Como previmos en nuestro artículo anterior (1), el cuarto gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva no tardó ni un mes en defraudar las legítimas expectativas de las masas. Aliado a un Congreso extremadamente conservador, ha asestado un duro ataque a la clase trabajadora.
Su histórica «remontada» electoral, apuntamos entonces, se explica en parte por la movilización espontánea en calles y redes —encabezada por la juventud, las mujeres y los jubilados— ante la inesperada ventaja del ultraderechista Flávio Bolsonaro en la primera vuelta. Muchos marcaron el «13» por confianza en el líder petista; otros, tapándose la nariz y solo para impedir el retorno del clan Bolsonaro al poder; todos compartían un mismo temor: el recorte de derechos sociales que traería el «tijerazo» prometido abiertamente por Flávio.
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Bien decía Trotski que «la lucha de clases no tolera interrupciones»: antes de que se disipara la euforia progresista, llegó la primera medida efectiva de Lula y del «frente amplio» que formó con partidos patronales: un paquete de ajuste fiscal —el Proyecto de Ley Complementaria (PLP) 299— que, según estimaciones iniciales, tendría un impacto de casi 11.000 millones de dólares para 2027.
La iniciativa, que, recién aprobada por el Senado, pasa ahora a la Cámara de Diputados, golpea el presupuesto para salud pública —el Sistema Único de Salud (SUS)— y educación y restringe el aumento real del salario mínimo, afectando por extensión a las prestaciones indexadas a él: las jubilaciones mínimas y el Beneficio de Prestación Continuada (BPC), que garantiza un ingreso básico a personas con discapacidad y adultos mayores en situación de extrema vulnerabilidad social. Además, asfixia los fondos para obras públicas y desarrollo científico y tecnológico. Es la vieja receta neoliberal exigida por el mercado financiero: «ajustar las cuentas públicas» —en detrimento del pueblo pobre— para generar «superávit primario» y, con ello, garantizar el pago puntual de la deuda pública a los banqueros nacionales e internacionales.
Sí: estamos ante una de las mayores estafas electorales de la historia reciente de Brasil. El pueblo rechazó el «tijerazo» bolsonarista en calles, redes y urnas solo para recibir el «tijerazo» lulista.
El «tijerazo» lulista
Para comprender este ajuste, es necesario recordar el llamado arcabouço fiscal («marco fiscal»), impulsado por Lula y Fernando Haddad, anterior ministro de Hacienda y dirigente del PT. En los hechos, es la continuación del «techo de gastos» de los gobiernos de Michel Temer y Jair Bolsonaro, que impedía cualquier inversión social por encima de la inflación. Cuando Lula regresó al poder en 2023, impulsó el arcabouço, fijando un límite máximo de crecimiento real del gasto público del 2,5% anual por encima de la inflación. El PLP 299 es aún más regresivo: reduce el tope al 2% en los ejercicios en que se requieran bloqueos presupuestarios para cumplir la meta fiscal, un escenario que el propio Tesoro Nacional proyecta como permanente entre 2028 y 2030.

En el mejor de los casos, esto implica que el salario mínimo —y, por extensión, las jubilaciones mínimas y el BPC— apenas acumulará un aumento real cercano al 8% en todo el período 2027-2030. Al mismo tiempo, asfixia los presupuestos de educación, salud, ciencia y obras públicas.
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Es la receta perfecta para el atraso económico y la subordinación tecnológica. Mientras los países de la OCDE destinan en promedio alrededor del 7,1% del PIB al gasto público en salud, más del 4% a infraestructura, un 2,7% a investigación y desarrollo —con Estados Unidos (3,4%), Japón (3,3%) y Corea del Sur (5%) muy por encima— y más de 12.800 dólares anuales por alumno en educación básica, Brasil destina a salud pública cerca del 4,1 % del PIB; a infraestructura pública, menos del 1%; a ciencia y tecnología, 1,23%; y a educación básica, 4133 dólares por estudiante (un tercio que las economías centrales), condenando al país a la dependencia científica y a la reprimarización de su economía.
Lo cierto es que ninguna potencia desarrolló su industria aplicando las recetas de austeridad que el neoliberalismo impone al tercer mundo.
En síntesis, el nuevo paquete impedirá cualquier incremento real del gasto superior al 2% anual, frenando la inversión social y forzando recortes en programas asistenciales y jubilaciones.
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La salud pública sufrirá además un recorte directo mediante una maniobra sobre los «pisos constitucionales» (garantías de la Constitución que obligan al Estado a destinar un porcentaje mínimo de su recaudación a áreas esenciales para evitar que el gobierno de turno las desfinancie a su antojo). Si bien el PLP 299 mantiene formalmente el piso de salud en el 15% de la Recaudación Corriente Neta, excluye de esa base de cálculo hasta 2030 los ingresos del impuesto a la exportación de petróleo crudo. Cualquier trabajador entiende que no es lo mismo el 15% de 100 que el 15% de 50. Este artilugio contable amputará a la salud pública entre 1800 y 3600 millones de dólares solo en 2027.

Al reducir al 2% el techo de expansión del gasto, los fondos para universidades federales y obras públicas caerán del 1,6% del PIB en 2026 al 1,1% en 2030, según el Tesoro Nacional. Para cubrir el déficit de las universidades, se podrán desviar recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FNDCT) —creado exclusivamente para financiar laboratorios e investigaciones— a gastos corrientes.
A esto se suma un recorte de 2150 millones de dólares en cuatro años en los fondos que el gobierno central gira a estados y municipios para compensarlos por los impuestos que dejan de cobrar a las exportaciones del agronegocio y la minería (la dañina «Ley Kandir»), trasladando el ajuste a los presupuestos locales de escuelas y hospitales.
La falacia liberal
Lula nunca fue socialista, eso es indiscutible, pero incluso en términos capitalistas su programa actual difícilmente podría ser tildado de «desarrollista». Es neoliberal, sin paliativos. Mantiene la misma lógica de subordinación al «mercado» que la derecha tradicional y el bolsonarismo: una política fiscalista de recorte de derechos y restricción de la inversión pública en desarrollo material y tecnológico. En los hechos, aplica la receta del atraso industrial, educativo y científico que promueve el imperialismo. Y todo este paquete se tramitó a tambor batiente, buscando esquivar movilizaciones populares.
Los dirigentes petistas sostienen que el ajuste es «justo» y necesario. El ministro de Hacienda, Durigan, lo declaró el «único camino» posible y prometió al mercado un superávit primario que escalará del 0,5% del PIB en 2027 al 1,5% en 2030. El ministro de Planificación, Moretti, cargó contra la «izquierda sectaria» que se niega a «cortar los privilegios» de los de arriba, alegando que incluye recortes a exenciones impositivas empresariales y un eventual tope a supersalarios del sector público.
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Se trata de una verdad a medias. Buena parte de las medidas que afectan al gran capital carece de plazos claros o queda sujeta a reglamentación posterior. La experiencia demuestra que, tras pasar por el filtro del Congreso, lo que sobrevive es el «ahorro» obtenido a costa de los derechos sociales, mientras cualquier gravamen contra la gran burguesía es descartado bajo la etiqueta de «irresponsable». Cuando se trata de recortar derechos, la discusión es «técnica»; cuando toca a los ricos, es «ideológica».
En el capitalismo dependiente y periférico defendido por Lula, la austeridad nunca recae en la clase dominante. Mientras se asfixian las áreas sociales, el 1% más rico mantiene intactas sus propiedades y su capital especulativo: apenas paga una tasa real de impuesto a la renta del 4,2% sobre sus ingresos totales, frente al 10% o 14% que tributa cualquier asalariado de clase media.

El Estado subsidia generosamente a las élites patronales. Perdona impuestos por cerca de 97.000 millones de dólares anuales, cifra equivalente al 4,3% del PIB y a casi el 20% de toda la recaudación tributaria federal. Con la ola de morosidad en el Plano Safra, la deuda vencida y renegociada de los latifundistas ya supera los 9000 millones de dólares. Esta morosidad —impensable para cualquier familia trabajadora— es tolerada por Lula y su gabinete.
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Cuando los de arriba hablan de «austeridad», la tijera —o la motosierra— corta la carne del pobre. La gran burguesía apenas paga impuestos y lucra a expensas del erario. El «Estado mínimo» pregonado por los liberales solo rige para las mayorías; al gran capital, el Estado le sirve para hacer negocios y, si fracasan, socializar las pérdidas. Basta observar el escandaloso desfalco del dinero público en Ueno Bank para constatar esta verdad.
Lula y el PT, una vez más, estafan a sus electores. Es difícil imaginar a un joven o a un jubilado que haya votado por Lula para que recortara miles de millones de la salud o limitara los aumentos del salario mínimo y las pensiones.
El dilema del «progresismo»
La llamada izquierda y el «progresismo» enfrentan un dilema: denunciar el tijerazo y movilizar a la clase trabajadora, como hicieron hace pocas semanas con fines electorales, o justificarlo con el argumento de que criticar al gobierno sería «hacerle el juego» a la derecha. Enfrentar al gobierno de los capitalistas, o defenderlo. No existe término medio.
Lamentablemente, el progresismo escogió alinearse con el discurso oficial al repetir la mentira de que no se «recortarán derechos» y predicar la pasividad política a las masas. Sin embargo, incluso desde la óptica del oficialismo este ajuste es suicida: cercenará aún más las conquistas sociales y erosionará la popularidad de Lula, allanando el camino para que la ultraderecha capitalice el descontento. Una vez más, el reformismo defiende el «mal menor» cuando, en realidad, prepara el terreno para el retorno reforzado del «mal mayor».
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Por otro lado, existe un sector de la izquierda que, si bien denuncia el ajuste y la estafa electoral —y propone movilizarse—, parte de una premisa falsa: que los gobiernos de Lula no tendrían un carácter de clase definido, sino que estarían permanentemente «en disputa», oscilando a derecha o izquierda según la coyuntura y las presiones. Bastaría «apoyar lo bueno y criticar lo malo» para «empujarlo» hacia la izquierda. Aunque ese planteamiento parece razonable, omite lo esencial: el gobierno de Lula es burgués y, como tal, incluso sus medidas «progresistas» son en última instancia parte de un proyecto reaccionario, con miras a perpetuar el modo de producción capitalista, su hegemonía ideológica y cultural, y sus instituciones condensadas en el aparato estatal. No existen gobiernos ni Estados «neutros». Por eso, «apoyar lo bueno» de un gobierno así crea falsas ilusiones y desarma políticamente a la clase trabajadora.
Al agitar el espantapájaros del «fascismo» y el «mal mayor» para defender al gobierno, la izquierda parlamentaria en Brasil no solo favorece la recuperación del bolsonarismo, sino que impide una política independiente de la clase trabajadora, atrapada entre dos «campos» que, aunque con distinta retórica y modos, son burgueses.
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La clase trabajadora no debería depositar sus esperanzas en empresarios ni en mesías de derecha ni de izquierda. La historia demuestra que la única vía para conquistar y defender condiciones dignas de vida es la organización independiente como clase, contra la patronal y sus gobiernos, incluso aquellos con retórica «progresista». Ese es el gran desafío ante el cuarto mandato de Lula: sostener la independencia política de clase y no abandonar las calles. Lamentablemente, para esa tarea los trabajadores no contarán con el PT, el PSOL, el PCdoB ni otros partidos de la izquierda tradicional, que hace mucho tiempo cruzaron al campo de la burguesía y se acomodaron en sus instituciones.

Notas
(1) León Núñez, R. (2026, 1 de noviembre). ¿Qué esperar de un cuarto mandato de Lula? El Suplemento Cultural, ABC Color.
*Ronald León Núñez (Asunción, 1984) es sociólogo por la Universidad Nacional de Asunción (2009), máster (2015) y doctor (2021) en Historia por la Universidad de São Paulo y miembro del Comité Paraguayo de Ciencias Históricas (CPCH). Ha publicado los libros Revolución y Genocidio: El mal ejemplo de la independencia paraguaya y su destrucción (Arandurã, 2011) y La Guerra contra el Paraguay en debate (Lorca, 2019).

