La Unión Nacional de Educadores-Sindicato Nacional (UNE-SN) y la OTEP Auténtica-Sindicato Nacional exigieron una investigación exhaustiva e imparcial sobre la muerte del docente Catalino Correa y el líder indígena Antonio Carrillo, ocurrida durante un operativo antidrogas en Canindeyú.
Ambos gremios emitieron comunicados este lunes y reclamaron que se esclarezcan las circunstancias en que murieron los dos hombres durante la denominada Operación Redención, ejecutada la semana pasada en la comunidad indígena Ava Guaraní Tekoha Yapo, distrito de Corpus Christi.
El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), con apoyo de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), en el marco de la búsqueda del presunto narcotraficante prófugo Felipe Santiago Acosta Riveros, alias “Macho”.
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Versiones enfrentadas sobre el operativo
De acuerdo con la versión oficial de los intervinientes, Correa y Carrillo habrían intentado abrirse paso a tiros a bordo de un vehículo blanco, poco después de la captura de Bruno López Ortiz, señalado como supuesto integrante de la logística de la organización criminal.
Según reportes de inteligencia difundidos por la Senad, Carrillo y López eran considerados objetivos de alta prioridad y supuestamente cumplían funciones vinculadas al soporte logístico y movimiento de armas de la estructura de “Macho” en la zona fronteriza.
La comunidad Tekoha Yapo y los familiares de las víctimas rechazan esa versión. Sostienen que Correa era docente de la institución educativa local y que Carrillo era un líder comunitario, y niegan que ambos tuvieran vínculos con la organización criminal.
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Familiares cuestionan versión oficial
Bruno Correa, padre del docente fallecido, afirmó que su hijo se encontraba con su uniforme de trabajo durante los festejos por el Día del Niño y aseguró que no portaba armas.
La viuda de Carrillo, Claudelina Saucedo, también cuestionó la versión oficial. Señaló que ambos hombres habían sido convocados a una reunión relacionada con una disputa de tierras poco antes del procedimiento.
Las autopsias confirmaron que las dos víctimas murieron a consecuencia de heridas producidas por proyectiles de arma de fuego. Sin embargo, los resultados preliminares no permiten zanjar la controversia sobre lo ocurrido y las circunstancias en que se produjeron los disparos.
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UNE-SN reclama información verificable
La UNE-SN calificó el caso como un hecho que genera “profundas dudas, preocupación e indignación” y cuestionó el accionar de los efectivos de la FTC y la Senad durante el operativo.
El gremio aclaró que su postura no implica impedir que el Estado combata al crimen organizado. No obstante, sostuvo que cualquier intervención debe ser proporcional y ajustarse a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales sobre derechos humanos.
La organización también exigió que las autoridades proporcionen información objetiva y verificable sobre el procedimiento y eviten difundir versiones apresuradas que puedan profundizar la desconfianza de la ciudadanía.
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OTEP pide identificar a responsables
La OTEP Auténtica, por su parte, expresó su “más enérgico repudio” por los hechos registrados en la comunidad indígena Tekoha Yapo y manifestó su solidaridad con las familias afectadas y el pueblo Avá Guaraní.
El gremio solicitó al Ministerio Público, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) que investiguen el caso e identifiquen a los responsables materiales e intelectuales.
Además, reclamó medidas urgentes de protección para las cerca de 80 familias que viven en el territorio ancestral de la comunidad.
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Reclaman garantías para docentes y pobladores
La OTEP también pidió garantías para el ejercicio de la docencia y la atención sanitaria en la zona, en medio de la preocupación generada entre los pobladores tras el operativo.
Los reclamos de ambos sindicatos se suman a los cuestionamientos surgidos desde la comunidad y los familiares de las víctimas, mientras las circunstancias de las muertes continúan bajo investigación.
El principal desafío para el Ministerio Público será determinar qué ocurrió durante el procedimiento y establecer, con base en evidencias y pericias, si las muertes se produjeron en el marco de un enfrentamiento, como sostiene la versión oficial, o bajo otras circunstancias, como denuncian los familiares.