20 de agosto de 2026

El período de propaganda electoral con miras a las elecciones municipales se inicia mañana y se extenderá por 77 días. Una ley reciente habilita la difusión simultánea tanto en las calles, como en medios masivos impresos, televisivos y radiofónicos. Las redes sociales siguen sin ser reguladas.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hizo lugar al habeas corpus preventivo y dispuso la cesación de las órdenes de detención preventiva que pesan sobre el señor Luis Pedro Aron Cohen. El mismo fue imputado por la fiscala Sandra Ledesma por supuesta apropiación y lesión de confianza; y la jueza de Luque Jennifer Ynsfrán declaró su rebeldía, pero una auditoría del máximo tribunal evidenció que el proceso fue un “apriete” contra Aron Cohen.

El fiscal Orlando Paiva asumió como nuevo agente del Ministerio Público a cargo de la causa que investiga el esquema de estafa con la “venta de cargos” en el Instituto de Previsión Social (IPS), y solicitó la postergación de la audiencia preliminar que estaba prevista para este martes. El juzgado de Garantías atendió la petición y reprogramó para la segunda semana de marzo la diligencia, en la que debe resolver si el caso va a juicio oral, como pide Fiscalía.

Los impulsores de una denuncia contra el exdiputado Orlando Arévalo y su esposa Carolina González por supuesta asociación criminal y otros delitos en torno a la construcción de su lujosa mansión en Lambaré pidieron a la Fiscalía que investigue también a la hija de 22 años de edad del matrimonio.

Los 21 acusados como supuestos integrantes de un esquema que ofrecía cargos y recategorizaciones en el Instituto de Previsión Social (IPS) fueron convocados por el juzgado de Garantías para la última semana de febrero, a fin de llevar a cabo la audiencia preliminar. La Fiscalía pide que la causa sea remitida a juicio oral y público.

El Ministerio Público presentó acusación por presunta estafa y asociación criminal contra 21 personas que supuestamente integraban un esquema de que ofrecía cargos y recategorizaciones en el Instituto de Previsión Social (IPS). Según el requerimiento conclusivo, los acusados solicitaban entre G. 1.500.000 y G. 15 millones por acceder a un puesto laboral o conseguir ascensos en la previsional.