Entidad Binacional Yacyretá (EBY)

Yacyretá ha sido un pésimo negocio para el Paraguay. Testigos de la época cuentan que la firma del Tratado de Itaipú se precipitó por un exabrupto del Gral. Alejandro Lanusse en la mesa del Gral. Emilio Garrastazu Médici, y, por su parte, la del Tratado de Yacyretá, el 3 de diciembre de 1973, hace 52 años, por una llamada telefónica de Juan Domingo Perón a su amigo Alfredo Stroessner. Desde entonces han pasado 13 presidentes en Brasil, 16 en Argentina, aquí cayó la dictadura y se han sucedido diez gobiernos más, y hasta el día de hoy las condiciones leoninas en detrimento del Paraguay en ambos instrumentos continúan vigentes, con una diferencia: Brasil, al menos, ha pagado el precio de costo. Argentina, ni eso. El resultado es que, 52 años después, la deuda por la construcción de Itaipú ya está cancelada, mientras que la deuda de Yacyretá es un agujero negro cuya profundidad nadie conoce a ciencia cierta y que, en vez de reducirse, crece cada vez más.

La central hidroeléctrica paraguayo/argentina Yacyretá, según estimaciones de fuentes técnicas independientes, cerrará el 2025 con una producción de 16.100 GWh.

AYOLAS. Trabajadores del sector pesquero comercial alertan sobre la presencia de grandes cantidades de algas en las aguas del río Paraná, específicamente sobre el Brazo Aña Cua, que afecta seriamente la navegación y la actividad pesquera. Esta situación compromete el sustento de unos 1.300 pescadores de la zona, quienes reclaman a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) la liberación de un mayor caudal de agua a través de las compuertas del vertedero Aña Cua.

El 3 de diciembre de 1973, los gobiernos de nuestro país y Argentina firmaban el Tratado de Yacyretá. 52 años después, la entidad binacional (EBY) adoptó una tarifa provisional, pero no aclara cuándo recuperará la diferencia; tampoco que hará con la deuda que le imputan. De su producción de 31 años, suministró al Paraguay solo 8,4%.

AYOLAS. Exfuncionarios desvinculados de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), sede Ayolas, se manifiestan frente a los portones del ente para exigir su reincorporación a los cargos donde prestaron servicios durante 17 años. La protesta seguirá de manera indefinida hasta obtener una respuesta favorable. Los afectados señalan que la decisión de removerlos fue adoptada sin argumentos claros. Expresan que la medida los deja sin ingresos para sostener a sus familias.