25 de febrero de 2026

La jueza Clara Ruiz Díaz comunicó al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) el pedido de desafuero de la fiscala Stella Mary Cano. La misma fue imputada por la Fiscalía por presunta persecución de inocentes. Así en la próxima sesión del órgano juzgador se estaría analizando la solicitud.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) ordenó la apertura de una investigación preliminar, de oficio, respecto a la actuación de la fiscala adjunta Matilde Moreno, quien evitó la realización de un allanamiento clave luego de la detención de criminales ligados al Comando Vermelho. La denuncia contra la agente del Ministerio Público fue relatada a ABC por el ministro de la Senad, Jalil Rachid.

Para el próximo 10 de marzo se fijó la fecha de inicio del juicio a la ex jueza de paz Nathalia Guadalupe Garcete Aquino, acusada por prevaricato y otros hechos en el marco de la causa conocida como mafia de los pagarés. Por este caso, es la única magistrada hasta ahora que fue removida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) tomó conocimiento y se hizo eco de varios casos judiciales, en los que presuntamente hubo actuaciones irregulares, publicados por ABC Color. En ese sentido, fijó para marzo el vencimiento del plazo para activar su facultad oficiosa a fin de analizarlos y resolver si enjuicia o inicia investigación preliminar en relación a los involucrados.

Las causas contra Isabel Beatriz Bracho y Bernardo Javier Elizaur Aguirre fueron archivadas en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Esto porque actualmente ya no ejercen el cargo de jueza de garantías de Lambaré y de agente fiscal de Emboscada, respectivamente. Fueron enjuiciados de oficio en 2025, por supuesto mal desempeño y por comisión de hecho punible.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió a la fiscala Gloria Mabel Rojas Cañete, imputada penalmente por presunta coima y procesada en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). La medida es sin goce de salario. La agente que tenía a su cargo la causa sobre el feminicidio de María Fernanda Benítez (17), habría exigido un pago en dinero al abogado del procesado por el crimen, a cambio de beneficiarlo con una medida menos gravosa.