La Junta Municipal de Asunción intimó al intendente, Luis Bello (ANR-HC), a modificar la ordenanza N° 132/24 tras la sanción de G. 1.244 millones impuesta por la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) a la comuna. El ente regulador había determinado que la normativa impone un esquema ilegal de monopolio en el servicio de desinfección obligatoria para los comercios locales.
Durante la última sesión ordinaria, el miércoles, los concejales capitalinos reaccionaron ante el dictamen de la comisión técnica y exigieron desmantelar dicho régimen de exclusividad. Para avanzar con las reformas normativas institucionales, el pleno otorgó un plazo máximo e improrrogable de 30 días a las comisiones de Legislación, Salud y Hacienda, para emitir en conjunto recomendaciones para adecuar la legislación.
Postura de los concejales: de la ilegalidad al plazo para cambiar la ordenanza
El concejal Humberto Blasco (PLRA) sostuvo que la Municipalidad busca mantener un monopolio que resulta deficitario y altamente criticado por los contribuyentes. Señaló que la capacidad municipal es insuficiente, ya que solo alcanza a cubrir un 10% de la demanda potencial (unas 50.000 a 80.000 patentes), lo que demuestra que la institución “no puede agarrar toda la torta”.
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Blasco cuestionó además que el modelo actual no se encuentra encuadrado dentro de los preceptos fundamentales de la Constitución Nacional y expuso que el municipio debe limitarse a regular y fiscalizar los servicios privados en lugar de impedir la participación de las empresas comerciales. El edil lanzó una dura crítica al revelar que, además de privar de la posibilidad de ofrecer el servicio a los privados, la comuna operaba sin aval técnico y afirmó: “Totalmente mau (falso) era nuestro servicio".
El concejal Augusto Wagner (PLRA) solicitó al cuerpo legislativo trabajar de forma urgente en la redacción de un nuevo texto legal que garantice de manera plena la libre competencia. El plazo para los cambios quedó fijado en 30 días. El edil recordó que la Conacom estableció con claridad que las autoridades municipales no deben limitar la provisión de este tipo de servicios sanitarios.
El millonario negocio de las tasas: proyectan recaudar hasta G. 100.000 millones
Desde el oficialismo, el concejal Miguel Sosa (ANR-cartista) sostuvo que el problema no está en la actual redacción de la norma, la cual, a su parecer, no restringe la apertura del mercado. El edil argumentó que el inconveniente radica en la falta de iniciativa de la Intendencia para llamar a una licitación pública destinada a la concesión del servicio a firmas privadas.
El concejal cartista dijo que, con el sistema vigente, la municipalidad recauda aproximadamente G. 5.000 millones anuales por los controles efectuados a los contribuyentes de la capital. De aplicarse el modelo de concesión propuesto , estiman que los ingresos anuales pasarían a ubicarse entre G. 80.000 y G. 100.000 millones.
Cómo operaba el monopolio en el control de plagas sancionado por Conacom
En el proceso abierto contra la comuna, Conacom determinó que la Municipalidad actuó de forma directa como un agente económico dominante y distorsivo en el rubro del control de plagas.
El esquema operativo obliga de manera forzosa a industrias y comercios a abonar aranceles exclusivamente a la comuna, lo que impide a los usuarios del sistema elegir alternativas privadas y más económicas en el mercado.
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Este proceso se inició formalmente a raíz de una denuncia de la Cámara Paraguaya de Controladores de Plagas en el 2024.
Apelación municipal, citación al asesor jurídico y la herencia de Nenecho Rodríguez
El director de Asuntos Jurídicos de la comuna, Jorge Sabaté, había respondido a las consultas de ABC señalando que la institución presentaría un recurso contencioso- administrativo ante los tribunales para intentar frenar la sanción aplicada. Sabaté alegó que el origen del conflicto corresponde a la anterior administración, liderada por Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC).
Por pedido del concejal Javier Pintos (ANR-HC), la Junta decidió convocar al director de Asuntos Jurídicos para una sesión conjunta entre las comisiones encargadas de analizar el caso. La Conacom fijó un límite perentorio de seis meses para que la capital desmantele definitivamente su régimen exclusivo.
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Según consta en la resolución del órgano, la defensa legal de la municipalidad sostiene que el municipio posee autonomía política y normativa consagrada expresamente por la Constitución Nacional.
Los asesores legales de la comuna argumentaron además que las ordenanzas cuestionadas no buscaban un fin comercialista ni de lucro encubierto para las arcas de la capital. Según su descargo oficial, las inspecciones y desinfecciones constituyen un ejercicio del poder de policía sanitaria local.