La noción de territorio usado resulta relevante aquí. El territorio adquiere sentido a partir de las acciones que la sociedad desarrolla en él. No basta con describir calles, edificios y límites administrativos; es necesario observar cómo esos espacios son recorridos, ocupados, regulados, recordados y disputados.
En la investigación que sirve de base a esta reflexión se identificó una cartografía sociopolítica trazada durante aproximadamente veinticinco años por seis movimientos sociales, desde el Marzo Paraguayo hasta el presente. Esa cartografía está constituida por recorridos, nodos, lugares de concentración y destinos simbólicos de las manifestaciones. La repetición de esos trayectos confirma que el CHA continúa siendo el principal centro político, histórico y simbólico del Paraguay.
La memoria colectiva no se construye únicamente mediante discursos oficiales. También se produce por medio de las acciones de los grupos sociales. Cada movilización deja una huella en el espacio. Los participantes recuerdan dónde se concentraron, por qué calles marcharon, dónde fueron reprimidos, dónde obtuvieron respuestas y dónde celebraron victorias. Esas experiencias convierten calles y plazas en verdaderos lugares de memoria.
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Desde esta perspectiva, el CHA alberga memorias múltiples. Conviven allí la memoria estatal de la independencia, las guerras y la construcción republicana, con las memorias ciudadanas de luchas obreras, campesinas, estudiantiles, feministas, indígenas, de diversidad sexual y de defensa de los derechos humanos.
El corazón político de Asunción surge precisamente de esa coexistencia. No es únicamente el corazón del Estado; es también el corazón de la ciudadanía movilizada.
Las manifestaciones como prácticas de valorización patrimonial
Una idea central de este planteamiento es que las manifestaciones ciudadanas no dañan necesariamente el patrimonio. Por el contrario, pueden contribuir a valorizarlo. Esta afirmación cuestiona una visión conservacionista que entiende la protección patrimonial como eliminación del conflicto y restricción del uso social.
El patrimonio pierde parte de su significado cuando es aislado de la vida urbana. Una plaza vacía, cercada y privada de usos ciudadanos puede conservar su forma física, pero se debilita su función pública. Un monumento que deja de ser referencia para la comunidad corre el riesgo de convertirse en un objeto distante, desvinculado de la experiencia cotidiana.
Las marchas y concentraciones mantienen activos esos espacios. Los hacen visibles ante nuevas generaciones, incorporan acontecimientos a su historia y fortalecen su condición de lugares significativos. Cuando una manifestación se dirige al Panteón de los Héroes, a la Plaza de la Democracia o al Congreso Nacional, reconoce implícitamente la densidad simbólica de esos sitios. La protesta no los ignora: los selecciona precisamente porque poseen valor histórico y político.
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La ocupación temporal de calles y plazas puede entenderse como una práctica legítima de participación ciudadana. Henri Lefebvre sostiene que el espacio es producido por las relaciones sociales, mientras David Harvey vincula el derecho a la ciudad con la capacidad colectiva de transformar el espacio urbano conforme a las necesidades de quienes lo habitan. Desde esta perspectiva, marchar, reunirse y ocupar temporalmente una plaza son formas de ejercer ciudadanía y de producir territorialidad política.
La valoración patrimonial no debería limitarse, por tanto, a proteger la materialidad; debe reconocer también los usos sociales que convierten al patrimonio en parte de una memoria compartida. Las manifestaciones constituyen una dimensión de esa memoria.
El CHA como espacio de disputa
El carácter político del centro histórico también se expresa en las estrategias estatales de control. La instalación de rejas en plazas históricas, las restricciones de circulación, los dispositivos de vigilancia y la regulación de las manifestaciones son formas de territorialización mediante las cuales el poder organiza el espacio público.
Robert Sack define la territorialidad como el conjunto de estrategias destinadas a controlar personas, recursos y actividades mediante el dominio del espacio. En el CHA, estas estrategias se evidencian en el sistemático enrejado de las principales plazas de concentración de movilizaciones (la Plaza Italia enrejada en el 2010, la Plaza Uruguaya en el 2011 y la Plaza de Armas en el 2022) y en la vigencia de la Ley N.º 1066/1997, conocida como Ley del Marchódromo.
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La existencia de estas regulaciones confirma que el espacio público del centro no es neutral. Si fuera solamente un conjunto patrimonial carente de importancia política, no serían necesarios tantos mecanismos de control. Las restricciones aparecen porque las plazas y calles conservan una enorme capacidad de convocatoria y porque las manifestaciones pueden alterar temporalmente la distribución habitual del poder.
La disputa se produce entre diferentes concepciones de la ciudad. Para las instituciones, el espacio puede aparecer como territorio que debe ser administrado, ordenado y protegido. Para los movimientos sociales, es un bien colectivo donde deben poder expresar demandas y ejercer derechos. El conflicto no es una anomalía externa al espacio urbano; forma parte de su producción histórica.
La Ley del Marchódromo y el agravio al derecho a la ciudad
La vigencia de la Ley del Marchódromo constituye uno de los principales problemas para el ejercicio pleno de la ciudadanía en Asunción. La norma regula y restringe las manifestaciones públicas, limitando recorridos, horarios y áreas de concentración. Su lógica parte de la idea de que la protesta debe ser confinada a espacios previamente determinados para no interferir con el funcionamiento ordinario de la ciudad.
Esta concepción resulta contraria al derecho a la ciudad. Dicho derecho no se limita al acceso físico a calles, plazas y servicios. Implica la capacidad colectiva de participar en la producción, transformación y significación del espacio urbano. Una ciudad democrática no es solamente aquella donde las personas pueden circular, sino aquella donde pueden reunirse, expresarse, visibilizar demandas y disputar decisiones públicas.
La Ley del Marchódromo constituye un agravio a ese derecho porque reduce el espacio público a una función circulatoria y administrativa. Al intentar separar la protesta de los lugares donde se concentra el poder, disminuye su eficacia simbólica y política. Una manifestación campesina, estudiantil o sindical pierde parte de su sentido si no puede dirigirse hacia las instituciones responsables de responder a sus demandas.
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El derecho a la protesta también supone el derecho a ser visto y escuchado. Confinar las movilizaciones a circuitos alejados o excesivamente regulados transforma un derecho ciudadano en una práctica tolerada bajo condiciones restrictivas. Esta regulación afecta especialmente a sectores que no poseen acceso equivalente a medios de comunicación, recursos institucionales o espacios formales de incidencia política.
La contradicción resulta particularmente evidente cuando organizaciones civiles y políticas públicas invocan el derecho a la ciudad, pero se mantiene una legislación que limita una de sus expresiones más importantes: la apropiación colectiva y temporal del espacio público con fines políticos.
Patrimonio, ciudadanía y democracia
La defensa del patrimonio y el derecho a la manifestación no son objetivos incompatibles. La oposición entre ambos suele basarse en una lectura reduccionista. Es posible establecer medidas de cuidado, prevención y corresponsabilidad sin criminalizar la protesta ni vaciar de contenido político al espacio público.
La protección patrimonial debe orientarse hacia la gestión democrática de los usos, no hacia la expulsión de la ciudadanía. Las plazas históricas, por su origen y función, son espacios cívicos. Su valor no deriva solamente de su forma, vegetación o relación con los edificios, sino también de su capacidad para reunir a la sociedad.
En este sentido, el CHA debe comprenderse como un paisaje vivo. La memoria urbana se conserva mediante restauraciones, inventarios y normas de protección, pero también a través de celebraciones, conmemoraciones, encuentros y manifestaciones. Excluir estas prácticas significaría empobrecer el patrimonio y reducirlo a una dimensión exclusivamente material.
La ciudadanía activa valoriza el centro histórico porque lo reconoce como lugar relevante. Cada vez que una movilización lo elige como destino, confirma su centralidad política. Cada vez que una plaza se convierte en escenario de debate, el patrimonio demuestra su capacidad para seguir participando en la vida contemporánea.
Conclusión
El corazón político de Asunción se encuentra en el Centro Histórico porque allí convergen el territorio del poder y el territorio de la memoria. La presencia de las principales instituciones estatales explica una parte de esta centralidad, pero no la agota. El CHA conserva su fuerza porque la ciudadanía continúa apropiándose de sus calles, plazas y monumentos para expresar demandas, recordar luchas, celebrar conquistas y disputar el sentido de la nación.
Las marchas y otras manifestaciones colectivas no deben ser consideradas amenazas patrimoniales. Son prácticas que reactivan la memoria, producen nuevos significados y mantienen vigente la función cívica del espacio público. El patrimonio no se debilita cuando la ciudadanía lo habita políticamente; se debilita cuando queda reducido a una escenografía sin participación.
El CHA es, por ello, un paisaje político-cultural y un territorio usado. Sus edificios y monumentos contienen la memoria oficial del Estado, mientras sus plazas y recorridos acumulan las memorias de los movimientos sociales. Ambas dimensiones no se excluyen. La riqueza del centro histórico reside precisamente en esa superposición de temporalidades, narrativas y usos.
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En este marco, la vigencia de la Ley del Marchódromo representa una restricción incompatible con el derecho a la ciudad. Limitar las manifestaciones a recorridos predeterminados implica reducir la capacidad de la ciudadanía para intervenir simbólicamente en el territorio donde se concentra el poder. Si el derecho a la ciudad significa participar en la producción y transformación del espacio urbano, la protesta pública constituye una de sus expresiones fundamentales.
Reconocer al CHA como corazón político de Asunción exige, finalmente, abandonar la falsa oposición entre patrimonio y protesta. La preservación debe incluir la memoria de las luchas ciudadanas y garantizar que las plazas y calles continúen funcionando como espacios de encuentro, deliberación y expresión. El patrimonio más valioso no es aquel que permanece intacto y vacío, sino aquel que conserva la capacidad de reunir a la sociedad y de seguir produciendo historia, sentido y sueños de un futuro diferente.
Bibliografía
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*Rocío Ortega es arquitecta (UNA), máster en Ciencias Sociales (Flacso-py) y en Relaciones Internacionales y Diplomacia (Unida) y doctoranda en Ciencias de la Historia (UNA). Fue directora general de gabinete de la Secretaría Nacional de Cultura en el Gobierno 2008/2014 y asesora en legislación cultural en la Comisión de Cultura y Educación de la Cámara de Senadores. Actualmente trabaja en la Coordinación de Cultura de la Facultad de Arquitectura de la UNA. Ha publicado Tramo asunceno (2015) y Arquitecturas de la diferencia (2020).