El intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-HC), ingresó este miércoles a la sesión ordinaria de la Junta Municipal tres mensajes para solicitar la ampliación de contratos para la Dirección de Vialidad por G. 3.811 millones. La inyección presupuestaria para la compra de insumos contrasta con los US$ 18 millones recaudados en 2025, que debían destinarse exclusivamente al arreglo de las calles capitalinas, pero que no se ven.
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Esta nueva solicitud de fondos se da en medio de un escenario de abandono crítico de la infraestructura pública local. El concejal Álvaro Grau (PPQ) denunció que el 85% de las calles de la ciudad tiene actualmente su vida útil vencida y criticó que las principales avenidas de la capital carecen por completo de señalización horizontal básica.
Por su parte, Pablo Callizo (PPQ) reveló que la Dirección de Vialidad de la comuna ya consume un presupuesto ordinario de US$ 14 millones anuales. Para el edil de la oposición, resulta inadmisible que esta millonaria compra constante de piedras, arena y aditivos asfálticos no se traduzca en mejoras viales perceptibles para los contribuyentes.
Planillerismo y quiebra: el destino de los fondos en la Municipalidad de Asunción
Álvaro Grau (PPQ), señaló que el problema no es solo la falta de fondos, sino que la prioridad real de la Intendencia sea sostener una estructura electoral. Para el edil, el dinero se prioriza para mantener a “planilleros” en lugar de invertir en obras.
Mientras las calles de la capital se hunden, solo en 2025 la Municipalidad de Asunción gastó US$ 121 millones en salarios, reclamó Grau. De reducirse la plantilla de funcionarios a la mitad, como recomienda Grau, la comuna dispondría de al menos US$ 60 millones para el mejoramiento de las calles de la ciudad.
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Para el concejal, el escenario de quiebra institucional de la comuna, que hoy carece de capacidad financiera para hacer frente a la problemática vial, se profundizó con el desvío de los bonos G8 (2022), que debieron ser para obras y se usaron para pagar salarios y otros gastos corrientes.
El legislador advierte que este faltante obligará a los ciudadanos a pagar el triple: “va a tener que pagar los G. 500.000 millones, más los intereses y va a tener que sacar plata para hacer las obras que se tenían que hacer con eso y no se hicieron”, dijo.
El negocio del bacheo “al ojo” y las urgencias contractuales de última hora
Para el concejal Pablo Callizo (PPQ), el millonario gasto destinado para vialidad, no funciona, debido a bacheos que se ejecutan sin rigor técnico, mezclando insumos “a ojo”. El edil remarcó que el asfalto caliente se traslada en camiones sin aislamiento térmico y se vuelca directamente sobre baches con agua y tierra.
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“Hoy vos ves a gente sentada o parada en el asfalto. Eso tiene que tener mínimo 150° C o 200 ° C de temperatura y obviamente no tiene porque la gente está ahí sentada como si nada. (El bacheo) se hace con el pavimento mojado, se hace con tierra, con impurezas, que hace que no se pegue finalmente el asfalto”, criticó.
“(Los insumos) se dosifican a ojo, pero eso lo que hace es que pueda salir una mezcla muy blanda o muy dura y que finalmente termine generando fisuras o que agrande incluso el bache a futuro. Entonces, las cuatro etapas del proceso constructivo de los baches están tan mal hechas, que si eso se mejora y se corrige, se puede solucionar de raíz”, remarcó.
Contratos “dirigidos” y urgencias falsas, denuncian
El concejal Humberto Blasco (PLRA), en tanto, advirtió además sobre la imprudencia de realizar prórrogas contractuales a largo plazo al final de un mandato, argumentando que esto “ata” a la ciudadanía a los contratistas seleccionados.
“¿Qué pasa si no son estas las necesidades que el pueblo vote en octubre de este año, y vamos a quedarnos con contratos que van a ser inservibles o poco provechosos para la ciudadanía”, dijo.
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El edil remarcó que “rescindir un contrato tiene penalidades altísimas y costos que va a tener que asumir la próxima administración municipal. Por eso pedimos prudencia y lo de la urgencia es un cuento, todo se puede ajustar al plazo que queda a este mandato de manera que no queremos que se corte el servicio”, agregó.
“Estos lo que quieren es atarnos a contratistas que ellos seleccionaron de manera dirigida y, como vemos en las calles, poco provechosas para la ciudadanía en torno al servicio que están ofreciendo o a los bienes que también están ejecutando”, reclamó.