de deuda emitidos o garantizados por un mismo banco o entidad financiera no podrá representar más del 10% (diez por ciento) del valor total de los recursos financieros y no financieros administrados por las Entidades de Jubilaciones y Pensiones”.
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Es decir, lo que se pretenden legalizar es la violación de los límites actuales, habilitando calcular el límite por cada tipo de inversión y ya no como un total.
Para colmo, hasta la propia Contraloría General de la República advirtió del riesgo que ya representa la “extrema” concentración de fondos en pocas entidades financieras, entre ellas Ueno Bank, que en solo tres años- coincidentes con este gobierno de Peña- ya alcanzó el tope legal vigente, e incluso durante varios meses lo violó.
Esto, mediante los depósitos a la vista, que para seguir dándole plata a Ueno alegaban que no se computaban como inversiones, pero tras un tirón de oreja de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones de que señaló igualmente violaba el límite, se vieron forzados a retirarlos de dicho banco.
El artículo 18 de la versión del Senado empieza señalando que “los recursos del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones del IPS, se incluyen todas las colocaciones a corto, mediano y largo plazo registradas en el Portafolio de Inversiones del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones”, lo que precisamente excluye de las limitaciones a los depósitos a la vista.