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Senador Ever Villalba también presenta proyecto que busca prevenir “las puertas giratorias”

Carlos Carvallo y Santiago Peña, en una puerta giratoria del BCP a Ueno Bank. Imagen generada por IA.
Carlos Carvallo y Santiago Peña, en una puerta giratoria del BCP a Ueno Bank. Imagen generada por IA.

El senador Ever Villalba (PLRA) presentó un proyecto de ley conocido como “puertas giratorias” que busca prevenir los conflictos de intereses entre la función pública y el sector privado. El documento se suma a las iniciativas de los senadores de la multibancada opositoria y del cuestionado contralor Camilo Benítez.

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Ante la debacle de Ueno Bank y la destitución del entonces presidente Santiago Peña, actualmente preso, por su vinculación en el vaciamiento de la entidad financiera que dejó a miles de ahorristas sin su dinero, el senador Ever Villalba (PLRA) presentó hoy un proyecto de ley que busca prevenir los conflictos de intereses entre la función pública y el sector privado.

En enero de 2024, el entonces presidente Santiago Peña pisó su palabra de lucha contra la corrupción al dar un mazazo a la versión bastardeada de la ley que castiga casos de conflicto de intereses o “puertas giratorias” en la función pública. La normativa también eliminó la obligación de reportar vínculos de potencial conflicto de interés con su grupo familiar.

La iniciativa que presentó el senador Villaba establece restricciones para que exautoridades y funcionarios no utilicen información privilegiada, contactos o influencias adquiridas en el Estado para favorecer intereses particulares tras dejar sus cargos.

¿Qué contempla la norma en estudio?

La propuesta contempla periodos de enfriamiento, declaraciones de intereses, un registro público de puertas giratorias y sanciones para quienes incumplan las disposiciones. El objetivo es fortalecer la transparencia, proteger las instituciones y evitar el uso indebido de los recursos y la información pública.

Entre los argumentos de la iniciativa, el senador Villalba señala que la “puerta giratoria” no constituye por sí sola una infracción. “El problema surge cuando el tránsito entre la función pública y la actividad privada genera un riesgo concreto de conflicto de intereses o de influencia indebida, especialmente cuando la persona ejerció funciones decisorias sobre regulación, fiscalización, contratación, sanción o administración de recursos públicos”, refiere.

El parlamentario indica que en el ámbito financiero y regulatorio, este riesgo es particularmente grave: “funcionarios con capacidad decisoria pueden pasar a desempeñarse en entidades sujetas a su regulación, o empresas pueden incorporar a exautoridades para aprovechar información privilegiada, relaciones institucionales o conocimiento adquirido en el ejercicio del cargo”.

“El proyecto no prohíbe de manera genérica el ejercicio de actividades privadas ni afecta el derecho al trabajo. Por el contrario, establece restricciones objetivas, temporales y proporcionales, aplicables exclusivamente a quienes hayan ejercido funciones decisorias o tenido intervención determinante en asuntos vinculados a las entidades privadas afectadas”, apunta el documento.

Hombre con camisa blanca sosteniendo micrófono en recinto legislativo, rodeado de asistentes, todos escuchan atentamente.
El senador Ever Villalba (PLRA) presentó un proyecto de ley que busca prevenir las puertas giratorias.

Necesidad de una ley y límites del régimen

El proyecto de ley refiere que el régimen vigente en materia de función pública, contrataciones públicas y acceso a la información no prevé un sistema integral de prevención de la puerta giratoria ni un procedimiento específico de declaración de intereses y periodos de enfriamiento. La reglamentación administrativa puede establecer obligaciones éticas, pero no puede crear prohibiciones con rango legal ni sanciones que afecten el ejercicio de derechos sin base normativa suficiente.

Tres razones concretas, señala Villalba

El senador Ever Villaba indica que la iniciativa en primer lugar, establece obligaciones verificables de declaración de intereses y vínculos, con criterios objetivos de aplicación.

En segundo lugar, porque fija periodos de enfriamiento y prohibiciones posteriores al cese con rango legal, evitando que su vigencia dependa de la voluntad política de turno.

En tercer lugar, porque crea un registro público de puertas giratorias, un procedimiento sancionatorio con debido proceso y un deber de informe al Congreso, lo que permite evaluar la efectividad del régimen.

Ámbito de aplicación y sujetos alcanzados

El proyecto comprende al presidente y vicepresidente de la República, ministros, viceministros y autoridades de rango equivalente; a los miembros del Directorio, superintendentes, gerentes de supervisión y funcionarios con capacidad decisoria del Banco Central del Paraguay y de los organismos de regulación financiera.

Asimismo, a las máximas autoridades, directores, miembros de consejos de administración y funcionarios con capacidad decisoria de entidades autárquicas, descentralizadas, empresas públicas y organismos reguladores; y a las autoridades y funcionarios que intervengan de manera determinante en contrataciones, concesiones, licencias, autorizaciones, fiscalización, sanciones o administración de recursos públicos.

“Las restricciones posteriores al cese se aplican exclusivamente a quienes hayan ejercido funciones decisorias o tenido intervención determinante en asuntos vinculados a las entidades privadas afectadas. De este modo, se protege el derecho al trabajo y se evita una aplicación indiscriminada del régimen”, consigna el documento.

Período de enfriamiento y obligaciones posteriores al cese

La iniciativa establece períodos de enfriamiento diferenciados según la jerarquía y el nivel de decisión: 24 meses para las máximas autoridades; 18 meses para directores, miembros de consejos de administración, superintendentes, gerentes de supervisión y funcionarios con capacidad decisoria; y 12 meses para los demás sujetos alcanzados.

“Durante dicho periodo, las personas alcanzadas no podrán prestar servicios, asesorar, representar, dirigir, administrar o tener participación controlante en empresas vinculadas a los asuntos en los que hayan intervenido de manera determinante. Tampoco podrán contratar con la entidad pública correspondiente ni realizar gestiones de lobby o influencia sobre asuntos vinculados a su antigua función”, refiere.

Empresas vinculadas, beneficiario final y responsabilidad corporativa

El proyecto indica que el régimen no se limita a las personas físicas. Las empresas vinculadas y los beneficiarios finales que intervengan en operaciones prohibidas podrán ser sujetos de sanciones administrativas, incluidas multas y prohibición temporal de contratar con el Estado. “Con ello se evita que el conflicto de intereses se canalice a través de personas jurídicas interpuestas”, acota.

El proyecto se suma al contralor y a senadores de la oposición

El proyecto de ley que presentó el senador Ever Villalba, se suma a las iniciativas de la multibancada de senadores de la oposición y a la del cuestionado contralor general Camilo Benítez Aldana.

El 9 de noviembre pasado, el contralor Camilo Benítez luego de ser duramente cuestionado por “no ver irregularidades” en la gestión del destituido presidente y ahora preso, Santiago Peña rápidamente “desempolvó” dos proyectos para reestablecer la ley de “anti puertas giratorias” que había sido mutilada por el oficialismo.

Sin embargo, esta presentación llegó tarde, cuando el daño por la flexibilización de la ley “contra puertas giratorias” llevaría al país a la crisis financiera.

Lea más: Diputado pide no olvidar que CGR “blanqueó” declaraciones juradas de Santiago Peña

Dos anteproyectos de ley fueron presentados hoy por el contralor Camilo Benítez, y el subcontralor Armindo Torres, al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.

Uno de ellos propone derogar la Ley N.º 7236/2024 que había sido impulsada por el oficialismo colorado para mutilar la Ley N.º 7089/2023 “Que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública”.

La CGR propone ahora restablecer el texto original recuperando dos salvaguardas esenciales: las restricciones posteriores al cese en el cargo y la inclusión del grupo familiar en la prevención de conflictos de intereses.

En abril de 2023, durante la gestión de Mario Abdo Benítez, fue promulgada la ley contra puertas giratorias, pero lamentablemente fue mutilada en el 2024.

Apenas llegó al poder Santiago Peña, el oficialismo en el Congreso Nacional mutiló la ley, lo que facilitó que profesionales ligados a “empresas amigas” lleguen a la función pública y accedan a documentación privilegiada del Estado.

Por su parte, el 11 de noviembre, senadores de la oposición presentaron un proyecto de ley que busca restablecer el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública, más conocido como “puerta giratoria”, una legislación que fue perseguida y mutilada por el cartismo.

los senadores opositores Rafael Filizzola (PDP), Yolanda Paredes (Cruzada Nacional), Esperanza Martínez (PPC), Ignacio Iramaín (Independiente) y José Oviedo (Yo Creo) presentaron un proyecto de ley “que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública”.

¿Qué impacto tuvo el caso Ueno/Peña ?

“Las puertas giratorias facilitaron el crecimiento de Ueno, su acceso privilegiado a fondos públicos y privados que provocaron la crisis económica, política y social que hoy pagan las familias trabajadoras”, sentenció a través de sus redes sociales la proyectista Esperanza Martínez.

La parlamentaria indicó que por esta razón presentaron una iniciativa que deroga las modificaciones introducidas a la ley original, las cuales debilitaron los mecanismos de prevención y control.

“Vamos a incorporar mejoras durante el actual proceso legislativo de manera a elevar la capacidad de control, la exigencia de transparencia y publicidad, así como las sanciones”, concluyó.

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