Los “deudores alimentarios morosos” ya no pueden obtener registros de conducir ni revalidarlas desde hoy, porque entró en vigencia la Ley N° 5.415/15. Desde la Opaci informaron que todas las municipalidades del país ya tienen acceso a la base de datos de los morosos. Un deudor alimentario moroso es el que debe tres o más cuotas de la obligación alimentaria dispuesta por una sentencia o un convenio judicial homologado.
La Opaci dice que los servicios ofrecidos no generan costo para las comunas que reciben su asistencia. Sin embargo, no pudo cuantificar esa supuesta contraprestación a las municipalidades asociadas, señala el informe final elaborado por la Contraloría General sobre su auditoría a la ONG.
Desde pagos a miembros de la Junta Directiva hasta carga de saldos a celulares sin documentación respaldatoria encontró la Contraloría General de la República (CGR) en su auditoría a la Opaci. El análisis abarcó solo el ejercicio fiscal 2015, correspondiente a la presidencia de Ricardo Núñez, exintendente de Villa Hayes y hermano del diputado cartista Basilio “Bachi” Núñez.
Acaban de conocerse los resultados de la auditoría especial que la CGR realizó en 2016 para saber qué hizo la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) con el dinero que recaudó el año anterior, bajo la presidencia del intendente de Villa Hayes, Ricardo Núñez (ANR). Se tomó bastante tiempo, pues, para constatar que esta entidad, hoy dirigida por el intendente de Guarambaré, Óscar Cabrera (ANR, cartista), no había transferido a las municipalidades la friolera de 18.172 millones de guaraníes provenientes de tributos que cobra, en forma dudosa. Tras la develación de la CGR, ahora resta averiguar el destino que tuvieron los multimillonarios fondos que la Opaci habría ingresado en los otros periodos de gestión.
La Contraloría General de la República (CGR) evidenció millonarias diferencias entre las transferencias realizadas por las municipalidades del país y los registros consignados por la Opaci. Existen casos en los cuales una Comuna declaró que traspasó en 2015 más de G. 2.260 millones, mientras que la ONG hizo constar en su balance de ese mismo año que recibió solo G. 1.222 millones de esa institución municipal.
La Contraloría General de la República (CGR) ingresó hace exactamente siete años a la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) para realizar una auditoría sobre los miles de millones recaudados a través de las municipalidades. Lo llamativo es que, pese al tiempo transcurrido hasta la fecha, no existe un informe final del ente de control. La ONG manejó solo en el año 2015 cerca de G. 42.000 millones.