El 14 de agosto de 2024, el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), bajo la presidencia de Jorge Brítez, aprobó la Adenda N° 5 al Contrato N° 06/2020 para la construcción del bloque quirúrgico del Hospital Central, adjudicado a la firma Neighpart SA, representada por Claudio Escobar. Con esta decisión se frenaron nuevamente los plazos contractuales hasta noviembre de ese año (Adenda N° 6) y se dispuso la elaboración de un nuevo proyecto arquitectónico, así como la reubicación de los quirófanos.
Sin embargo, en esa misma fecha la máxima autoridad de la previsional aprobó una instrucción clave. Se trata de la Nota Interna N° 059-0697/24, mediante la cual el Consejo ordenó iniciar un sumario administrativo contra los funcionarios involucrados en el proceso. La medida daba curso al Informe Final AI N° 12/24 de Auditoría Interna, derivado de las irregularidades detectadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
Pese a que la propia Dirección Jurídica -entonces liderada por José “José’i” González Maldonado (denunciado e investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lesión de confianza)- solicitó la reconsideración para instruir las averiguaciones, no existe registro alguno de que el sumario se haya realizado.
Llamativamente, esta omisión tampoco fue advertida ni consignada por el fiscal del caso, Julio Ortiz, en su acta de imputación presentada el pasado 4 de agosto contra nueve personas, entre ellas los expresidentes de la institución, Vicente Bataglia y Jorge Brítez.
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El freno inicial
La apertura de la investigación interna no estuvo libre de dilaciones. Semanas antes, el 30 de julio de 2024, el propio Consejo de Administración había rechazado el pedido inicial de sumario mediante la nota CA N° 054-0653/24, alegando fallas de forma porque la propuesta se limitaba a una adenda en específico y sosteniendo que las observaciones habían sido “subsanadas”.
Al reconsiderar la medida y ordenar el sumario a la Dirección Jurídica, el Consejo justificó su postura sobre la Adenda N° 3 -objetada por la DNCP por presuntas violaciones a la Ley de Contrataciones Públicas- argumentando que no se otorgaron condiciones ventajosas al proveedor ni se modificó el precio original. Según adujeron, solo se reincorporó un 10% del anticipo omitido por error en la Adenda N° 1.
Bajo este razonamiento, la previsional concluyó que no correspondía sancionar las adendas. Así, la orden de sumario pedía que “las investigaciones sean realizadas de manera objetiva, manteniendo la coherencia en su actuar, dando el tratamiento a todos los temas por igual conforme a su propia naturaleza, y de esta forma juzgar a todos con la mayor justicia y equidad posible”.
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Es decir, abarcar desde la planificación del llamado, el borrador y la aprobación del Pliego de Bases y Condiciones (PBC), hasta las adendas 1, 2 y 3; es decir, la gestión completa desde Andrés Gubetich hasta Vicente Bataglia.
A pesar del mandato expreso, González Maldonado archivó o congeló el proceso en la práctica, sin que la Fiscalía indagara hasta la fecha la responsabilidad del exdirector jurídico por esta grave omisión.
Más millones
Mientras los quirófanos modulares siguen sin instalarse y el Ministerio Público estima un perjuicio patrimonial de G. 61.186 millones (de los que se pagaron G. 35.658 millones), la nueva administración del IPS, encabezada por Isaías Fretes, proyecta un nuevo desembolso vinculado a esta obra hasta ahora fantasma.
En paralelo al pedido de congelar otra vez los plazos del contrato, la previsional aprobó el pasado 14 de julio el llamado a licitación para la “Contratación de servicio de evaluación estructural para el Hospital Central”, con un precio estimado de G. 1.500 millones.
El director de Mantenimiento del IPS, Juan José Sánchez, confirmó a ABC que el proceso licitatorio está en marcha y justificó el gasto señalando la necesidad de un diagnóstico integral de todo el edificio. Explicó que el peritaje realizado en 2022 solo abarcó los pisos 7° y 8°, donde originalmente debían instalarse las salas quirúrgicas.
Con este nuevo estudio no se descarta que, tras cuatro años de retrasos, el bloque quirúrgico termine ubicándose en el mismo sitio previsto desde el principio en el contrato, reconoció el alto funcionario.
Lo curioso es que la hipótesis fiscal sostiene que las adendas se usaron para mantener desembolsos por obras inejecutables debido a la “falta de planificación edilicia”. Sin embargo, en el relato oficial no aparece esta reciente insistencia del IPS por postergar el contrato vigente.
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Sumado a esto, la imputación omitió mencionar al expresidente Andrés Gubetich -quien firmó el contrato inicial-, a los consejeros que autorizaron las adendas, a la propia empresa proveedora y, ahora, al exdirector jurídico José “José’i” González, quien congeló la orden de sumario enviada por el propio Consejo de la previsional.