Muerte de Quintana: un año de misterio y contradicciones

Entrar violentamente en una sede privada sin orden judicial y llevar balines de acero y no de goma –estos últimos utilizados normalmente para aplacar alborotos en las manifestaciones– son algunos de los hechos más llamativos efectuados por los antimotines la madrugada del 1 de abril de 2017. Un año después, las investigaciones no han aclarado qué sucedió en verdad.

Rodrigo Quintana, presidente de la Juventud Liberal de La Colmena, falleció a sus 25 años alcanzado por balines de plomo en la espalda que lo dejaron tendido y le arrebataron la vida en la sede de su propio partido político, un relato propio de la dictadura en plena democracia.

El 31 de marzo de 2017, tras un intento de realizar una enmienda para modificar lo estipulado en la Constitución Nacional y así dar paso a un polémico proyecto de ley que buscaba la reelección del presidente Horacio Cartes, la ciudadanía salió a las calles a manifestarse, por lo que se congregó en mayor cantidad en la Plaza de Armas y en las inmediaciones del Congreso.

Tras varios enfrentamientos y la quema del Congreso, la versión oficial es que, avanzada la noche, ya en los primeros minutos del 1 de abril, los cascos azules siguieron a una turba hasta la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

Grabaciones apuntan que un grupo corrió en esa dirección sobre Iturbe, tirando cascotes y botellas de vidrio hacia los antidisturbios, por lo que la camioneta de cascos azules llegó en contramano sobre esa calle.

Pero la defensa y las imágenes que se difundieron después apuntan a que el atropello pudo haber sido más que una simple represión. Otro dato que llama la atención, en ese sentido, es que solo 40 segundos después del disparo fatal, tres camionetas blancas y dos automóviles, sin identificación oficial aparecieron uno detrás de otro sobre la calle Iturbe —en el sentido correcto— con agentes sin uniforme portando armas cortas.

Las publicaciones de ese entonces refieren que un grupo habría salido directamente de la Comandancia de la Policía camino al PLRA. 

Según se observa en el circuito cerrado, Quintana trató de correr y le dispararon en la espalda, lo cual lo dejó inmediatamente inmóvil en el piso; luego, un efectivo ingresó, le puso el pie encima y siguió su camino.

El disparo ocurrió a las 00:22. La Policía no auxilió a Quintana. A las 00:32, algunos compañeros del dirigente liberal se dieron cuenta de que él estaba tendido en el suelo y mostraron signos de desesperación. Recién a las 00:44 lo sacaron del local.

Arnaldo Andrés Báez, Gustavo Florentín, Éver Benítez y Jorge Ramírez fueron los nombres que otorgó el Ministerio Público esa mañana sobre quiénes habrían asaltado el PLRA.

Posteriormente, fue identificado como Gustavo Florentín el policía que supuestamente abrió fuego contra el fallecido. El mismo expresó ante sus superiores que no sabía que las escopetas estaban cargadas con balines letales.

El 1 de abril, un grupo de fiscales —conformado por Hernán Galeano, Yolanda Portillo, Lorena Ledesma, Raquel Fernández, Jorge Noguera y María Estefanía González, además de los especializados de Derechos Humanos y de Seguridad y Convivencia de las Personas, Lilian Zayas y Eugenio Ocampos— retiraron los videos del PLRA.

El 10 de mayo, la fiscala Raquel Fernández allanó la Comisaría 16ª Metropolitana debido a la sospecha de que el suboficial Gabriel González fue quien dio los cartuchos de balas de plomo a Gustavo Florentín. La fiscala Raquel Fernández había manifestado que González se dirigió a las 11:50 a la sede del Congreso y que luego se lo puede observar también en las inmediaciones del PLRA. 

La versión de la Policía señalaba que Florentín tenía que cumplir arresto por una denuncia de violencia intrafamiliar, por lo que prácticamente se escapó solo del recinto o salió sin autorización oficial, tomó un arma y fue a asesinar a Rodrigo.

La Policía mostró unos videos en los que supuestamente Florentín abandonaba la Comandancia sin autorización y emitió audios en que aseguran "dieron indicaciones de no entrar al PLRA", lo que apuntaba a que estos uniformados que ingresaron al sitio habrían actuado “irresponsablemente” sin una orden de arriba.

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“Hubo una pequeña confusión ayer o gran confusión; se puso en el acápite, 'saliendo' cuando en realidad entraba y 'entrando' cuando en realidad salía. Hubo dos videos; estamos queriendo transparentar”, indicó en aquel momento Ariel Martínez, entonces viceministro de Asuntos Políticos, en contacto con ABC Cardinal.

“Él entra y sale solo, tenemos que ver todos los circuitos cerrados, tenemos que ver en qué momento se infiltró. Tenemos documentación que desde tempranas horas estaba saliendo él con el arma. Él no estaba destinado a los procedimientos, no formó parte del pelotón de la Comandancia y también ayer presentamos un audio en el cual un alto mando policial, el comisario Fabio Cantero, daba órdenes de que no se ingrese al local del PLRA”, declaró.

Escuche el audio: "Suboficial Florentin no debió formar parte de ningún pelotón", dice Viceministro

“Tenemos que determinar con exactitud si hubo una orden y quién dio una orden. Eso está en manos de la Fiscalía. Él (Fabio Cantero) dice que dio la orden (de no entrar), se escuchó que dio la orden”, acotó Martínez.

La Policía no supo decir quién fue el comisario a cargo del operativo que dispuso cómo se debía ingresar al local partidario, o bien, si se abría fuego o no. Se desligaba del conocimiento de cómo funciona internamente la institución, dejando el trabajo de la investigación al Ministerio Público.

Gustavo Florentín estuvo desde tempranas horas en las inmediaciones del Congreso el 31 de marzo de 2017 y otro análisis de imágenes más reciente revela que Florentín no solo estuvo ese día, sino el 28 de marzo, cuando la Policía ingresó al local parlamentario, por lo cual la versión de que solo se escapó de prisión durante la noche de los hechos más violentos y se infiltró cae con más fuerza.

“Hablar de encubrimiento es una tergiversación. Ya salió que él no solo salió ese día, sino salió antes, que no había estado antes. La Fiscalía debe determinar si salió de motus propio o si salió por orden de alguien, pero la Fiscalía no hizo la investigación que debía hacer”, manifestó recientemente el mismo Ariel Martínez, ahora ministro del Interior.

El policía sindicado como principal autor de la muerte de Quintana escribió una carta en la que contaba cronológicamente cómo se dieron los hechos, desde su posición.

Asegura en el manuscrito que el oficial 1º Romero le ordenó que vaya a cubrir el Congreso a las 16:30. A las 22:00 se acabaron las municiones y “el comisario general Enrique Isasi hace entrega de cartuchos en frente de la Comandancia, a bordo de una Isuzu D-max color negro. Todos los escopeteros nos vamos a retirar estos cartuchos”, relata Gustavo Florentín.

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Siempre en base a esta redacción del oficial, a las 23:30 llegó el comisario principal Amado Cantero y les ordenó que se dirijan hasta ABC Color y luego una turba que se dirigía al PLRA. “Ahí el comisario principal en todo momento nos ordena que avancemos”, asevera Florentín en la nota.

Finalmente, dijo que al llegar a la Comandancia, como a las 2:30, llegó a la Comandancia y entregó el arma con cuatro cartuchos sin percutir, los cuales supuestamente eran de goma.

Luego, la defensora de Florentín, Selva Rodríguez, aseguró que el suboficial le confesó que el comandante Amado Cantero había recibido la llamada de un tal José, por lo que la letrada presumió que podría tratarse de José Ortiz, gerente de la tabacalera del presidente Horacio Cartes. Ortiz es una persona que tiene bastante acercamiento con la Policía, según han declarado en varias ocasiones políticos nacionales.

La defensa de la familia Quintana, conformada por Guillermo Duarte Cacavelos y Santiago Lovera Velázquez, afirmó que las señales de que Gustavo Florentín, quien disparó al dirigente liberal y encabezó el atraco al PLRA, no actuó solo, consisten en que en el operativo se encontraban altos jefes de la Policía. Además, señala que un grupo fue directamente a efectuar disparos contra la oficina de Efraín Alegre, titular del partido.

Enumeró la cantidad de oficiales que hicieron presencia en el local liberal, que fueron alrededor de 20, y –en base a las cámaras de las inmediaciones– apuntan a que las represiones y violencia se dieron en simultáneo en todos los frentes del sitio.

En agosto del año pasado, el Ministerio Público dividió la investigación del ataque policial contra la sede del PLRA por cada uno de los imputados: una para el comisario Tomás Ramón Paredes Palma, otra para el oficial Guido Armando Amarilla, una tercera para Gustavo Adolfo Florentín y la última para el suboficial Arnaldo Báez.

Paredes Palma fue imputado por inducir a un subordinado a cometer un hecho punible, quien sería Gustavo Amarilla, el agente de rango mayor entre los antidisturbios, acusado por tentativa de homicidio doloso, mientras que Arnaldo Báez fue acusado de coacción.

Hasta el momento, los policías lograron evitar la audiencia para la imposición de medidas a través de chicanas judiciales, a un año del atraco, mientras que el asesinato de Quintana fue caratulado: “Gustavo Florentin y otros s/ homicidio doloso y otros”.

En busca de la reiterada pregunta hasta ahora jamás respondida de “¿quién dio la orden?”, la defensa de la familia Quintana apuntó a la lógica de investigar las llamadas que se efectuaron esa noche entre las autoridades y la Policía Nacional para tratar de dilucidar el origen de la represión organizada.

Según los abogados, en base al extracto de las llamadas, hubo comunicaciones entre altas autoridades nacionales y entorno del Ejecutivo: como el comandante de la Policía, Críspulo Sotelo y José Ortiz, gerente de la tabacalera de Horacio Cartes; Luis Canillas, asesor de Yacyretá y también de Horacio Cartes, entre las 22:00 del 31 de marzo de 2017 y la 1:30 del 1 abril de 2017. 

No obstante, la Fiscalía se negó a investigar el detalle de las conversaciones porque alegó que no alimentará el “morbo”. Posteriormente, el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, defensor de la familia Quintana, solicitó al juez penal de garantías Alcides Corbeta que solicite el detalle de las mencionadas conversaciones, quien también lo rechazó en octubre del año pasado.

Finalmente, en enero de este año, el juez Corbeta accedió a solicitar los registros a tres telefónicas; sin embargo, en esta ocasión se negaron tanto Tigo como Personal a facilitar la pesquisa, incluso argumentando que los datos se habían borrado. Tras una insistencia, las empresas accedieron a entregar los detalles.

La fiscala que inició la investigación fue Raquel Fernández y luego se sumó Lorena Ledesma. La misma imputó al comisario Tomás Paredes Palma, subjefe del departamento de Investigación de Delitos, por el atropello al PLRA. Ambas fueron recusadas: Fernández por la defensa de Quintana y Ledesma por el comisario Paredes Palma.

La fiscala Fernández siguió con el caso y fue recusada nuevamente por la defensa. Tras quedarse la causa sin investigadora, en enero de este año designaron a la fiscala Teresa Rojas, con la asistencia de la agente Marlene González.

Rojas también fue recusada por Paredes Palma, justo cuando iba a retirar los datos de Tigo. Luego, la misma fue confirmada nuevamente en febrero. Posteriormente, el fiscal Ricardo Merlo la reemplazó durante sus vacaciones y se comprometió con políticos liberales a acelerar la pesquisa.

Rojas continúa a cargo de la investigación. El último avance en el caso fue el inicio del peritaje de las llamadas efectuadas momentos antes del atraco al PLRA.

Un año después, el Ministerio Público no concluyó si el ataque fue planeado, quién dio las balas letales a Florentín, bajo el permiso de quién Florentín estuvo en los operativos del Congreso desde el 28 de marzo y principalmente: quién dio la orden para ingresar y disparar en la sede partidaria con balas de plomo, mientras que solo hasta el 3 de abril la Fiscalía tiene tiempo para presentar pruebas contra los procesados.