La senadora Esperanza Martínez, del Partido Participación Ciudadana (PPC), denunció una “complicidad tremenda” en el caso del pagaré atribuido a la Concertación Frente Guasu y cuestionó la falta de respuestas de los organismos de control ante las presuntas irregularidades. La legisladora también habló de puertas giratorias y de un supuesto direccionamiento que, según afirmó, involucra al presidente de la República, Santiago Peña.
Las declaraciones se producen en medio de los cuestionamientos sobre la actuación del Banco Central del Paraguay (BCP), la Superintendencia de Bancos y el Ministerio Público en torno a un crédito de G. 2.021 millones que Ueno Bank habría reclamado judicialmente al Frente Guasu y a varios de sus integrantes, antes de que el pagaré fuera incluido presuntamente en una venta de cartera a Vinanzas S.A.
“Ahí se demuestra realmente que hay una complicidad tremenda”, afirmó Martínez al cuestionar cómo una operación que involucra documentos con firmas presuntamente falsificadas pudo avanzar sin que se detectaran las irregularidades.
¿Por qué Esperanza Martínez habla de complicidad en el caso del Frente Guasu?
La legisladora puso el foco en la falta de respuestas sobre el pagaré de G. 2.021 millones, fechado el 22 de febrero de 2022, cuya deuda fue reclamada judicialmente por la entonces Financiera Ueno, hoy Ueno Bank, contra la Concertación Frente Guasu, Carlos Filizzola, Aida Robles y Óscar Darío Rojas.
Los demandados negaron haber solicitado el crédito, firmado los documentos o recibido el dinero, y plantearon una excepción de falsedad de título.
Según los antecedentes presentados por Óscar Darío Rojas, una pericia del Laboratorio Forense del Ministerio Público concluyó que las firmas atribuidas a los demandados eran falsas en cuatro documentos: el pagaré, la solicitud de crédito, la liquidación del préstamo y la hoja de certificación notarial.
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Martínez cuestionó que, pese a esos resultados periciales, no se hayan identificado ni sancionado a los responsables. “Vos tenés un documento de la propia Fiscalía que dice que las firmas son falsas. ¿Y dónde están? ¿Y por qué no sancionó? ¿Por qué ella no busca a los culpables?”, expresó.
La senadora señaló que decidió inhibirse formalmente cuando el asunto fue tratado en la comisión que investiga la mafia de los pagarés, para evitar cuestionamientos sobre un eventual tráfico de influencias.
La venta del crédito a Vinanzas y los controles del Banco Central
Uno de los principales cuestionamientos gira en torno a la presunta inclusión del pagaré en una operación de venta de cartera de créditos de Ueno Bank a Vinanzas S.A., empresa que, según la presentación de Rojas, pertenece al mismo grupo económico.
El afectado pidió a la Mesa Directiva del Senado que formule seis preguntas al titular del BCP, Carlos Carvallo, sobre el conocimiento que tenía el organismo regulador de la operación, los controles aplicados, la notificación a los deudores y las medidas previstas ante la detección de documentos cuestionados.
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También solicitó aclaraciones sobre el mecanismo de devolución de carteras cuando se detectan posibles fraudes en la concesión de créditos.
“¿Cómo no se dieron cuenta? ¿Dónde estuvo el Banco Central? ¿Dónde estuvo la Superintendencia?”, insistió Martínez.
La legisladora sostuvo que el caso requiere respuestas concretas sobre los controles que se aplicaron y las responsabilidades institucionales, más allá de las explicaciones administrativas.
Senadora denuncia puertas giratorias y direccionamiento
Martínez consideró que la situación del Banco Central ya no puede abordarse únicamente mediante un sumario para recopilar información. A su criterio, existe una crisis política que compromete la credibilidad de la institución.
“No es un problema ya para mí de un sumario de tratar de ver la información, no. Aquí hay puertas giratorias. Acá hay direccionamiento que involucra al propio presidente de la República”, manifestó.
La senadora vinculó sus cuestionamientos con una cadena de hechos que, según su interpretación, requiere decisiones políticas y una revisión de las responsabilidades de las autoridades.