Tras la exposición de la defensa, los parlamentarios fiscales salieron al paso de los argumentos presentados por los abogados de Santiago Peña, Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda.
El diputado Raúl Benítez sostuvo que pretender desligar a Peña de toda responsabilidad equivale a argumentar que Alfredo Stroessner no tuvo culpa en las torturas de la dictadura. Agregó que, si el mandatario fuera evaluado hoy académicamente como economista, no merecería ser aplazado, sino expulsado, y reiteró que todo el sistema financiero fue moldeado en beneficio de una entidad específica.
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Posteriormente, el legislador detalló lo que calificó como “La ruta de la fuga del dinero”. Exigió a la defensa que no trate de “estúpidos” a los senadores bajo el argumento de que el Banco Central del Paraguay (BCP) es un ente autárquico donde el Ejecutivo no tenía injerencia. Durante su intervención, proyectó extractos de entrevistas donde Miguel Vázquez hacía alarde de su lealtad hacia Peña.
Benítez añadió que, desde el inicio de la administración de Peña, el Instituto de Previsión Social (IPS) canalizó sus fondos hacia Ueno Bank, un movimiento que catalogó como un claro ejemplo de “terrorismo financiero”. Incluso deslizó que una parte de los recursos desaparecidos podría encontrarse en la mansión que el presidente posee en San Bernardino.
¿Qué pruebas presentaron los fiscales del juicio político sobre el manejo de fondos del IPS?
Por su parte, el diputado Mauricio Espínola (ANR) expuso evidencias y declaraciones de altos funcionarios de la dirección jurídica del IPS que apuntaban a Peña como el principal mandante detrás de las decisiones de depositar los fondos del previsional en la citada entidad bancaria.
En la misma línea, el diputado Freddy Franco (PLRA) calificó lo sucedido como “un atraco bien calculado”, comparando el hecho con un asalto planificado a una entidad, con la particularidad de que en esta ocasión “el banco le robó al pueblo”. Tildó a Peña de “angurriento” con el dinero público y ironizó sobre la popular promesa electoral de campaña “plata en el bolsillo”.
¿De qué manera la defensa intentó desvincular a Santiago Peña de la crisis financiera?
Las respuestas a los representantes legales de la defensa no se hicieron esperar. Pedro Gómez (PLRA) afirmó que le daría vergüenza haber sido alumno de los abogados de Peña, respondiendo así a la descalificación previa de la defensa, que había tachado el libelo acusatorio de indefendible.
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Por último, Rodrigo Blanco (PLRA) denunció la existencia de un esquema de complicidad donde hasta el propio presidente del BCP mantenía vínculos laborales cercanos con la institución cuestionada, al señalar que la esposa del titular del ente regulador figuraba en la planilla de pagos de Ueno. “¿Dónde queda la imparcialidad?”, cuestionó, al tiempo de tildar la situación como un caso de “promiscuidad” extrema entre el controlador y el controlado. Blanco concluyó que Peña merece la destitución por haber priorizado el rescate de su banco por encima de la atención a pacientes con cáncer.