Ante un escenario de crisis financiera, marcadas restricciones presupuestarias y un incremento sostenido en la demanda asistencial, el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) aprobó esta mañana la suscripción de una adenda para prorrogar y ampliar los contratos de tercerizaciones con los centros médicos privados Asociación Civil Luz y Vida y el Sanatorio San Carlos, en el marco de la licitación LPN 120/2025 para el departamento de Caaguazú.
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Aunque se admitió la necesidad de los servicios que ofrecen estos centros, durante la sesión se debatió a profundidad sobre la sostenibilidad financiera de la previsional, la necesidad de frenar la derivación masiva a sanatorios privados y la urgencia de fortalecer la red de hospitales propios.
Según los informes presentados por el doctor Marcos Martínez, director de Gestión Médica del IPS, la ejecución de estos convenios en el quinto departamento, beneficia a unos 35.000 asegurados.
“Lamentablemente tenemos restricciones presupuestarias y posiblemente hasta que podamos reorganizar nuestras finanzas, vamos a tener que ir cortando este tipo de tercerizaciones. Posiblemente eso va generar uno que otro inconveniente para nuestros asegurados, pero esto radica en una cuestión presupuestaria”, expresó la consejera Betina Albertini, mostrando su oposición a seguir pagando por la tercerización de servicios que consumen gran parte del presupuesto del Fondo de Salud.
IPS aprobó tercerización solo para respaldar áreas críticas
Si bien las autoridades reconocieron que los contratos con los privados San Carlos y Luz y Vida funcionan como un soporte fundamental para descomprimir la demanda y evitar traslados hasta Asunción, los miembros del Consejo cuestionaron la alta frecuencia de consultas ambulatorias y de clínica médica que terminan derivándose al sector privado por motivos de comodidad de los asegurados o por una falta de filtros rigurosos.
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Albertini cuestionó que se gaste dinero, por ejemplo, en la tercerización de la consulta médica pediátrica, considerando que esas consultas se pueden realizar en los servicios del IPS.
“La gente muchas veces se va directamente al lugar porque la atienden mejor o porque el servicio es más rápido, pero nosotros buscamos siempre la optimización de nuestros recursos. Si yo tengo un hospital que puede dar esas prestaciones menores, eso se tiene que cumplir en casa”, remarcó el presidente del IPS, Isaías Fretes.
Ante esta situación, las autoridades establecieron como premisa que las derivaciones hacia los sanatorios tercerizados deben limitarse estrictamente a servicios de mayor complejidad o situaciones de indisponibilidad comprobada en el sistema público. La ampliación con el Sanatorio San Carlos, por ejemplo, quedó orientada a respaldar áreas críticas como terapia intensiva, soporte neonatal, tomografía, ecografía, radiología, endoscopía y procedimientos quirúrgicos avanzados.
Nuevos mecanismos de control y auditoría
Para mitigar el impacto financiero de la adenda, el Consejo acordó endurecer los mecanismos de fiscalización y control interno. Se exigirá que cada derivación médica cuente con una justificación documentada y la autorización expresa del personal médico de guardia del hospital del IPS, constatando de manera efectiva la falta de camas o la ausencia temporal de especialistas antes de autorizar el gasto en el sector privado.