10 de junio de 2026

Un tribunal de sentencia de la Tercera Circunscripción Judicial en Itapúa dictó 30 años de prisión a un hombre por el homicidio de su propia hija de dos años, crimen cometido en agosto de 2024. Además, la madre y la abuela de la víctima recibieron condenas de 22 años de prisión por homicidio y abuso sexual en grado de complicidad.

PARAGUARÍ. Funcionarios del Palacio de Justicia de la Circunscripción Judicial de Paraguarí denuncian que trabajan en condiciones inhumanas debido a la falta de climatización en el edificio, lo que incluso los obliga a “hacer vaquita” para comprar ventiladores. La presidenta del Consejo de Administración admite la situación y asegura que se encuentra en proceso una licitación para renovar el sistema central, ya obsoleto.

Desde la Corte Suprema de Justicia aseguran que la Ley N° 7615 que, en resumidas cuentas, elimina la rotación de ministros en las Circunscripciones Judiciales de todo el país, no significa una “restitución de feudos” para los integrantes del máximo tribunal. La alternancia continuará, pero anuncian que será en un plazo mayor a 2 años.

Antes de cerrar el año, la Cámara de Diputados pretende concretar la restitución de los “feudos” de los ministro de la Corte Suprema de Justicia, lo cual se había eliminado en 2023 como mecanismo para evitar que los altos magistrados se enquisten en una sola jurisdicción.

SAN JUAN BAUTISTA, Misiones. El Juzgado Penal de Garantías del Primer Turno de Misiones ordenó la prisión preventiva de Pedro Alejandro Rojas Ayala (28), hijo de la intendenta de la ciudad de San Ignacio, imputado por su presunta responsabilidad en un accidente de tránsito ocurrido en la jurisdicción de San Juan Bautista que derivó en la muerte de un adolescente de 16 años.

La Tercera Circunscripción Judicial en Itapúa anunció a través de sus redes sociales la vigencia de la resolución de la Corte Suprema de Justicia, que levantó la suspensión a las magistrada Laura Benítez (Encarnación) y Nunila González (J. Augusto Saldívar). Las juezas habían sido suspendidas en junio del 2024, tras haber otorgado prisión domiciliaria a un narco condenado a 24 años de prisión e investigado por ordenar un sicariato, que tras revocar la medida quedó prófugo de la justicia.