19 de marzo de 2026

La ministra del MOPC, Claudia Centurión, informó esta tarde que la deuda con las contratistas ronda los US$ 268 millones, unos US$ 92 millones menos que lo reclamado por los gremios. Señaló que propusieron cancelar US$ 150 millones mediante factoraje con garantía estatal y que el Estado asumirá los costos financieros. Además presentarán un proyecto de ley para emitir bonos para cubrir intereses acumulados a las constructoras.

Desde la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) cuestionan que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no libere inclusive los recursos de préstamos multilaterales que ya están disponibles para pagar parte de la deuda con las constructoras. El gremio advierte que de los US$ 360 millones de mora, al menos US$ 125 millones podrían cancelarse con estos fondos, pero el empecinamiento en cumplir el tope fiscal lo impide.

Detrás de las grandes obras públicas por las que hoy el Estado mantiene una millonaria deuda, existen actores más pequeños que componen la cadena. Un economista sugiere mirar cómo están hoy esas empresas y remarca la importancia de la claridad en el manejo de los negocios públicos como una forma de garantizar la seguridad jurídica y atraer inversiones.

Tras el pronunciamiento conjunto de las empresas constructoras ante la millonaria deuda que mantiene el Estado con el sector, Arnoldo Wiens, exministro de Obras Públicas y actual precandidato a presidente de la República, usó sus redes sociales para apuntar a la actual gestión gubernamental y señaló que “un gobierno serio honra sus compromisos”.

Aplicar con rigidez los topes fiscales sin considerar el contexto real puede agravar la crisis en lugar de contenerla, según advierte el economista peruano Milton Von Hesse La Serna, quien —a instancia de Cavialpa— disertará en Paraguay sobre la inversión pública en infraestructura frente a la estrechez presupuestaria. El especialista sostiene que las reglas fiscales, especialmente en recesión, deben admitir márgenes de flexibilidad.

El Gobierno todavía no informó sobre el plan de pago de los más de US$ 1.070 millones que el Estado adeuda a contratistas de las áreas salud, obras y alimento escolar, por provisiones de 2025. Sectores afectados confirmaron que aún no se les convocó y que las cifras que al parecer se pretenden abonar serían insuficientes.