En la sesión del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), presidida este martes por el presidente del ente, Isaías Fretes, se analizó a fondo la preocupante situación sobre la salud financiera de la previsional.
La deuda con las empresas proveedoras se alzó como el desafío más apremiante, revelando una brecha estructural que, en palabras de las autoridades, compromete gravemente la previsibilidad en la adquisición de insumos y fármacos.
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Ya desde hace meses, los aportantes del seguro social denuncian a diario el desabastecimiento de medicamentos. Según lo expresado esta mañana, la crítica situación incluso podría empeorar, dejando a los pacientes que requieren de sus fármacos a la deriva.
Un abismo financiero: IPS debe G. 2,33 billones
El informe presentado por Máximo Pérez, encargado de la Tesorería del IPS detalla que la deuda acumulada con el sector proveedor farmacéutico sin incluir deudas financieras, alcanza actualmente la cifra de G. 2,33 billones, lo que al tipo de cambio actual representa aproximadamente US$ 384 millones.
El contraste con la realidad operativa es drástico. Pérez detalló que la capacidad de pago promedio del IPS para el ejercicio 2026 se sitúa en apenas G. 87.312 millones al mes, equivalentes a unos US$ 14 millones. Esta asimetría fue calificada durante el debate como el origen de la “falta de previsibilidad”.
La propuesta de “oxigenación”: cesión de crédito por G. 500.000 millones
Para intentar aliviar esta presión, se propuso al Consejo de Administración una operación de cesión de derecho de cobro por G. 500.000 millones. Según la dirección de Tesorería, este mecanismo permitiría a los proveedores obtener liquidez inmediata mediante entidades bancarias, otorgando al IPS un periodo de gracia de 10 meses antes de empezar a pagar la primera cuota.
Pérez afirmó que con este mecanismo, una vez llegado el momento, el IPS tendrá que pagar G. 18.000 millones mensualmente, con cero intereses al menos por tres años. “Cuando se lanzan este tipo de productos, hay interesados, porque saben que el IPS es buen pagador”, aseguró el responsable de la Tesorería.
Piden listado de deudas del IPS
No obstante, el consejero José Jara, representante de Jubilados y Pensionados, puso reparos sobre la sostenibilidad del plan, recordando que el IPS ya enfrenta cuotas de cesiones anteriores.
Jara presentó un análisis estadístico para cuestionar la viabilidad de la propuesta de cesión de derechos de cobro, contrastándola con la capacidad de pago real de la institución. Cuestionó la falta de sustento legal y financiero de la medida, presentando datos que ponen en duda su eficacia a largo plazo.
El consejero señaló que la cuota mensual promedio que el IPS deberá pagar por esta operación, en un plazo de 26 meses, ascenderá a G. 18.115 millones.
Mirtha Arias, representante de los Trabajadores Aportantes, precisó que el expediente era insuficiente al mencionar, por ejemplo, que de los 500.000 millones propuestos, el único detalle claro en el documento es una deuda con la firma Vicente Scavone por G. 149.000 millones, dejando el resto de los fondos sin una explicación clara.
“Esto no es la solución a nuestros problemas financieros, es una medida paliativa, un auxilio que tenemos para ir reestructurando, pero esto es llevar la deuda para más adelante”, advirtió por su parte Bettina Albertini, representante del Ministerio de Trabajo. Además, denunció que la propuesta invocaba decretos ya derogados.
La consejera exigió un listado de las deudas vencidas y pendientes para cada proveedor, argumentando que no se puede regularizar una suma total sin saber exactamente qué empresas la componen y en qué estado se encuentran.
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Se cuestionó de este modo las condiciones financieras de los proveedores, mencionando que algunos exigen que el IPS absorba el 50% de los intereses bancarios, mientras otros piden que el instituto cubra intereses moratorios y punitorios, lo cual contradice la propuesta presentada en sesión de una operación “sin costo”.
Impacto en los fondos del IPS y el costo de la mora
Durante el análisis, se expusieron cifras alarmantes sobre la proyección de la deuda. La consejera Albertini afirmó que si no se contienen los gastos, el pasivo institucional podría incrementarse un 183% en cuatro años, superando incluso el presupuesto anual de ingresos del Fondo de Salud y Maternidad.
“El flujo de caja proyecta una deuda pendiente de pago al cierre de 2026 de más de G. 3.000 millones al cierre del ejercicio del 2026, llegando a más de G. 10.324 millones al año 2030”, se advirtió Albertini.
IPS postergó cesión de crédito
La sesión concluyó con la decisión de postergar la aprobación definitiva de la cesión de crédito hasta el próximo jueves. El Consejo exigió:
1. Un dictamen jurídico ajustado a la Ley 7021, específicamente a su artículo 68, y no a decretos derogados.
2. Un informe detallado que contemple los montos adeudados por cada proveedor.
3. La aclaración sobre cómo se integran al flujo de caja los pagos derivados del fideicomiso autorizado por la Ley 7037.
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Con la postergación de la medida, el IPS se da un breve margen para ajustar sus fundamentos legales y contables. El desafío es mayúsculo: lograr que el mecanismo de cesión de crédito sea el punto de partida de una reforma estructural y no simplemente una prórroga de la crisis en un sistema que no admite más errores de cálculo.